El peligro para la financiación de políticas públicas está en Ayuso y no en Illa
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El debate sobre fiscalidad, es decir, sobre cuánto y a quién recaudar, sobre cuánto y a quién repartir, es un debate clave en la persecución del interés general. La financiación de las Comunidades Autónomas, que prestan la mayor parte de los servicios básicos, forma parte fundamental de aquel debate.
Por eso no debe extrañarnos que la estrategia de populismo y desinformación que practica la derecha tenga como objetivo generar una confusión interesada en este ámbito crucial.
Conviene aclarar datos y conceptos, en consecuencia.
Existe un acuerdo amplio en torno a los principios que han de orientar una financiación autonómica para el interés general. Casi nadie discute los principios de la suficiencia financiera, la profundización del autogobierno en el marco de la ley, la igualdad de los derechos de ciudadanía se resida donde se resida, la justicia fiscal vía progresividad, la solidaridad interterritorial, la corresponsabilidad, la transparencia…
El debate sobre fiscalidad, es decir, sobre cuánto y a quién recaudar, sobre cuánto y a quién repartir, es un debate clave en la persecución del interés general
Pues bien, es objetivo sostener que los peligros más evidentes y graves para la aplicación de tales principios de interés general provienen de las políticas contrastadas de Díaz Ayuso en Madrid, antes que de los planes anunciados por Salvador Illa en Cataluña, incluido su acuerdo con ERC. Aunque la derecha política y mediática, y algún despistado más, no quieran reconocerlo.
¿Dónde están las garantías de Illa? En la trayectoria del PSOE y del PSC durante los últimos siete años de gobierno de España, que han aplicado aquellos principios. En su compromiso explícito y creíble para mantenerlos. En el imperativo de que cualquier nueva regulación ha de establecerse en una ley orgánica votada en las Cortes Generales. En que el Estado de Derecho y su Tribunal Constitucional español no permitirán otra cosa.
En que la literalidad del acuerdo PSC-ERC, para quien quiera leerlo, ya fija esos principios de suficiencia, legalidad, solidaridad y transparencia. En que las singularidades del acuerdo han sido ofrecidas también a las demás autonomías. Y en que tal acuerdo será finalmente aplicado por Pedro Sánchez y Salvador Illa, que no son peligrosos independentistas.
Las dudas sobre el concierto a la vasca, el cupo inconstitucional o la solidaridad limitada unilateralmente se despejan solas: simplemente no forman parte del acuerdo. Hay que leerlo, insisto. ¿El principio de ordinalidad? Es discutible, pero no tanto. Porque ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, como compatible con el principio de igualdad. Porque está en el Estatuto catalán, aprobado en Cortes. Porque su aplicación en los términos del TC (STC 31/2010), circunscrita a las aportaciones realizadas desde cada territorio, no obstaculizan las políticas reequilibradoras del Estado.
Los peligros más evidentes y graves provienen de las políticas contrastadas de Díaz Ayuso en Madrid, antes que de los planes anunciados por Salvador Illa
Los peligros reales para la vigencia de una fiscalidad que responda al interés general de los españoles no provienen, por tanto, de Sánchez, de Illa y de sus acuerdos de investidura. Ni siquiera vienen realmente de los independentistas de Rufián o de Puigdemont, porque ni unos ni otros ejercen ya poder ejecutivo alguno. Los peligros auténticos existen, pero se encuentran mucho más cerca de Génova que de Barcelona o Waterloo. Exactamente en la Puerta del Sol de Madrid.
Es el gobierno de Ayuso el que vulnera el principio de suficiencia financiera con sus regalos fiscales a los sectores más pudientes de la sociedad madrileña, en patrimonio, en sucesiones, en los tramos altos del impuesto sobre la renta. Son esos regalos fiscales a los ricos, y el desvío permanente de recursos públicos a empresas privadas, los causantes de que Madrid sea la región con peor financiación por habitante para los servicios públicos de sanidad y de educación. Solo en este ejercicio 2024, Ayuso ha transferido 1.000 millones de euros a la empresa sanitaria Quirón, por ejemplo.
Es el gobierno de Ayuso el que practica el “dumping” fiscal o la competencia fiscal a la baja, traicionando así el principio de solidaridad interterritorial. Con sus regalos fiscales, la derecha madrileña atrae los patrimonios y recursos de los mayores contribuyentes en el resto de las comunidades autónomas. Eso sí que es insolidaridad y desigualdad.
El desvío de recursos públicos a empresas privadas, son los causantes de que Madrid sea la región con peor financiación por habitante para los servicios públicos de sanidad y de educación
Y es el gobierno de Ayuso el que insiste en el falso agravio victimista de la infrafinanciación del Estado para, al mismo tiempo, utilizar los recursos que le llegan del Estado para sus regalos fiscales a los más ricos, para sus transferencias a empresas privatizadoras de servicios públicos, y para las múltiples comisiones que se pierden por el camino. Entre 2018 y 2023, la Administración Central del Estado transfirió a Madrid más de 100 mil millones de euros, un 21% más que el Gobierno Rajoy. Pero Ayuso invirtió la tercera parte de estos recursos en sus dádivas fiscales a quienes no necesitan y no merecen dádiva pública alguna.
No son Sánchez, ni Illa, ni Montero, la amenaza que se cierne sobre la financiación suficiente, solidaria y justa de los derechos de todos los españoles, vivan donde vivan. Esa amenaza reside en quienes practican el populismo fiscal y el bulo permanente, mientras utilizan los recursos de todos para seguir engordando los bolsillos de los de siempre.
Las políticas fiscales de Pedro Sánchez y María Jesús Montero han logrado cuadrar el círculo virtuoso de las finanzas públicas: hacer crecer el PIB cinco veces más que la media europea, aumentando el gasto social y productivo, incrementando la recaudación fiscal, sin subir los impuestos a trabajadores y clases medias, transfiriendo a comunidades y ayuntamientos más recursos que nunca, reduciendo la inflación, recortando la deuda pública y cumpliendo las reglas europeas de déficit.
¿Quieren ver la amenaza? Pónganse gafas y miren a Sol.