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El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno definitivo -por 526 votos a favor, 86 en contra y 66 abstenciones- a la norma que da nuevos poderes a la Comisión para controlar los presupuestos nacionales de los países de la eurozona e incluso pedir cambios antes de su aprobación parlamentaria.
El Ejecutivo comunitario podrá publicar su opinión sobre las cuentas nacionales e incluso pedir cambios si considera que se desvían de los objetivos de consolidación asumidos por cada país. No obstante, su solicitud no tendrá un carácter vinculante.
La nueva norma permite además a Bruselas someter a una vigilancia reforzada a los países que amenacen la estabilidad de la eurozona e incluso forzarles a pedir el rescate, con el objetivo de minimizar sus costes.
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha dicho este martes que con la aprobación de esta norma "quedará completado el ciclo de vigilancia presupuestaria para los Estados miembros de la eurozona".
Rehn ha sostenido que si estas reglas hubieran existido desde el nacimiento del euro "nunca habríamos vivido una crisis de tal magnitud". "En cualquier caso, habríamos superado la crisis mucho más rápidamente, y con menos costes sociales y financieros". El Ejecutivo comunitario pretende ejercer ya sus nuevos poderes en la preparación de los presupuestos nacionales de 2014.
A cambio de dar su acuerdo a esta norma, la Eurocámara ha logrado que la Comisión se comprometa a crear un grupo de sabios que examinará si es factible crear un fondo europeo de amortización de la deuda y euroletras.
El grupo de sabios deberá presentar sus conclusiones antes de marzo de 2014 y, una vez conocidas, el Ejecutivo comunitario decidirá si hace o no propuestas legislativas. Alemania ha vetado hasta ahora cualquier intento de avanzar en la mutualización de la deuda.
Bruselas aprobará además en los próximos meses propuestas para crear un "instrumento de convergencia y solidaridad" cuyo objetivo será financiar desde la UE reformas estructurales reclamadas a los Estados miembros y para mejorar la coordinación previa de reformas estructurales en un país que puedan afectar a toda la eurozona.