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CCOO denuncia que el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha dictado unas normas para recuperar la actividad normal de las prisiones previa al inicio de la pandemia, en las cuales se suprimen medidas para la protección frente al COVID-19 de la población reclusa ni para el personal penitenciario.
La Orden dictada por Instituciones Penitenciarias no contempla todas las medidas preventivas instauradas para combatir la entrada del COVID-19 en las cárceles, reduciendo el control de los posibles casos a una “declaración responsable” de las personas que tienen comunicación íntima de no tener COVID-19 y ninguna otra medida para el resto de quienes acceden a los centros.
La orden restablece plenamente las comunicaciones, los vis a vis y las comunicaciones de convivencia, todo ello sin ninguna medida específica de protección frente al COVID-19, y sin las medidas higiénicas que garanticen la esterilización de espacios y enseres utilizados por diferentes usuarios, como por ejemplo sucede en las comunicaciones íntimas.
CCOO está a favor de recuperar las actividades normales de los centros penitenciarios y que la población reclusa pueda ejercer sus derechos legales plenamente, pero siempre respetando las más elementales normas de salud pública y de protección de un colectivo especialmente vulnerable como es la población penal y del propio personal penitenciario. Obviamente la declaración “bajo palabra” carece de cualquier validez sanitaria.
CCOO recuerda, que en contra de la propaganda del Ministerio de Interior el impacto del COVID-19 ha sido muy importante con casi 300 casos registrados y cinco muertos entre su personal, lo que significa que en las prisiones del Ministerio del Interior se cuadriplican los casos respecto a la población general de España, que tiene 530 caso por cada 100.000 habitantes y en prisiones se ha producido una tasa de 1304 por 100.000
El personal penitenciario ha estado y está en primera línea frente al COVID-19 durante toda la pandemia, incluido el personal vulnerable, que ha sido el único de la Administración General del Estado al que se ha obligado a permanecer presencialmente en sus puestos de trabajo, todas las muertes padecidas en prisiones han sido de personal vulnerable.
CCOO exige a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias que habilite las medidas de prevención adecuadas a la realidad de los centros penitenciarios, garantizando las medidas higiénicas generales, las medidas de protección necesarias y los recursos adecuados para garantizar que el COVID-19 no se hace endémico en las prisiones. Ya que a pesar de todas las denuncias hechas por el sindicato, como por ejemplo en lo que se refiere al personal de vigilancia donde no es posible mantener distancias de seguridad y mantienen contacto estrecho en muchas de sus actividades en los módulos, siguen sin contar con mascarillas de protección como las FFP2, utilizando mascarillas higiénicas durante cuarenta horas, que no protegen al personal y que son de cuatros horas de duración.
Para CCOO no es aceptable la doble vara de medir de los responsables penitenciarios, por un lado, obligan a su personal a quedar desprotegido frente a los riesgos de COVID-19, poniendo en riesgo al mismo tiempo la seguridad de los propios centros. Mientras que al mismo tiempo se niegan a que la negociación colectiva, en la que ellos participan, se efectúe presencialmente (cumpliendo las medidas sanitarias) con los representantes de los trabajadores, manteniéndose de un modo virtual alegando los riesgos del COVID-19.
CCOO exige que para garantizar un servicio público penitenciario eficiente, garantizando la reinserción y los derechos de los reclusos, es imprescindible garantizar la salud y la prevención de riesgos laborales de su personal, y eso no es posible restringiendo derechos legales al personal penitenciario, como viene sucediendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la pandemia, y ya anteriormente con las numerosas agresiones padecidas por el personal penitenciario al que se le aplica una excepcionalidad de la Ley denominada PEAFA.