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El pasado mes de diciembre, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber tomado medidas suficientes en cumplimiento de la Directiva relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura y ganadería intensiva.
La Comisión envió una carta a España en noviembre de 2018 y un dictamen en junio de 2020 como recordatorio a este incumplimiento concluyendo que hasta la fecha “los esfuerzos que han realizado las autoridades españolas han sido insatisfactorios e insuficientes” de ahí su decisión de llevar este asunto al TJUE.
De ello informa el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, el lituano Virginijus Sinkevicius, en una respuesta escrita a la eurodiputada Sira Rego sobre la posición de la Comisión ante las macrogranjas y su impacto ecológico.
La europarlamentaria y portavoz de IU en el Parlamento Europeo presentó el pasado mes de enero una pregunta por escrito a la Comisión Europea en plena campaña de ataques contra el ministro de Consumo Alberto Garzón, a raíz de sus declaraciones en un medio de comunicación británico sobre las macrogranjas. Unos ataques que evidenciaron el poder del lobby cárnico por los bulos y fake news vertidos contra el ministro y de los que se hizo eco la derecha y ultraderecha exigiendo su dimisión.
En su respuesta, la Comisión afirma que “la ganadería intensiva tiene efectos negativos en el medio ambiente” y advierte de que España sigue incumpliendo la Directiva sobre nitratos, en buena medida porque las macrogranjas, junto a otras actividades agrícolas y ganaderas, siguen contaminando importantes acuíferos, lo que se conoce técnicamente como eutrofización. De ahí que el alto organismo europeo advierta con rotundidad que “España debe adoptar más medidas contra la eutrofización para todo el país, puesto que las adoptadas hasta la fecha no han sido suficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva”.
España debe adoptar más medidas contra la eutrofización para todo el país, puesto que las adoptadas hasta la fecha no han sido suficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva
Entre las medidas concretas que la Comisión Europea detalla en su respuesta a la eurodiputada que debe acometer España con urgencia están “revisar y designar zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones” (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana); “incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción para cinco regiones” (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid); y “adoptar medidas adicionales para las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre nitratos” (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia).
Rego señalaba en su iniciativa parlamentaria, al hilo de lo defendido por el ministro por Garzón, que “las instalaciones ganaderas conocidas como ‘macrogranjas’ establecen un modelo de ganadería intensiva que, como afirman múltiples informes, tienen un alto impacto ecológico allí donde se instalan, contaminan los acuíferos y dificultan su habitabilidad, contribuyendo a la despoblación de regiones ya de por sí afectadas por esto”, además de las denuncias por maltrato animal.
La Comisión Europea especifica en su respuesta que en su Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, la Comisión anunció su apoyo a la transición hacia una ganadería sostenible, comprometiéndose a revisar la legislación en materia de bienestar animal antes de finales de 2023.
El órgano de gobierno europeo expone también que “está examinando la legislación sobre aditivos para piensos para reducir las emisiones de metano. Las explotaciones ganaderas industriales también están contempladas en la Directiva sobre las emisiones industriales, así como en las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles que establecen niveles de emisiones para el amoniaco”.
“Se ha previsto -especifica por su importancia dada la inmediatez- una revisión en abril de 2022 que incluirá opciones para reducir la contaminación, también en relación con la cría de ganado vacuno, porcino y de aves de corral”.