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“Las nuevas reglas fiscales de la UE harán imposible la necesaria transformación de nuestras sociedades, dejando atrás a los trabajadores y a la ciudadanía en general, en un momento en el que necesitan protección más que nunca”, afirman secretarios generales de sindicatos europeos en una carta abierta dirigida a los europarlamentarios.
La misiva se ha hecho pública en la víspera de su aprobación en el Parlamento Europeo y después de meses en las que organizaciones sindicales como la Confederación Europea de Sindicatos (CES) viene criticando el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo.
Este martes, 23 de abril, la eurocámara se dispone a ratificar el acuerdo alcanzado entre las instituciones europeas sobre la revisión de la gobernanza económica europea.
Este acuerdo, “forzado por el enfoque de austeridad de algunas capitales europeas, exigirá a los Estados miembro que reduzcan su deuda rápidamente y de forma insostenible desde el punto de vista económico y social: esto marcará el regreso a la austeridad”, afirman los sindicatos, al tiempo que advierten de que “las nuevas normas desincentivarán la inversión en los objetivos sociales y climáticos acordados por los Estados miembros, al limitar el margen de maniobra del déficit público”.
En este sentido, recuerdan lo manifestado recientemente por la CES de que sólo tres países pueden hacer frente a las inversiones sociales y climáticas necesarias con las nuevas normas fiscales (Suecia, Irlanda y Dinamarca).
“Este acuerdo se presenta a menudo como mejor que las normas fiscales obsoletas, en particular para nuestros cuatro países (Bélgica, España, Italia y Francia), ya que ahora, con las nuevas normas, sólo tendríamos que reducir nuestra relación deuda/PIB en torno a un 1% cada año. Las nuevas normas no son mejores, sobre todo si tenemos en cuenta los procesos de gran transformación que está experimentando nuestra economía y el panorama internacional, bastante inestable”, señalan.
Según los cálculos realizados por las centrales sindicales firmantes, estas medidas “deteriorarían la capacidad de la UE para responder a los retos actuales, ya que imponen 72.900 millones de euros al año en recortes presupuestarios o nuevos impuestos sólo en nuestros cuatro países, el equivalente a alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo de profesores o cuidadores o fuerzan reformas restrictivas de las pensiones durante los primeros años de aplicación de las nuevas normas”.
Señalan además que las nuevas normas “anularán en breve los beneficios económicos de las inversiones financiadas por los planes de recuperación y resiliencia”, unos “recortes que provocarán una ralentización económica en nuestros países, y no sólo en Bélgica, España, Francia e Italia, que representaron el 41% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en 2022. “Paralizar nuestras economías tendrá consecuencias para toda la UE. Por tanto, estas nuevas normas no son más aceptables que las antiguas”, subrayan.
“Un proyecto así no convencerá a la ciudadanía ni a los trabajadores de que nadie se quedará atrás”
Por todo ello, piden a los eurodiputados que rechacen el acuerdo y renegocien uno nuevo después de las elecciones europeas, “que no nos obligue a elegir entre la financiación de escuelas, hospitales, bomberos o guarderías y los programas de renovación energética de edificios, el apoyo al mundo agrícola o a la descarbonización de las industrias, sino que contribuya a la creación de empleo de calidad y a unos servicios públicos de calidad que son fundamentales para una economía europea inclusiva y sostenible”.
Asimismo, abogan por otras reglas que permitan la inversión social, la inversión verde, la financiación de los servicios públicos y de los sistemas de protección social, y el apoyo público a la transición justa y a la descarbonización de nuestras industrias. Añaden que un nuevo acuerdo también debería ir acompañado de medidas capaces de recaudar nuevos recursos para financiar un instrumento de inversión permanente de la UE.
Entre las diferentes ideas que plantean figuran: un Plan de Recuperación de la UE (RRF) renovado, mejorado y aumentado, una fiscalidad europea justa (fiscalidad de los más ricos, impuesto sobre las transacciones financieras, lucha contra la evasión fiscal), todo ello con fuertes condiciones sociales y medioambientales.
Firmantes:
Miranda ULENS, secretaria general de ABVV-FGTB (Bélgica). Olivier VALENTIN, secretario nacional de ACLVB-CGSLB (Bélgica). Marie-Hélène SKA, secretaria general de ACV-CSC (Bélgica). Marylise LEON, secretaria general de CFDT (Francia). Sophie BINET, secretaria general de la CGT (Francia). Frédéric SOUILLOT, secretario general de Force Ouvrière (Francia). Laurent ESCURE, secretario general de la UNSA (Francia). Maurizio LANDINI, secretario general de la CGIL (Italia). Luigi SBARRA, secretario general de CISL (Italia). Pierpaolo BOMBARDIERI, secretario general de UIL (Italia).Unai SORDO, secretario general de CCOO (España). Pepe ÁLVAREZ, secretario general de UGT-España y vicepresidente de la CES.
