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Madalina Crisbasianu y Marciano Sánchez Bayle |
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha publicado su vigésimo informe anual sobre los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas (CCAA). Este análisis se ha realizado de forma continua desde 2004, y tiene como objetivo evaluar las diferencias en los servicios de salud entre las CCAA basándose en los datos más recientes disponibles.
Uno de los principales desafíos para la elaboración de este informe ha sido la falta de actualización y transparencia en los datos proporcionados por las administraciones sanitarias. Aunque la mayoría de los datos son de 2023, también se han incluido algunos de 2022 y uno de 2024. La tardanza en la publicación de estos datos, a pesar de la informatización del sistema sanitario, subraya la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión de la información sanitaria.
Es importante aclarar que este informe no evalúa la calidad absoluta de los servicios sanitarios, sino que compara la situación relativa entre las CCAA. En general, se ha observado un deterioro global del sistema sanitario público desde que se inició esta serie de informes. Los cambios en el ranking de las CCAA reflejan por lo tanto no las mejoras en algunas regiones, sino un empeoramiento menos pronunciado en comparación con otras.
Se ha observado un deterioro global del sistema sanitario público desde que se inició esta serie de informes en 2004
Se destaca la presencia de desigualdades tanto entre las diferentes CCAA como dentro de ellas mismas. Aunque algunas CCAA pueden situarse mejor en comparación con otras, esto no implica que estén libres de problemas significativos. La falta de datos desagregados impide una evaluación completa de las desigualdades intracomunitarias.
La finalidad de este informe, como de los anteriores, es analizar la evolución de los servicios sanitarios de las CCAA, identificar las desigualdades entre sus sistemas y señalar los puntos débiles que requieren mayor atención. La identificación de estas áreas problemáticas es crucial para cualquier intervención exitosa. Además, el informe busca proporcionar información valiosa tanto para los responsables sanitarios como para los ciudadanos, quienes tienen el derecho a conocer el estado y los desafíos de la Sanidad Pública.
Para la evaluación, se han utilizado una serie de parámetros basados en criterios internacionales de la OCDE, OMS, Eurostat y HAQI, así como indicadores clave del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estos incluyen:
1. Financiación, recursos y funcionamiento: Gasto per cápita, camas por 1.000 habitantes totales y públicas, quirófanos por 10.000 habitantes, equipos de TAC y RM por millón de habitantes, médicos/as y enfermeros/as por 1.000 habitantes en la AP y AE, porcentaje de cesáreas, coste de alta hospitalaria, porcentaje de intervenciones quirúrgicas por año y CMA, urgencias hospitalarias por 1.000 habitantes.
2. Política farmacéutica: Gasto farmacéutico por recetas, aumento del gasto farmacéutico en recetas 2022-2023, uso de medicamentos genéricos, y gasto farmacéutico hospitalario per cápita y su aumento entre 2022 y 2023.
3. Valoración de los ciudadanos: Satisfacción con el sistema sanitario, preferencia por la Sanidad Pública y valoración de la atención recibida.
4. Listas de espera: Tiempo de espera para citas en AP, con especialistas y en procedimientos quirúrgicos.
5. Privatización sanitaria: Gasto en sanidad privada, porcentaje de población con seguros privados y la presencia de gestión privada en la provisión de servicios sanitarios.
El resultado del mismo ha sido la clasificación en cuatro grupos según la calidad de sus servicios sanitarios en: Mejores servicios sanitarios: Navarra (106), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). Servicios sanitarios regulares: Aragón (91), Cantabria (91), La Rioja (91), Extremadura (90) y Galicia (82). Servicios sanitarios deficientes: Cataluña (80), Canarias (79), Castilla - La Mancha (79) y Madrid (79). Peores servicios sanitarios: Murcia (78), Baleares (77), Andalucía (66) y Valencia (62).
La crisis de la Atención Primaria ha sido clave para el deterioro de todos los servicios sanitarios autonómicos
Las diferencias entre las CCAA son notables, con una diferencia de 44 puntos en un máximo de 106. La ratio entre la CCAA con mejor puntuación y la de menor puntuación ha aumentado (1,70), lo que indica una creciente disparidad en los servicios sanitarios entre las CCAA. Este aumento en la disparidad pone en riesgo la cohesión y equidad territorial.
En cuanto a los cambios en la clasificación se ha observado que algunas CCAA han mejorado su posición, como Castilla y León y Canarias, mientras que otras han retrocedido, como Baleares y Extremadura. En particular, Valencia ha vuelto a ocupar el último lugar, un puesto que había mejorado temporalmente en años anteriores. Las primeras posiciones han sido ocupadas consistentemente por Navarra y País Vasco, aunque con cambios en su orden.
La crisis de la Atención Primaria ha sido clave para el deterioro de todos los servicios sanitarios autonómicos. Tras la pandemia, la Atención Primaria, que ya estaba debilitada desde la crisis de 2008, ha enfrentado una crisis profunda. Las largas esperas, la falta de recursos y los problemas estructurales impiden que la Atención Primaria funcione como el pilar fundamental del sistema sanitario público. Esta situación es generalizada y ha afectado a todas las CCAA, aunque con variaciones en la gravedad de los problemas.
La Sanidad Pública es un derecho fundamental y su defensa y mejora es una responsabilidad compartida entre los gobiernos autonómicos y central
En resumen, el informe concluye que todos los servicios sanitarios autonómicos han empeorado desde el inicio de estos análisis, y que las desigualdades entre ellos no solo persisten, sino que tienden a aumentar. Estas conclusiones subrayan la necesidad urgente de intervención y reforma para mejorar la equidad y la calidad de los servicios sanitarios en todas las CCAA.
Una última reflexión tiene que ver con la persistencia de desigualdades significativas y el deterioro generalizado del sistema sanitario público en España requieren una respuesta integral y coordinada a nivel nacional. Es esencial que los responsables sanitarios y políticos adopten medidas basadas en la evidencia para abordar estas disparidades y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a servicios sanitarios de calidad y equitativos.
La Sanidad Pública es un derecho fundamental y su defensa y mejora es una responsabilidad compartida entre los gobiernos autonómicos y central. Solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con la equidad, se podrá construir un sistema sanitario que responda eficazmente a las necesidades de toda la población.
Este informe pretende servir, no sólo como un diagnóstico crítico de la situación actual, sino también como una llamada a la acción para la mejora y consolidación de la Sanidad Pública en España.
Madalina Crisbasianu y Marciano Sánchez Bayle | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
