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Según el informe de Amnistía Internacional, 'Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia', tanto las fuerzas de seguridad colombianas como los paramilitares y los grupos guerrilleros han atacado a las mujeres y las niñas "para explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios". Esta violencia sexual, según la organización, "siembra el terror en las comunidades y obliga a familias enteras a huir de sus hogares, permitiendo la apropiación de tierras".
Las mujeres y niñas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, las desplazadas por los combates y las que viven en la pobreza "son víctimas particulares de la violencia sexual", añadió AI. Asimismo, las defensoras de los Derechos Humanos y sus familias son también "víctimas particulares" de amenazas e intimidación.
"En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra", declaró la directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Susan Lee. "Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas", agregó.
Desde que el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión del cargo en 2010, "el Gobierno ha prometido abordar la crisis de los Derechos Humanos, pero aún no hemos visto mejoras reales en lo referente a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los abusos, incluidos los actos de violencia sexual contra mujeres", denunció Lee.
Según Amnistía, la inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes hacen muy difícil evaluar el alcance real del problema. Las estadísticas disponibles no indican con claridad los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas que podrían estar relacionados con el conflicto armado.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevó a cabo 20.142 exámenes sobre posibles casos de violencia sexual en 2010, frente a 12.732 en 2000. Sin embargo, solo 109 de estos casos fueron finalmente relacionados con el conflicto, lo que pone de relieve, según AI, la "invisibilidad de estos crímenes".
IMPUNIDAD
"Incluso cuando la mujer reúne el coraje necesario para denunciar un caso de violación o de violencia sexual, éste rara vez se investiga efectivamente", denunció Amnistía.
Entre los "obstáculos para la justicia", la organización destacó "la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad", la ineficacia de las medidas de protección para testigos y supervivientes, la precaria formación en cuestiones de género de los funcionarios judiciales y el hecho de que las leyes nacionales no hayan tipificado la violación como crimen contra el Derecho Internacional.
Aparte, las mujeres indígenas supervivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales, como la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.
"Las autoridades colombianas deben aplicar un plan de acción para poner fin a la violencia sexual, que incluya medidas para combatir la discriminación de mujeres y niñas, y acabar con la impunidad que garantiza que los responsables de estos crímenes no comparezcan ante la justicia", afirmó Susan Lee.