El primer litigio climático de la historia de España llega al Constitucional
Ecologistas confían en que la reciente sentencia del TEDH pueda suponer un giro en este proceso.
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La demanda contra el Estado español por “inacción climática” impulsada por varias organizaciones ecologistas continúa su recorrido judicial.
Tras ser rechazada en julio de 2023 por el Tribunal Supremo, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo han informado en un comunicado que apelarán ahora al Tribunal Constitucional (TC) en el que puede convertirse en el primer litigio climático de la historia de España.
Los demandantes esperan que el TC corrija la decisión del Supremo, y más teniendo en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la demanda presentada por el colectivo suizo KlimaSeniorinnen o ‘Abuelas por el clima’, de la que informamos en Nuevatribuna.
Hace dos meses, el TEDH marcó un hito histórico al condenar a Suiza por no proteger a su población de los impactos del cambio climático, dando así la razón al colectivo de más de 2.000 mujeres mayores de 65 que plantearon la demanda.
Las organizaciones ecologistas subrayan que dicha sentencia es aplicable a todos los países del Consejo de Europa, entre ellos, España, “por lo que podría suponer un giro significativo en el proceso que llega al Tribunal Constitucional”.
El Tribunal europeo reconoce expresamente que el cambio climático afecta a todas las personas y en consecuencia, procede a interpretar que la inacción por parte de los estados afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
De igual forma, la reciente opinión del Tribunal Internacional de la Ley del Mar ha recogido que los estados tienen la obligación de prevenir, reducir y controlar la contaminación producida por los gases de efecto invernadero y que deben proteger el medio marino en el contexto del cambio climático.
Por ello, las cinco organizaciones demandantes esperan que la justicia española “tome en consideración estos pronunciamientos” y “obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades climáticas”. Además, advierten de que “si no fuera así”, están dispuestas a llegar hasta Estrasburgo “para que sea la Unión Europea quien defienda a la ciudadanía”.
Según ha declarado Inés Díez, representante legal de Greenpeace “la vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia frente al cambio climático. Con este proceso estamos luchando por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna. No vamos a parar hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas y tome las medidas necesarias para proteger a su ciudadanía frente al cambio climático”.
HAY QUE ACTUAR CON URGENCIA
El mundo enfrenta una crisis climática sin precedentes, marcada por temperaturas anormalmente elevadas e incendios más intensos, avisan las organizaciones ecologistas.
En 2023, la temperatura global promedio fue 1,45 °C superior a la era preindustrial, y el último año ha sido el más caluroso registrado, superando en 1,63 °C el promedio preindustrial (1850-1900).
Cerca de 3.600 millones de personas viven en áreas altamente vulnerables al cambio climático. Entre 2010 y 2020, la mortalidad por desastres naturales fue 15 veces mayor en estas regiones.
Las pérdidas económicas en países de ingresos bajos y medios ascienden a 37.000 millones de dólares por estrés térmico y 16.000 millones por inundaciones, afectando especialmente a hogares encabezados por mujeres.
La situación exige acciones urgentes y ambiciosas para mitigar el impacto climático y proteger a las poblaciones más vulnerables.
LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
Denuncian que España “continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera”.
El objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones, en lugar del 32% propuesto en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), tomando como base las emisiones de 1990.
“Solo esa drástica reducción puede contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5º y evitar así los peores efectos del cambio climático”, afirman en línea con los planteamientos defendidos por la comunidad científica y que figura en el reciente Informe “Claves para convertir España en líder mundial de acción climática”.
QUÉ DICE NUESTRA CONSTITUCIÓN
Para Jaime Doreste, abogado de las entidades demandantes “según recoge nuestra Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales deben ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España, por lo que entendemos que esta nueva interpretación que lleva a cabo la sentencia del TEDH debe ser plenamente acogida por el Tribunal Constitucional”.