La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la principal organización profesional de informadores de España, se ha pronunciado a favor del llamado Plan de regeneración democrática aprobado la semana pasada por el Gobierno, que incluye significativas medidas para los medios de comunicación.
Su presidente, Miguel Ángel Noceda, respalda que el Ejecutivo atribuya a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la recopilación y supervisión de un registro de medios de comunicación, para determinar las empresas que cumplen con dicha condición.
«El registro de medios, que debe estar controlado por un organismo independiente, nos parece perfecto, y sus responsables, tanto la presidenta [Cani Fernández], como los directores y técnicos, a la FAPE merecen total respeto y confianza. Estamos seguros de que van a garantizar la independencia. De todos modos, estaremos vigilantes», aseguró ayer en un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Comunicación.
En opinión de Noceda, la protección de los medios de comunicación «debe ser una prioridad para el Gobierno». «Al ser una profesión no regulada por ley», precisó, «cualquier persona puede ejercerla y dar de alta una empresa como medio de comunicación en el Registro Mercantil».
Noceda propone que para el reparto de publicidad, las administraciones prioricen a medios locales y regionales en comunidades que usen una sola lengua.
La FAPE también aplaude la medida contemplada en el reglamento europeo -en su artículo 6- de publicar el nombre de los propietarios de los medios de comunicación y la publicidad institucional recibida. «Nos parece una medida eficaz para desincentivar y limitar el riesgo de injerencia con independencia editorial».
Además, apoya la revisión de los sistemas de medición de audiencias, actualmente a cargo de GfK DAMM, como parámetro de reparto de publicidad institucional. No obstante, sobre los criterios de reparto, la federación propone que las administraciones públicas rechacen ayudas a «empresas periodística condenadas por sentencia judicial, o alguno de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos o noticias falsas»; y que, del mismo modo que el Gobierno brindará mayores ventajas a medios con lenguas cooficiales, también se den prioridades a «medios de información local y regional en comunidades donde no hay dos lenguas».
Para asegurar el cumplimiento del plan para los medios, el Ejecutivo anunció la creación de un comité interministerial, compuesto por siete ministerios y el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. En ese sentido, la FAPE ha solicitado al Gobierno crear una comisión asesora, integrada por expertos en distintas materias, a disposición de dicho comité.
Preguntado por la situación de inestabilidad que sufre el consejo de Radiotelevisión Española (RTVE), el presidente de la FAPE respondió que cree que «no se va a arreglar nunca». «Todos los gobiernos han tenido a RTVE a su servicio, esto no lo podemos negar. Y la petición de la FAPE es que lleguen a un acuerdo», indicó.
Noceda concluyó su intervención defendiendo que si el nuevo plan del Gobierno «es manipulador y va contra los principios del reglamento, lo denunciaremos. Pero si su actuación es correcta, no tendremos nada que decir. Estaremos vigilantes».
