![](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2021/01/16/2021011610380370847.jpg)
Mientras la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias hace “marketing” con algo tan serio y grave como la pandemia del covid-19 acerca de lo “bien que lo hacen”, la realidad en el interior de los centros penitenciarios es bien distinta y el personal de las prisiones padece la falta de un compromiso preventivo efectivo por parte de la Administración.
A pesar de las medidas que afirma haber tomado la Administración para evitar que el covid entre en las cárceles, los brotes continúan atacando las prisiones, como esta semana en la cárcel de Valencia (Picassent), con más de 55 casos positivos detectados, el aislamiento sanitario de dos módulos en las prisiones de Estremera y Valdemoro o en la de Zaballa con el equipo sanitario afectado, lo que demuestra que las medidas preventivas no son adecuadas ni eficaces.
CCOO viene denunciando la falta de una política preventiva por parte de los responsables que cierre las puertas de las cárceles al covid. Se continúa sin tener los equipos de protección individual necesarios para todo el personal que tiene que estar en contacto estrecho con la población interna, como el personal de vigilancia en los módulos. No se hacen pruebas PCR, lo que origina que solo se detecta cuando se producen casos sintomáticos y todas las medidas para el control y seguimiento de los casos de covid al personal se ha privatizado con una empresa, Aspy, que no atiende las demandas del personal.
La población laboral penitenciaria está muy envejecida, tiene un promedio cercano a los 55 años y existe una prevalencia de patologías crónicas que la hacen especialmente vulnerable. Los cinco funcionarios de prisiones fallecidos por covid-19 corresponden a este perfil.
Los sindicatos demandan la protección de este personal más vulnerable con medidas específicas de protección, como el teletrabajo o la adaptación del puesto con menos riesgo cuando su tarea no lo permitiese, pero la falta de medios tecnológicos y de voluntad política han impedido esta protección demandada por Comisiones Obreras.
Para CCOO es imprescindible evitar que el covid-19 se vuelva endémico en las prisiones, por lo que demanda a las autoridades sanitarias que dentro de la estrategia de vacunación acordada se proceda a la vacunación de las prisiones, población reclusa y laboral, dentro del grupo 2 por ser un organismo cerrado con población muy vulnerable y pocas posibilidades de ventilación y altas tasas de hacinamiento donde la posible exposición al virus no se circunscribe a un espacio delimitado.