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La película argentina “Relatos salvajes” consta de seis episodios, aparentemente independientes entre sí, pero unidos por un mismo eje común: la espiral del conflicto cuando ninguna de las partes en liza es capaz de ponerle freno mediante una mínima concesión. Especialmente significativo, en ese sentido, es el que protagonizan Leonardo Sbaraglia y Walter Donado, conductores el uno de un flamante Audi A4 y el otro de un decrépito Peugeot 504. Ambos se encuentran en una empinada cuesta, y cuando el primero intenta adelantar al segundo, éste se empeña en impedírselo. El del Audi finalmente lo logra y (como era de esperar) al hacerlo insulta y dirige gestos obscenos al otro. Algunos kilómetros después, el Audi se ve obligado a detenerse por un pinchazo, el Peugeot le alcanza y se detiene delante suyo, momento a partir del cual se desencadena una imparable espiral de violencia, que termina con la muerte de ambos carbonizados en el interior del Audi. Interrogado por los infaltables periodistas, el comisario que dirige la investigación indica que su hipótesis de partida es “crimen pasional”.
Obviamente, se trata de pura ficción, pero cargada de simbolismo. Y no puedo evitar referirlo a la actual situación de Izquierda Unida, y particularmente a su federación de Madrid (IU-CM) y sus conflictos internos.
Como supongo que es sabido por los lectores, este conflicto tiene dos aristas:
- La exigencia, por parte de la dirección federal y una parte de la militancia madrileña, del cese y expulsión de los portavoces de IU-CM en el Ayuntamiento de la capital y en la Asamblea de Madrid, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, por su presunta responsabilidad política in vigilando en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
- Los criterios a seguir frente a las propuestas para la formación de candidaturas comunes de la izquierda, en principio (y por el momento) sólo para el Ayuntamiento capitalino y (en estado aún embrionario) algunas otras localidades importantes de la Comunidad.
Siendo militante de esta organización y residiendo en la Comunidad de Madrid (aunque no en la capital), me es imposible mantenerme neutral frente a esta situación, ni lo pretendo. Pero, en aras de no echar más leña al fuego, procuraré tomar cierta distancia y esbozar algunas explicaciones que creo que pueden facilitar al menos una comprensión algo más amplia de la problemática que nos aqueja, introduciendo ciertos elementos quizá no considerados hasta ahora.
También en aras de ese distanciamiento, dejaré de lado el rifirrafe sobre el cese de los portavoces, que considero un mero pretexto encubridor del problema de fondo, que es el de la convergencia, sus modalidades y sus limitaciones.
En un artículo publicado en este mismo medio relataba el proceso que dio lugar a la fundación, en el Uruguay de 1971, del Frente Amplio y sus principales características organizativas, que, a mi juicio, constituyen una parte sustancial de la explicación de su longevidad, y de su (muy posterior) éxito electoral. Y señalaba las similitudes entre la actual coyuntura española y la uruguaya de finales de la década del 60 y principios de la del 70 del siglo pasado, pero también sus diferencias, tanto desde el punto de vista legislativo como (sobre todo) idiosincrático.
No me extenderé nuevamente al respecto, los lectores pueden consultar el artículo si desean profundizar sobre la cuestión. Simplemente, quiero reiterar que el Frente Amplio es uno de los pocos ejemplos actualmente existentes de unidad popular que ha logrado sobrevivir durante más de cuatro décadas, superar 12 años de durísima represión y (aún más difícil) gobernar durante una década completa y conquistar una tercera legislatura sin romperse. Ese solo hecho ya le convierte en un caso digno de estudio y reflexión para quienes estamos convencidos de la necesidad de algún tipo de unión de las fuerzas de izquierda en este país, como única forma de abrir paso a un cambio real del modelo económico y social que tanto sufrimiento está infligiendo a tantísima gente. Y que la modalidad adoptada para ese proceso de convergencia (la de coalición electoral) me sigue pareciendo la más aconsejable y fértil para lograr ese propósito, al menos en una primera etapa.
Aunque quizá resulte un tanto obvio para los más informados, comenzaré por explicar los posibles modelos (reales, no formales) a disposición para esos procesos de convergencia y describir la actualmente adoptada en el caso de la ciudad de Madrid, para luego explayarme algo más sobre las dificultades que plantea dicha opción y las razones por las que sostengo que la coalición constituiría una solución más equilibrada y respetuosa para todas las partes implicadas.
Al igual que entre las empresas, las uniones o fusiones entre partidos políticos pueden darse (muy en síntesis) bajo tres modelos diferentes:
- La absorción de uno(s) por otro: fue lo que sucedió en el proceso de unificación socialista durante la transición, y lo que el PSOE pretendía con el resto de la izquierda no nacionalista en los 90, con la idea de la “casa común de la izquierda”
- La disolución o dilución de varias organizaciones preexistentes en una nueva: ésta era la idea original de Ganemos Madrid (aunque quizá sus promotores no lo reconozcan así).
- La coalición entre varias formaciones, que conservan su identidad primigenia pero añaden a ella una nueva, la formada por la estructura suprapartidaria. Es el modelo (al menos formal) adoptado en la fundación de Izquierda Unida y (mucho más clara y exitosamente) por la Unidad Popular chilena o el Frente Amplio uruguayo en la segunda mitad del siglo pasado.
Como ya he señalado, en el caso de Ganemos Madrid el formato adoptado (implícita más que explícitamente) parece responder al segundo modelo, en la medida en que desde un principio se planteó que todos los posibles candidatos compitieran en primarias de forma estrictamente individual, sin el respaldo de sus respectivas identidades partidarias, se proscribía el voto “en plancha”, etc. Aunque la alianza con Podemos ha forzado a introducir modificaciones importantes en el formato primigenio, que le convierten en una especie de híbrido entre el primero y el segundo modelo: si bien se mantiene la prescindencia de las identidades partidarias, se permite el voto “en plancha”, se aumenta el número de elegibles en las primarias, etc., todo lo cual tiende a favorecer la preeminencia de esta organización sobre el núcleo municipalista fundacional y la posibilidad de que Podemos termine por copar la mayor parte de los puestos “de salida” en la lista final.
Así las cosas, Izquierda Unida se encuentra en una situación de clara desventaja, puesto que se había integrado “de facto” en Ganemos mucho antes de los acuerdos con Podemos, por lo cual su identidad quedaría irremediablemente diluida en una de las “patas” (y no precisamente la hegemónica) de la unión. Es decir que se ve obligada a renunciar a su identidad sin una contrapartida clara por parte de Podemos.
Y esta desventaja se agrava por las peculiaridades de la forma jurídica pactada, la de “partido instrumental”, cuyas condiciones de viabilidad y funcionamiento no están demasiado claras, sobre todo de cara al futuro.
En primer lugar, al renunciar a la marca IU, se pierde el derecho a los espacios publicitarios gratuitos y a las subvenciones para publicidad electoral (cifrados en unos 580.000 euros), que sólo se otorgan a partidos con representación en el consistorio saliente.
Pero los interrogantes más importantes se plantean hacia el futuro: según los acuerdos Ganemos-Podemos, el partido instrumental “Ahora Madrid” está destinado a disolverse una vez pasadas las elecciones, aunque no se fija el momento exacto de dicha disolución ni el órgano que lo decidirá. Y la disolución formal de “Ahora Madrid” dejaría en una especie de limbo jurídico al Grupo Municipal resultante, puesto que, al no representar a ningún partido ni organización, éste debería disolverse a su vez y sus integrantes no representarse más que a sí mismos (como “no alineados”), perdiendo con ello el derecho a las subvenciones a los grupos municipales.
Incluso en el supuesto (poco probable) de que “Ahora Madrid” se mantuviese vivo durante toda la legislatura, resta por resolver el espinoso problema de la distribución de los recursos entre las organizaciones y personas integrantes del acuerdo, cuya fórmula (al menos según la información de que dispongo en este momento) aún no está determinada, ni siquiera esbozada.
Es obvio que todas estas cuestiones afectan de manera crucial a la supervivencia de las organizaciones preexistentes y, en particular, a la de IU, que es la que mayores dotaciones estructurales (en términos de locales, organización, etc.) aportaría. Y parece difícilmente aceptable ceder tales estructuras, organización y experiencia a un experimento destinado, desde su fundación, a desaparecer a corto plazo, y localizado en un único ámbito municipal.
Resulta inevitable preguntarse qué pasará con la “marca”, las infraestructuras y la organización de IU en la ciudad de Madrid una vez disuelto el partido instrumental, por una parte, y cómo mantener viva la organización en el ámbito autonómico, donde no parece haber la menor posibilidad de acudir a un modelo de convergencia similar, por otra.
Y si extrapolamos el experimento a otros municipios, situados en Comunidades multiprovinciales, se plantea otro problema añadido: el de la representación en las diputaciones provinciales, que gestionan importantes recursos para financiar infraestructuras y servicios destinados particularmente a los municipios menos poblados y, por lo tanto, menos capaces de autofinanciarse. Pues al ser un partido de carácter estrictamente local, sus concejales no se sumarían a los de otros partidos similares de la misma provincia, a efectos de la elección de diputados provinciales que, como es sabido, es de carácter indirecto y depende del número de concejales y no del número de votos obtenidos.
Pero a esta serie de dificultades jurídicas y económicas viene a sumarse otro factor, de carácter más subjetivo, que no suele tenerse en cuenta aunque, en mi modesta opinión, no carece de relevancia: el sentimiento de identidad y el sentido de pertenencia que se genera entre los militantes de una organización por el solo hecho de compartir una ideología y una actividad, sentimiento que tiende a acrecentarse cuanto más extensa y duradera en el tiempo sea esa comunidad de ideas y tareas. Y en ese sentido, las diferencias entre la militancia de IU y la de las restantes organizaciones llamadas a integrar el acuerdo son evidentes, puesto que la primera lleva ya casi 30 años a sus espaldas, mientras que las restantes apenas unos meses.
Pedirle, por lo tanto, a la militancia de IU que abandone su identidad como organización y como grupo humano exige un sacrificio mucho mayor que al resto, sacrificio difícil de asumir en aras de un proyecto que se autodefine meramente coyuntural, de carácter puramente táctico-electoral, y destinado, desde su concepción, a no perpetuarse mucho más allá de los comicios para los que se le ha formado.
Creo fácilmente comprensible que la generosidad que se demanda a la militancia de IU dista mucho de ser simétrica, y por ello tiende a resultar lindante con la ingenuidad: unos renuncian a lo que casi no tienen, tanto material como espiritualmente, mientras a los otros se les exige renunciar a las infraestructuras que con mucho esfuerzo han logrado construir y mantener y, sobre todo, a ser quienes son.
Esto no quiere decir que la convergencia no sea posible ni deseable: es necesaria y urgente, pero para ello hay que plantearla en términos más equilibrados. Por ello, pensamos que la coalición es una fórmula más adecuada, al menos en una primera etapa, en la medida en que propone superponer una nueva identidad a las ya existentes, sin exigir por ello la renuncia a la que se tiene.
Es posible que, a posteriori, la experiencia del trabajo en común, la elaboración de un discurso compartido, faciliten la preeminencia de esa nueva identidad sobre las originarias de las organizaciones coaligadas, pero ese proceso requiere mucho más tiempo y no puede imponerse por decreto-ley. Y sólo será posible si renunciamos a cualquier intento de hegemonía de unos sobre otros, si abrimos espacios igualitarios a la militancia de todas las organizaciones integrantes del acuerdo de coalición.
Y, sobre todo, si sabemos respetar los ritmos y los tiempos de cada organización, que no pueden ser iguales para todas, en la misma medida de la heterogeneidad de sus respectivas historias y vivencias.
En definitiva, convergencia sí, y cuanto antes, pero en términos de máximo equilibrio y respeto mutuo a las necesidades materiales y afectivas de cada militante y de sus organizaciones, sin hegemonías determinadas en función de (supuestos y volátiles) pesos electorales otorgados por los sondeos de intención de voto. Y, sobre todo, pensadas como proyectos a largo plazo y no meros montajes coyunturales destinados a perecer una vez cumplida su función puramente acumulativa.
Como afirmaba en mi artículo ya citado: “de ésta sólo saldremos si conseguimos tirar todos en la misma dirección, respetando nuestras diferentes identidades con el debido pluralismo, pero siendo capaces de ponerlas todas ellas al servicio de la causa común”.
Porque el proceso de cambio que buscamos no será posible sin una transformación profunda en la conciencia social, y por lo tanto será lento y exigirá mucho esfuerzo, constancia y una voluntad permanente de unidad en la lucha común por encima de todo.
En eso consiste, a mi juicio, la “ventana de oportunidad” que nos brinda la coyuntura actual: éste es el momento de sembrar, ya llegará el de recoger. Y de paso, una pregunta que puede parecer tonta pero no lo es tanto: ¿por qué nos empeñamos en colarnos por la ventana habiendo puertas?
Por Daniel Kaplún | Sociólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y secretario de organización del Comité del Frente Amplio en Madrid.