Las leyes que se prorrogan, pero deberían ser permanentes: Ley de Memoria Democrática
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Estamos a punto de llegar a los dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
Dentro de esta ley ha habido una disposición adicional que ha llenado de actividad las redes sociales debido al interés que despertó en cientos de miles de descendientes de ciudadanos y ciudadanas españolas.
La disposición adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática ha tenido un impacto significativo y unos efectos claros en el exterior y esta disposición ha abierto la posibilidad de que cientos de miles de descendientes de españoles puedan recuperar la nacionalidad de origen.
El espíritu no solo de la disposición sino de la ley tenía como objetivo reconocer el sufrimiento de quienes tuvieron que exiliarse y se reivindica su memoria histórica. Es una forma de reparar, al menos parcialmente, el daño causado por la represión política y el exilio, pero también el sufrimiento de muchos descendientes a los que se les niega la posibilidad de recuperar la nacionalidad de sus abuelos o padres por un código civil que en materia de nacionalidad está obsoleto.
Esta disposición ha abierto la posibilidad de que cientos de miles de descendientes de españoles puedan recuperar la nacionalidad de origen
Para muchos de los beneficiarios, recuperar la nacionalidad ha significado reencontrarse con sus raíces y fortalecer los lazos con la comunidad española, tanto en España como en el extranjero.
Los beneficiarios esta vez son los hijos, nietos y bisnietos de españoles que se vieron obligados a exiliarse, así como también ha permitido reparar los problemas causados a las mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Aunque inicialmente se estableció un plazo de dos años, este plazo ha sido ampliado aun tercer año y esto significa un respiro para los miles de personas que están agobiados por la lentitud de las resoluciones o por llevar meses esperando que se les admita el trámite.
Los problemas principales se centran en los grandes consulados de Latinoamérica y tanto Cuba como Argentina son los países donde se está notando más los problemas de una red consular que necesita mejoras urgentes.
La Ley de Memoria Democrática, si bien ha sido un avance significativo en el reconocimiento de las víctimas del franquismo y en la reparación de las injusticias cometidas, ha generado una serie de desafíos en los consulados españoles alrededor del mundo. Estos desafíos se deben principalmente a una combinación de factores entre los que destaca el gran número de solicitudes.
La ley ha generado una gran expectativa y se ha traducido en un considerable número de solicitudes para recuperar la nacionalidad española, sobrepasando en muchos casos la capacidad de los consulados.
Al número de solicitudes hay que añadirle la complejidad de los casos, ya que cada caso es único y requiere una evaluación exhaustiva de la documentación, lo que demanda un tiempo considerable por parte de los funcionarios consulares.
Este plazo ha sido ampliado aun tercer año y esto significa un respiro para los miles de personas que están agobiados por la lentitud de las resoluciones
Esta evaluación ha de asegurarse de que la nacionalidad le llega a quien le corresponde, pero está creando un cuello de botella que nuestros políticos podrían haber ahorrado a nuestros consulados generales de haber trabajado en una ley de nacionalidad como la que lleva solicitando el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior (CGCEE) desde 1990.
La ley ha demostrado que los consulados operan con personal insuficiente y a pesar de los incrementos de personal, en lugares como La Habana o los consulados en Argentina, esta falta de recursos dificulta la gestión eficiente de la gran cantidad de solicitudes.
En algunos casos, los consulados no cuentan con la infraestructura necesaria para atender la demanda, como sistemas informáticos actualizados o espacio suficiente para almacenar la documentación.
Muchos de los documentos necesarios para acreditar la filiación o la residencia en España se perdieron o fueron destruidos durante la Guerra Civil o la dictadura franquista y algunos de los certificados exigidos y que han de ser solicitados en los países de aquellas personas que están optando a la nacionalidad, son difíciles de conseguir debido a los problemas propios de la burocracia y la lentitud de procedimientos en estos países…como es el caso de Cuba.
La frustración aumenta por los largos períodos de espera para obtener una respuesta y la tramitación de los expedientes y la falta de información genera estrés y descontento entre los solicitantes.
La aceptación de la propuesta por una mayoría de partidos podría solucionar de manera permanente una deuda de España hacia la diáspora
Por otro lado, los funcionarios consulares se ven sometidos a una gran presión para gestionar la elevada cantidad de solicitudes, lo que puede afectar su rendimiento. Es necesario asignar más personal y recursos a los consulados para poder atender la demanda de manera eficiente.
Se podrían implementar medidas para simplificar los trámites y reducir la burocracia, como la digitalización de los procesos y la aceptación de una mayor variedad de documentos.
En Cuba el sistema de credenciales que buscaba garantizar el proceso ha servido de freno continuo y hay que esperar a ver que soluciones llegan para el último año de vigencia de la ley.
Es fundamental mejorar la coordinación entre los consulados, los registros civiles y otros organismos involucrados en la tramitación de las solicitudes.
La Ley de Memoria Democrática representa un avance histórico, pero es necesario abordar los desafíos que plantea para garantizar que todos los ciudadanos que tienen derecho a recuperar la nacionalidad española puedan ejercerlo de manera efectiva y en un plazo razonable.
La noticia positiva de los últimos días es la reunión que tendrá lugar en unos días en el Congreso de los Diputados de Madrid con la Comisión de Justicia para presentar la propuesta de reforma del Código Civil en materia de nacionalidad que trabajó el CGCEE en su Comisión de Derechos Civiles y Participación, y para la que fuimos asesorados por la Catedrática por Derecho Internacional Privado por la Universidad de León, Aurelia Álvarez Rodríguez.
Esta reunión con la Comisión de Justicia y la aceptación de la propuesta por una mayoría de partidos podría solucionar de manera permanente una deuda de España hacia la diáspora y también muestra una vía de colaboración y asesoramiento entre instituciones que ha costado más de 40 años lograr abrir.