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Más de 108.000 jóvenes se fueron de Castilla y León en la última década. Lo que es extensible a otras comunidades autónomas, como Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Aragón, etc. La mayoría con destino a Madrid. Muchos retornan para Navidad, como en el anuncio de Turrones El Almendro, a pasarlas con sus familias. Pero la Navidad se acaba y todos ellos se irán de nuevo por la falta de oportunidades laborales. Ha aparecido un espacio de jóvenes de Castilla León para contar sus historias y llamar la atención sobre un fenómeno: Castilla y León invierte en la educación de miles de jóvenes, que se ven obligados a marcharse. "Hay una lucha de poder entre las comunidades autónomas periféricas y Madrid, que está absorbiendo a las comunidades del interior. Las están convirtiendo en geriátricos". En las redes sociales ha irrumpido un vídeo en el que la juventud de Castilla León reclama volver a su tierra de origen. Es breve, pero de una contundencia apabullante. Con la etiqueta #QueremosPoderVolver, el vídeo, dirigido y protagonizado por integrantes del grupo de jóvenes de Castilla y León en Madrid, recoge una reflexión real que realizó un padre a través de Facebook al ver partir a su hija para buscarse un futuro en Madrid. Videos que podrían ser extrapolables a otras comunidades, que forman la “España vacía”.
Mas todo tiene un porqué. De ese porqué tratan las líneas que vienen a continuación.
Hoy es innegable que en Madrid se está consolidando un núcleo de poder político-financiero-funcionarial-mediático que, esta vez sí, ha conseguido la hegemonía peninsular y que desde el centro está cuestionando todo el proceso de descentralización administrativa del Estado de las Autonomías, intentando recentralizar el Estado español
Pasqual Maragall, en el 2001 y en el 2003 publicó dos artículos ejerciendo de profeta, titulados, Madrid se va, y Madrid se ha ido. Decía en el segundo: «Hace un par de años escribí que Madrid parecía estar olvidándose de España. Parecía embarcada, Madrid, en una aventura americana; en un vuelo hacia la globalización. España era tan solo el lago donde ir a pescar empresas para consolidarlas en otras de mayor tamaño y para proyectar el resultado en el mercado global, que era el importante. España pasaba a ser un conjunto de puntos más o menos cercanos al centro, a la capital: «Todo a tres horas de Madrid, como máximo», era la consigna del Gobierno». Al primero replicó en un artículo Madrid se queda Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente de la Comunidad de Madrid.
Del año 2010 es libro España, capital París de Germà Bel. Estudia la estructura radial del AVE que sigue una constante histórica, iniciada en el siglo XVIII por los Borbones, según el modelo centralista francés, con las «carreras de postas» de Felipe V, las carreteras de Fernando VI y Carlos III, y el ferrocarril de mitad del XIX. Todas las infraestructuras de transporte debían partir desde el kilómetro 0. Ha sido así siempre porque la política de transportes e infraestructuras en España no se ha hecho pensando en la economía o en los ciudadanos, sino con fines políticos y para construir la nación española. En 1850, en la Comisión Olózaga del Congreso, O´Donnell dijo: «No comprendo que se pueda adoptar otro medio que el de unir por medio de radios la circunferencia con el centro y que de este deben partir aquellos». En 1864, la memoria del anteproyecto de un nuevo Plan General de Ferrocarriles propuso como primer objetivo «poner a todas las capitales de provincia en comunicación con la capital de la monarquía». José María Aznar repetiría en el debate de investidura del 2000 el mismo objetivo crucial del AVE. La llegada de los socialistas al Gobierno en el 2004 no supuso cambio alguno. ¿Importa más el AVE de Madrid con Cuenca o Ávila que el AVE Barcelona con Valencia?
Del 2013 es el ensayo del gallego Óscar Pazos, Madrid es una isla. El Estado contra la ciudadanía, que expone con cifras y datos cómo gracias al secuestro de los órganos de poder se ha creado en Madrid una trama de instituciones e intereses mediante la cual el complejo políticoeconómico español gobierna el país en su propio beneficio. Madrid se ha convertido en el gran problema político de los españoles. Somos súbditos de una capital ególatra, y eso tiene grandes costes políticos y económicos para todos los españoles. El Estado ha centralizado la banca, las grandes constructoras, las comunicaciones, las facultades, que son fábricas de altos funcionarios, de candidatos a los puestos más elevados de la judicatura. Controla la prensa, la investigación científica e incluso las artes y las letras con sus órganos gremiales de poder, como sus reales academias varias. Casi todos los organismos de investigación están en Madrid, como el Instituto Español de Oceanografía, donde tienen quince oceanógrafos estudiando el bacalao; o el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de la Armada, para probar barcos y buques a 500 kilómetros de la costa. Es revelador, sí. Hay cientos de ejemplos. Que el Instituto Español de Oceanografía o el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de la Armada tengan su sede oficial en Madrid es surrealista, por lo que me trae a la memoria la canción de Los Refrescos Aquí no hay playa.
Según Manel Pérez, un revelador estudio del ayuntamiento de la capital, titulado Dimensión territorial y socioeconómica de la región metropolitana de Madrid publicado hace cinco años, define sus dimensiones y aspiraciones. Una región metropolitana de 7,3 millones de personas (frente a los 5,5 de Barcelona), más del 15% de la población española. Y con una extensión geográfica que ya desbordaba los límites administrativos de la Comunidad de Madrid, cubriendo hasta 151 municipios de cuatro provincias de Castilla-La Mancha (Guadalajara y Toledo) y Castilla y León (Segovia y Ávila), con sus capitales incluidas. El crecimiento de la región metropolitana madrileña se explica por la mejora de las infraestructuras de transporte (red de cercanías, rondas de circunvalación y desdoblamiento de carreteras) que favorecieron nuevas urbanizaciones o áreas residenciales, centros comerciales o parques empresariales, convertidos en vectores de atracción metropolitana.
Por tanto, ha pasado de capital administrativa en el siglo XVI, a capital política en el XVIII y, desde hace dos décadas, a capital económica. Es la capital total, equiparable a la capitalidad indiscutida de París en Francia. La mayoría de las multinacionales españolas tienen su sede operativa en Madrid; atrae una fuerte inversión exterior; se han desarrollado sectores de alto valor añadido como el audiovisual y las altas tecnologías. Hoy es innegable que en Madrid se está consolidando un núcleo de poder político-financiero-funcionarial-mediático que, esta vez sí, ha conseguido la hegemonía peninsular y que desde el centro está cuestionando todo el proceso de descentralización administrativa del Estado de las Autonomías, intentando recentralizar el Estado español. También se ha convertido en un paraíso fiscal para las grandes fortunas, mostrando su insolidaridad con el resto de España. Y por supuesto, la capital de la corrupción.
Unos datos sobre esa insolidaridad fiscal conviene recordarlos. Según el Diario 16, en 2017 las grandes fortunas dejaron de pagar casi mil millones de euros por el impuesto de patrimonio. Ese año se declararon en la Comunidad de Madrid 16.856 fortunas con más de dos millones de euros, que habrían declarado una riqueza media de 9,7 millones de euros y que deberían haber pagado a las arcas regionales una media de 60.000 euros por contribuyente, es decir, más de 995,6 millones de euros. Sin embargo, no pagaron nada al estar el impuesto bonificado al 100% desde el año 2007, gracias a las políticas del partido Popular, lo que convierte de facto a la comunidad madrileña en un “paraíso fiscal” dentro de España. Esta situación supone una competencia desleal e insolidaridad con el resto de las comunidades que genera un “dumping fiscal” que impide que se garantice el equilibrio económico entre regiones, tal como recoge la Constitución en su artículo 138.1 que dice que se debe velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. “Son precisamente los que llenan sus discursos de la palabra unidad y España los que más fomentan el desequilibrio y los privilegios económicos y sociales”, recriminan desde CCOO Madrid. En definitiva, la más sangrante insolidaridad.
Ahora nos fijaremos en la corrupción. Los historiadores, politólogos y sociólogos tendrán en el futuro suficiente material de estudio en los acontecimientos políticos de los alrededor de 25 años de la Comunidad de Madrid bajo control del partido popular. Será difícil encontrar en algún lugar y en tan corto espacio de tiempo tanta perversión, podredumbre y corrupción de la actividad política. Dinero, poder, corrupción. ¿Los dos primeros desembocan inevitablemente en el tercero? ¿Dinero más poder es igual a corrupción? Así parece en el caso madrileño. Es todo un ejemplo negativo del ejercicio de la actividad pública. No sería descabellado el aplicar también aquí el artículo 155 de nuestra Carta Magna.
En la fiesta de la Comunidad de Madrid del 2018 no estuvieron presentes ninguno de sus 4 últimos presidentes: Alberto Ruiz Gallardón, al cual el juez del caso Lezo le citó como investigado por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. ¿Qué se le había perdido a la empresa del Canal de Isabel II en Colombia? Esperanza Aguirre, que tuvo que dimitir de todos los cargos públicos y orgánicos de su partido, ya que durante su mandato la comunidad se convirtió en una auténtica fosa séptica de corrupción. ¿No tuvo nada que ver ni se enteró del tamayazo? ¿Con sus dotes de cazatalentos dónde hacía el casting para incorporar a sus gobiernos a gente como Ignacio González, Francisco Granados, Borja Sarasola…? Ignacio González, su sucesor, que ya ha visitado la cárcel por el caso Lezo. Y la última Cristina Cifuentes, cuya dimisión ha sido patética y producto de venganzas de miembros de su propio partido.
Durante estos años de gobierno de los populares en la Comunidad de Madrid ha existido un cambalache entre los poderes económicos y políticos con el objetivo de llevar a cabo un auténtico saqueo de los recursos públicos. Por ende, los grandes pelotazos inmobiliarios o de obra pública, así como los procesos de privatización de servicios públicos de sanidad y educación. Todo ello para generar grandes beneficios a grandes empresas privadas, las cuales daban a cambio dinero para las campañas electorales y el enriquecimiento de muchos políticos populares. Todo esto gran parte de la academia, la intelectualidad y la prensa no solo lo calló, sino que incluso presentó esta forma patriótica de gobernar como un modelo a exportar al resto de España. Desde el ámbito académico, en 2013 la Universidad de Alfonso X el Sabio concedió el título doctor honoris causa a Esperanza Aguirre por su extraordinaria trayectoria política. Y la Universidad Juan Carlos I regalaba los masters.
Desde el centro nadie cuestiona esta situación. No solo no se cuestiona, es que se nos quiere presentar como paradigma de buenas prácticas políticas. La crítica tiene que venir desde la periferia, como hemos visto. Ya Jaume Vicens Vives nos enseñó que la tensión entre centro y periferia es la principal clave explicativa de la España moderna. Tensión que se ha agravado en los tiempos actuales. Y, por supuesto, además se entiende perfectamente el vídeo #QueremosPoderVolver, que denuncia esta sangría demográfica de Castilla León, cuya juventud es escupida mayoritariamente hacia Madrid, y convirtiendo esa comunidad plena de recursos en un geriátrico.
Mientras escribía estas líneas Pedro Sánchez acaba de ser votado como presidente del Gobierno. Aquí tiene una de sus tareas más complicada y urgente, el de corregir este desarrollo territorial tan injusto y desigual.