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Hace escasamente tres días Save The Children y Sea Eye anunciaban su decisión, tomada previamente por Médicos Sin Fronteras, de cesar temporalmente sus labores de rescate en el Mediterráneo. La decisión ha sido tomada después de que un portavoz de la Marina Libia haya comunicado la intención del Gobierno de Trípoli de ampliar su zona de control marítima más allá de los 22 kilómetros de sus aguas territoriales, impidiendo las labores de rescate humanitario. Se da además la circunstancia de que numerosas ONG han denunciado la recurrente actitud hostil de las patrulleras libias, que han llegado a disparar como advertencia contra barcos de rescate y contra buques de la propia Marina Italiana. Human Rights Watch denuncia además que “las fuerzas libias recogen a los inmigrantes, los desembarcan por la fuerza y los llevan a Libia, donde son objeto de graves abusos, entre ellos tortura, violación y trabajos forzados”.
Por ello Sara Vilà, senadora de En Comú Podem, solicita que Dastis comparezca en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo para explicar “las actuaciones del Gobierno con respecto al asedio, amenazas y retenciones ilegales por parte de los guardacostas libios a las ONG españolas e internacionales”. Como la senadora catalana ha señalado, “no podemos permitir que se criminalice y persiga la actuación de las ONG, que han salvado miles de vidas en el Mediterráneo y que han dado la respuesta solidaria a la actual crisis humanitaria que los gobiernos de toda Europa no han sido capaces de dar”.
En Libia coexisten actualmente dos gobiernos diferentes que, además de disputarse el poder, reciben fondos europeos para contener a aquellos refugiados que pretenden llegar a Europa. En este sentido, las prácticas de las patrullas libias no difieren demasiado de declaraciones como las formuladas por Fabrice Leggeri, jefe de la agencia fronteriza de la Unión Europea (FRONTEX), que llegó a acusar a las ONG de ser “un servicio de las mafias migratorias”. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior del gobierno español, ya tuvo que disculparse por unas declaraciones similares, cuando estimaba que “hay que concienciar a las ONG de que no favorezcan la inmigración irregular”.
A las prácticas habituales de los guardacostas libios y a las declaraciones de altos responsables europeos hay que sumar la presencia en la zona del buque ‘Defend Europe’, financiado por organizaciones fascistas y de extrema derecha, cuya misión declarada es entorpecer las labores de rescate humanitario. Annemarie Loof, directa de operaciones de Médicos Sin Fronteras, ha recordado que “si los barcos humanitarios son expulsados del Mediterráneo, habrá menos naves en el área para rescatar a la gente del ahogamiento”. Se estima que en los últimos cuatro años, como mínimo, más de 13.000 personas han fallecido en el Mediterráneo intentando llegar a Europa.