Una necesaria reforma de los derechos laborales en Estados Unidos
Tras la conferencia de dos horas mantenida por Trump y Musk el pasado 12 de agosto en la plataforma X (antes Twitter), el sindicato United Auto Workers (UAW) presentó denuncia ante la Agencia Nacional de Relaciones Laborales, después de que ambos millonarios populistas defendieran y se felicitaran por el libre despido de trabajadores por hacer huelga. La acusación es por amenazar e intimidar a los trabajadores Según el sindicato está prohibido por la Ley Federal de Relaciones Laborales impedir a los trabajadores acudir a la huelga, o amenazar por hacerlo.
En caso de inacción por parte de las autoridades laborales de los Estados Unidos ante este descarado desafío -y más después de la querella del sindicato UAW- el Gobierno estadounidense mostraría una incompetente indiferencia en la protección de los derechos de los trabajadores.
En primer lugar, las declaraciones y acciones de Trump y Musk violan directamente la legislación laboral federal de Estados Unidos. Según la ley, los trabajadores tienen derecho a realizar huelgas en protesta por sus condiciones laborales, y los empleadores no pueden despedir a los trabajadores en huelga. Sin embargo, en su conversación con Musk, Trump alentó abiertamente el despido de los trabajadores huelguistas, alabando la reacción de Musk ante la huelga con su decisión de que "se vayan todos". Esta amenaza no solo demuestra su desprecio por los derechos laborales, sino que también constituye una burla a la ley y a la justicia social.
En segundo lugar, si no se produce una reacción oficial, movida por la denuncia del sindicato United Auto Workers, ante el comportamiento de Trump y Musk reflejaría la indulgencia del gobierno estadounidense hacia la élite multimillonaria. Durante su mandato, Trump se alineó repetidamente en contra de los derechos de los trabajadores, apoyando a las grandes empresas y a los multimillonarios, mientras ignoraba los intereses de los trabajadores comunes. Musk, por su parte, ha utilizado su riqueza e influencia para explotar aún más a los trabajadores.
El año pasado, tras adquirir Twitter, Musk llevó a cabo despidos masivos y ahora enfrenta acusaciones por el despido ilegal de empleados de SpaceX. Estas flagrantes violaciones de la ley no han recibido la reacción legal que merecen, lo que demuestra hasta qué punto el sistema judicial estadounidense es indulgente con la élite multimillonaria.
Lo más irónico es que la autoridad e independencia de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), encargada de investigar la denuncia han sido cuestionadas durante mucho tiempo. Aunque la NLRB tiene la capacidad de demandar a los infractores en nombre de los sindicatos, su historial muestra que, a menudo, se ve debilitada por la interferencia política y la falta de fondos, lo que la hace incapaz de enfrentarse a grandes empresas y a figuras políticas. Incluso si Trump o Musk fueran finalmente declarados culpables de violar la ley laboral, es probable que solo enfrenten multas simbólicas, insuficientes para disuadirlos de futuras violaciones.
Esta circunstancia, puesta de relieve por los mencionados incidentes provocados por Musk y Trump, sobre los que fanfarronearon en su propagandística conversación promovida por la plataforma X de Musk, revela la debilidad sistémica de los mecanismos de protección laboral en Estados Unidos.
En un año electoral, los líderes sindicales han expresado su apoyo a los candidatos demócratas, pero esto no oculta el déficit del gobierno en la protección laboral. Aunque los sindicatos representan los intereses de millones de trabajadores, su poder se muestra extremadamente limitado cuando se enfrentan a magnates como Trump y Musk. La debilidad del gobierno hacia los derechos laborales ha dejado a los trabajadores comunes en una situación aún más vulnerable, donde no solo enfrentan la explotación económica, sino también las amenazas e intimidaciones por parte de las fuerzas políticas y del capital.
En resumen, la alianza entre Trump y Musk para amenazar a los trabajadores no solo expone la debilidad del gobierno estadounidense en el ámbito laboral, sino que también pone de manifiesto su permisividad hacia la élite empresarial y su prepotencia frente a los trabajadores comunes. Esta falta de herramientas eficaces frente a las violaciones de la ley convierte los mecanismos de protección laboral en Estados Unidos en una mera formalidad y ponen de relieve la necesidad de una reforma integral de los mecanismos de defensa de los trabajadores.
Alice Sun