![El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi y el subsecretario del gabinete italiano, Gianni Letta, durante uan rueda de prensa en el palacio de Chigi, en Roma, el 12 de agosto de 2011.](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2011/08/13/2011081301001232399.jpg)
Para sacar adelante este paquete de medidas el Ejecutivo de Silvio Berlusconi convocó este viernes pasado un Consejo de Ministros extraordinario en el que aprobó un decreto ley y una propuesta para la reforma del sistema de asistencia y fiscal.
El plan ha sido aprobado cinco días antes lo previsto ante la presión de los mercados y las peticiones hechas en esta línea por el Banco Central Europeo (BCE) a cambio de comprar su deuda pública.
A este respecto, Berlusconi subrayó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el plan de ajuste se encuentra "en línea" con esas exigencias, y culpó de la elevada deuda pública de Italia (supera el 120 % del PIB) a los Ejecutivos que gobernaron el país entre 1978 y 1992, antes de que él entrara en política.
Berlusconi, que compareció ante la prensa junto con el ministro de Economía, Giulio Tremonti, uno de los principales artífices de este plan, informó sobre las reformas que prevé el texto e hizo especial hincapié en que las medidas no afectarán a los sectores de la educación, la sanidad, la investigación y la cultura.
Está previsto que el ajuste alcance los 20.000 millones de euros en 2012 y 25.500 millones en 2013, en una actuación adicional a los anteriores planes de ajuste aprobados por el Ejecutivo y que obtendrá los recursos principalmente de los recortes del gasto, según explicó Tremonti.
Berlusconi señaló que con estas medidas les "sangra el corazón" aunque insistió en que eran inevitables y agregó: "Prometí no tocar los bolsillos de los italianos pero las cosas han cambiado".
El objetivo del Gobierno es el de pasar de un déficit del 3,9 por ciento, previsto para este año, a otro del 1,4 por ciento en 2012, paso previo a un equilibrio de las cuentas en 2013.
El plan no fue bien recibido, sin embargo, por la oposición y mientras desde el Partido Demócrata (PD) se tachó el texto de "inadecuado" e incapaz de "solucionar los problemas" de Italia, desde Italia de los Valores (IDV) se consideró que detrás de las medidas hay "luces y sombras".
El paquete aprobado como decreto de urgencia, pasará ahora al Parlamento para su ratificación y, según los medios italianos, podría llegar al Senado el próximo 22 de agosto y deberá aprobarlo en los próximos 60 días.
Berlusconi señaló que no considera necesario someter el texto a una cuestión de confianza durante la tramitación parlamentaria, en conformidad con el deseo expresado hoy por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, de poder mantener un debate abierto a todas las fuerzas políticas.
Entre las medidas aprobadas hoy se incluyen recortes en los fondos destinados a los entes locales y regionales y aunque no se precisaron datos en la rueda de prensa, durante la mañana en la reunión con los representantes de esas entidades se habló de un recorte por un valor total de cerca de 9.500 millones de euros, 6.000 en 2012 y 3.500 en 2013.
Asimismo, el Gobierno de Berlusconi espera rebajar los costes de la política con una serie de medidas para contener el gasto y a través de recortes en los recursos destinados a los ministerios, que rondarán los 8.500 millones de euros en dos años, según el borrador del texto, filtrado por los medios de comunicación.
Por otro lado, el plan contiene también medidas recaudatorias como la que gravará con un 5 por ciento las rentas anuales que superen los 90.000 euros y con un 10 por ciento las que excedan los 150.000 euros, mientras se contempla un incremento en el gravamen sobre los rendimientos financieros, del 12,5 por ciento al 20 por ciento, del que quedan exentos los títulos de deuda pública.
El texto incluye además el endurecimiento de la lucha contra la evasión fiscal, así como medidas para aumentar la productividad, como la de pasar a los lunes las fiestas no religiosas del calendario laboral y evitar así los puentes.
Asimismo, entre las medidas a aplicar en los próximos dos años se contempla la posibilidad de llevar a cabo privatizaciones en los servicios locales y se incentivará las liberalización de la actividad económica.