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En una primera parte he expuesto el marco interpretativo general y los principales datos sobre la relación entre criminalidad e inmigración, para criticar la idea racista de asociarla con delincuencia. En esta segunda parte trato algunos criterios metodológicos y de enfoque, la mayor tasa de actividad, la menor renta media y la fiscalidad equitativa de la inmigración, la percepción sesgada de la inmigración y la estrategia racista de desinformación y estigmatización inmigrante.
- Algunos criterios metodológicos y de enfoque
- Inmigración: Mayor tasa de actividad, menor renta media, fiscalidad equitativa
- La percepción sesgada de la inmigración
- La estrategia racista de desinformación y estigmatización inmigrante
Algunos criterios metodológicos y de enfoque
En esta época, uno de los procesos más agudos de racismo estructural justificado en la criminalización inmigrante sistemática fue el promovido por el trumpismo en EEUU, ya en la primera campaña presidencial de Trump en 2016. Por ejemplo, según datos oficiales del FBI, entre 1993 y 2022, los delitos violentos en EEUU (por 100.000 h.) pasaron de 747,1 a 380,7; o sea, se redujeron a la mitad. Y los delitos contra la propiedad pasaron de 4.740,0 a 1.954,4, menos de la mitad, el 41%. En conclusión, la llegada masiva de inmigrantes a EEUU, en esas dos décadas, no causaron el incremento del crimen. Pero no es esa la percepción de la sociedad estadounidense fruto de las campañas de intoxicación permanente de la derecha reaccionaria, amparadas por su gran control mediático e institucional.
La llegada masiva de inmigrantes a EEUU, en esas dos décadas (1993/2002), no causaron el incremento del crimen. Pero no es esa la percepción de la sociedad estadounidense
Como hemos vivido estas semanas, con el caso del niño asesinado en Mocejón (Toledo), las ultraderechas con sus redes mediáticas, siguiendo el ejemplo de la movilización neofascista en Gran Bretaña, aprovechan, manipulan y tergiversan cualquier acontecimiento que les permita ampliar el racismo, crear temor, odio y venganza en la población nativa para ensanchar su espacio social y electoral y promover un cambio reaccionario cultural y político. Así, cuando la realidad no les conviene, la tapan e inventan otra versión irreal, que difunden abiertamente con bulos y desinformación.
Conviene precisar algunos aspectos metodológicos. Las estadísticas del INE sobre criminalidad se basan en dos tipos de datos. Uno, el de personas condenadas por infracciones penales, así como el de delitos penados, o sea juzgados en tribunales de justicia, a través del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia (utilizado también por el Consejo General del Poder Judicial). Otro, el Sistema Estadístico de Criminalidad sobre los hechos delictivos conocidos aportados por las Fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales). Los últimos publicados corresponden al año 2022. Para comparar la criminalidad con la población utilizo los datos del INE a 1 de enero de 2023. La evolución poblacional del último año es limitada y aunque no coinciden alguna clasificación de los grupos demográficos, que iré explicando, los dos tipos de datos son suficientemente ilustrativos para compararlos.
Dejo al margen dos tipos de sesgos que condicionan los hechos delictivos, existentes en determinados sectores de la sociedad y, en particular, que influyen en las dos fuentes de datos principales: las Fuerzas de seguridad y el aparato judicial. Me refiero, por un lado, hacia la mayor vulnerabilidad e indefensión de las personas pobres e inmigrantes sobre las que se prioriza su control y, por otro lado, las dificultades de comprobación y cierta permisividad alegal con delitos de capas acomodadas y altas (incluidas extranjeras), de carácter fiscal o financiero. Con esa salvedad, utilizo esos datos oficiales de criminalidad y discuto la interpretación sesgada y racista de ciertos ámbitos políticos y mediáticos.
Por otra parte, para los datos de población actual también utilizaré los últimos disponibles, en particular la Encuesta de Población Activa del INE (EPA 2T2024) que, además, es el trimestre más estable y menos estacional en términos de empleo. Además, completo el análisis con la referencia a la mayor investigación reciente, de la Fundación ISEAK -mayo de 2024-, con 3.200 entrevistas y otros estudios cualitativos sobre la opinión de la población hacia la inmigración -en municipios de más de 10.000 habitantes-.
Desde el punto de vista conceptual hay que distinguir tres significados. Xenofobia: recelo, hostilidad u odio hacia las personas extranjeras; aporofobia: rechazo y desprecio a personas pobres y desfavorecidas, y racismo: supremacismo sobre un grupo étnico que conlleva discriminación o persecución social.
La población extranjera y de doble nacionalidad aportan una tasa de actividad cerca de un 30% superior a la de origen español
Por tanto, en el concepto inmigración ‘pobre’ o vulnerable, por motivos sociales, económicos, de seguridad o supervivencia vital y político-cultural, se integran las tres dinámicas discriminatorias. Lo diferenciamos de las personas extranjeras acomodadas, principalmente europeas occidentales, con empleos cualificados o jubiladas residentes, así como de la residencia puntual de la masiva turistificación extranjera (más de 40 millones en el último año), con diversos efectos problemáticos. Así, con ese significado de inmigración ‘pobre’ cabrían el grueso de individuos provenientes de América Latina, África y Asia, más una parte de europeos, procedentes del Este (rumanos, polacos y ucranianos), así como la mayoría de doble nacionalidad, aproximadamente un total de unos siete millones, que no llega al 15% del total.
Inmigración: Mayor tasa de actividad, menor renta media, fiscalidad equitativa
Hay que destacar las distintas tasas de actividad y de edad, según el origen nacional. Para no ser prolijo comparo solo las tres variables: española -78,9% del total-, doble nacionalidad -5,2%- y extranjera -15,9%-, que suman el total -100%-. Pues bien, la tasa de actividad de la población española es del 56,4% (61,2% en varones y 51,7% en mujeres); en el caso de la población de doble nacionalidad es casi veinte puntos superiores, del 75,3% (78,6% y 72,7%), y en la extranjera el 69,4% (76,9% y 62,7%), trece puntos superiores a la española. La media total es del 58,9% (63,9% y 54,2%). En conclusión, la población extranjera y de doble nacionalidad aportan una tasa de actividad cerca de un 30% superior a la de origen español.
Según datos del INE, para el año 2022, la renta media de una persona con nacionalidad española era de 15.378 euros y la de una extranjera, de fuera de la UE, la mayoría inmigrante, se quedaba en 8.331 euros, casi la mitad. Además, si consideramos estos datos por unidad de consumo o con alquiler computado la desigualdad media entre ambas poblaciones se incrementa.
Por otra parte, hay una valoración sesgada sobre la fiscalidad que aporta cada sector social cuando se pone el acento en que la población española tributa más que la inmigrante. Está claro -o debería estarlo- que el IRPF es progresivo y paga más quién ingresa más. Comparativamente, la población española tributa más en ese impuesto que la inmigrante; pero ello es de justicia colectiva ya que todos los individuos -de cualquier nacionalidad- que ingresan menos pagan menos impuestos por su renta. Es un principio básico de equidad y justicia social, sancionado por la legislación vigente.
Por tanto, no existe un privilegio de los inmigrantes y menos como bloque de otro origen nacional: los ricos deben pagar más impuestos que los pobres. Ese prejuicio xenófobo no tiene en cuenta que, incluso las personas inmigrantes irregulares también pagan el IVA por su consumo, con un porcentaje mayor de la alimentación respecto de las capas acomodadas, y que los agujeros del fraude fiscal están en las capas altas y las grandes rentas patrimoniales con sus instrumentos financieros y desgravaciones fiscales. Si a ello le añadimos la mayor utilización inmigrante del alquiler de viviendas, en condiciones onerosas, y la tendencia hacia la segregación espacial, vemos sus peores condiciones de vida y habitabilidad.
No existe un privilegio de los inmigrantes y menos como bloque de otro origen nacional: los ricos deben pagar más impuestos que los pobres
Ya he comentado la mayor tasa de actividad y empleo de la población inmigrante, así como sus menores ingresos y su fiscalidad equitativa. Otro ámbito de tergiversación informativa es su supuesto exceso en el gasto público. Solamente un dato sobre el principal gasto social, junto con las pensiones, que es la sanidad; ambos tienen que ver, sobre todo, con las necesidades derivadas del envejecimiento que, como hemos visto, en muy superior entre la población nativa respecto de la inmigrante. Nada más que decir.
La percepción sesgada de la inmigración
Según la investigación realizada por la Fundación ISEAK, -en los municipios objeto del estudio de más de 10.000 habitantes- una mayoría de la sociedad -el 54%- piensa que la inmigración incrementa la delincuencia, porcentaje que se amplía hasta el 71% entre las personas que se identifican con una ideología de derechas, y no llega a un tercio en las de izquierda, entre las que más apoyan unas políticas de integración social y redistributivas.
Además, para el 63% es relevante y criticable su discriminación, aunque la mayoría hasta el 70-80%, la achaca a factores estructurales como las distintas cualificaciones demandadas en el mercado de trabajo y las dificultades por la no homologación de estudios académicos o para la obtención de permisos de trabajo. La mayoría (74%) se inclina por exigir un contrato de trabajo previo a la entrada en el país, así como la mitad pide tener unos ingresos mínimos (el 58%) o demostrar un nivel educativo alto (48%). Y una minoría exige que, para que puedan entrar al país, sean de raza blanca (11%) y católicos (9%); o sea, argumentos abiertamente racistas y etnocentristas.
Por otro lado, se mantiene una sobrestimación de la presencia inmigrante de nueve puntos (23,2%) por encima de la realidad, que se cifra en el 14,5%, aunque hay una cierta receptividad mayoritaria a la inmigración. Así, en los municipios con presencia real de más de del 15% de inmigración, el incremento inmigrante lo aceptan el 60% de la población, y en los municipios con hasta ese 15% lo admiten el 68%.
En resumen, hay unos dos tercios de la sociedad que admiten la existencia de cierta discriminación de la inmigración y se inclina por su aceptación integradora, incluso incremento, aunque con una regulación en función de las necesidades del mercado laboral y una prevención respecto de su impacto sobre la seguridad, más acentuados en las personas de derechas. Ello junto con un tercio más restrictivo, del que un 10% argumenta motivos racistas.
La estrategia racista de desinformación y estigmatización inmigrante
La inmigración resuelve necesidades de importantes segmentos del mercado laboral -que la población autóctona no cubre-, aporta al sostenimiento del Estado de bienestar y, comparativamente, usa menos la protección social -pensiones, prestaciones de desempleo- y los servicios públicos -sanidad-. Cuestión aparte es el necesario esfuerzo cultural y educativo que necesita más y mejores recursos y políticas públicas, frente a la tendencia segregadora en la escuela o el nacionalismo excluyente.
La inmigración resuelve necesidades que la población autóctona no cubre, aporta al sostenimiento del Estado de bienestar y, comparativamente, usa menos la protección social
Hay un problema global de infrafinanciación de los servicios públicos y la protección social, con la necesidad de una profunda reforma fiscal progresiva, pero ello no justifica la tendencia competitiva en capas acomodadas, espoleada por las derechas, de restringir derechos al peldaño más bajo de la estratificación social, la gente inmigrante y vulnerable.
La estrategia discursiva de desinformación y justificación estigmatizadora de las derechas extremas, con el control y el apoyo del grueso de los medios de comunicación y redes sociales y distintos grupos de poder, busca reforzar la discriminación y la subordinación de la población inmigrante. Pretende dividir a las capas populares, justificar las grandes desigualdades mundiales derivadas del colonialismo y el neoliberalismo, tapar las responsabilidades del poder establecido respecto de la desigualdad social y el carácter regresivo del mercado y muchas políticas públicas precedentes, ampliar la mentalidad racista y segregadora entre la población española. En el terreno sociopolítico apuesta por deslegitimar las opciones progresistas, integradoras, feministas y de diálogo intercultural, y específicamente, desgastar al Gobierno de coalición progresista para favorecer la alternancia de las derechas reaccionarias y su política de involución socioeconómica y democrática.
En definitiva, la presentación de la inmigración como una amenaza para el mercado de trabajo, la sostenibilidad fiscal y del Estado de bienestar y la cohesión social y cultural y, especialmente, como fuente de delincuencia, criminalidad e inseguridad, no se atiene a los hechos. Supone una ofensiva política derechista con toda una manipulación discursiva y política-ideológica. Es fundamental promover la integración social y la convivencia intercultural, no la discriminación y el racismo.
