![2015112710385777988](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2016/07/27/2016072710312749399.jpg)
Una de las primeras medidas del gobierno de Esperanza Aguirre fue suprimir la dedicación exclusiva que era una de las garantías elementales de la separación entre los intereses privados y el sistema público
Estos últimos días ha salido a la luz otro caso de utilización de recursos públicos para conseguir beneficios privados en la Sanidad Publica madrileña. Según las informaciones publicadas se vendía material obtenido en las biopsias realizadas a pacientes del Hospital Gregorio Marañon a una empresa privada que los utilizaba para negociar con este material y obtener jugosos beneficios.
Dejando de lado el atropello que significa la utilización de material humano con la correspondiente autorización de las personas que son sus legitimas propietarias y que lo han cedido al hospital con la única intención de que sirva para su diagnostico y/o tratamiento y que desconocen su ulterior uso con fines comerciales, nos encontramos ante un nuevo caso que desvela que la llamada "colaboración publico-privada" solo significa la utilización de recursos publicos para conseguir beneficios privados, al igual que sucede con los hospitales, conciertos con centros sanitarios, derivación de pruebas, etc, etc.
El asunto en este caso tiene una especial gravedad porque supone la utilización de tejidos humanos con fines distintos a los que se obtuvieron y sin consentimiento de sus propietarios y alerta sobre otros posible usos de datos personales (por ejemplo los referentes a las historias clínicas) sin autorizacion de sus legitimos propietarios (los enfermos y/o los usuarios del sistema sanitario público) por parte de las empresas privadas que los gestionan y que asi tienen acceso sin restricciones a información supuestamente objeto de especial protección de acuerdo con la legislación vigente.
¿Van a iniciar una investigación sobre el tema la Consejería de Sanidad, la Agencia de protección de datos o la Fiscalía? Es de temer que no precisamente, como tambien lo es que este no se trate de un caso aislado y que en el sistema sanitario madrileño existan muchos otros de colusión de intereses entre el sector publico y el privado en el que este ultimo se aprovecha claramente del primero incrementando artificialmente sus costes y favoreciendo su ineficiencia. No en vano una de las primeras medidas del gobierno de Esperanza Aguirre fue suprimir la dedicación exclusiva que era una de las garantías elementales de la separación entre los intereses privados y el sistema público.
Por supuesto esto se suma a una situación tremendamente enrevesada en la que se entremezclan intereses que tienen como objetivo utilizar los recursos públicos con fines privados. Delimitar ambos sectores es una tarea fundamental si se quiere garantiza la eficiencia de la Sanidad Pública. Desgraciadamente la actuación de nuestros politicos no parece ir por ese camino.
Marciano Sanchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica