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Sistema Digital | Podríamos escoger estas palabras como las claves del año que se ha acabado. Ciertamente un año para no recordar. En él, la sociedad española se ha seguido hundiendo en las catastróficas consecuencias de la recesión económica y los últimos datos disponibles muestran el retroceso que España ha sufrido con respecto a Europa en términos de PIB y de bienestar social.
El proceso secesionista en Catalunya sigue adelante y lo más grave es que sigue aumentando el apoyo en la opinión publica catalana.
Y como aparente buena noticia de fin de año, el Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de Unión Bancaria, arrancado con fórceps a Alemania. Digo aparente, porque lo que se ha aprobado está muy lejos de ser lo que se necesita. Y su aplicación será demasiado lenta para ayudar a salir del credit crunch que está viviendo Europa, en general, y España, en particular.
Los nacionalismos catalanes de todas las intensidades se han salvado de un estrepitoso ridículo, llegando a un acuerdo sobre la pregunta para ejercer el “derecho a decidir”, ese eufemismo con el que designa el derecho a la determinación.
El desacuerdo entre los partidarios de la consulta era porque unos querían reducir la pregunta a la disyuntiva independencia sí o no, y otros presentar varias alternativas. Al final, todos contentos con dos preguntas secuenciales, primero si se quiere que Catalunya sea un Estado y, segundo, y solo para los que hayan contestado afirmativamente, si ese Estado debe ser independiente. La independencia aparece así como una opción claramente identificada, objetivo irrenunciable de Esquerra Republicana.
La pregunta no es ni clara ni inclusiva. No es clara porque no se sabe muy bien qué quiere decir “Estado”. Puede referirse a un Estado independiente, a uno soberano, pero confederado con otros o a la calificación formal de “Estado” a las partes de una federación, como ocurre en los EE.UU., o en Alemania con el Estado Libre de Baviera (tal es su denominación oficial). Si la opción federalista cabe o no dentro de la preferencia por un “Estado” es algo dudoso e interpretable por cada cual. Al sector “soberanista” del PSC le parece que sí.
No es inclusiva por su carácter al final binario y porque excluye posiciones intermedias que para más inri son las que las encuestas señalan como sociológicamente mayoritarias. Los que estén en contra de la independencia no podrán expresarlo explícitamente con su voto. Solo podrán hacerlo los que previamente se hayan mostrado a favor de que Catalunya se convierta en un “Estado”. Para justificarlo se recurre, engañosamente, al ejemplo del referéndum en Puerto Rico, donde sí había dos preguntas en cascada, pero formuladas de manera incluyente de todas las posibles opciones. Y si por azar el resultado fuese sí a la Catalunya Estado, pero no al Estado independiente, nos quedaríamos sin saber qué otra clase de Estado preferirían los catalanes.
Las dos preguntas encadenadas pretenden encauzar el voto hacia la preferencia por la secesión. Se diferencia radicalmente de la que se va a formular en Escocia, no solo por su texto (la escocesa sí que es clara y sencilla), sino también por ser una decisión unilateral de una de las partes implicadas, la otra es el gobierno central. Con respecto a Canadá, ya sabemos que esta formulación no pasaría el test de la “clarity act” de Canadá, como lo ha declarado el que fue ponente de esa Ley.
Pero poco importa, los redactores de la pregunta saben perfectamente que el Gobierno no la va a poder autorizar aunque quisiera. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto en una sentencia de 2008 acerca de la convocatoria de un referéndum por el lehendakari Ibarretxe en el País Vasco, estableciendo que esa cuestión solo se puede plantear en el marco de una reforma constitucional.
Pero de momento, tanto Mas como Junqueras consiguen sus objetivos. Mas recupera la iniciativa y gana tiempo. Evita la ruptura con Esquerra Republicana, aprueba los presupuestos y puede seguir gobernando un par de años más. No va a tener prisa, el tiempo juega a su favor. Frente al inmovilismo de Madrid, la tensión va a seguir creciendo y el desafecto hacia España alimentado por las celebraciones del 1714 y el discurso repetido sobre los agravios y los expolios fiscales.
Muchos catalanes creen sinceramente que la independencia es la única solución a sus males y problemas. Están convencidos de que al día siguiente de la independencia dispondrían de los 16.000 millones que ahora España les roba. Los inconvenientes se minimizan o se ignoran. Las emociones mandan más que las razones. El mismo día que el mismísimo van Rompuy repite que la adhesión a la Unión Europea de una Catalunya independiente no sería automática, CiU edita un folleto asegurando que “no hay ninguna razón jurídica ni política que obligue a que Catalunya tenga que salir de la Unión Europea”. Aunque pocos días después Mas tiene que reconocer que Catalunya saldría “transitoriamente” de la Unión Europea.
A esta situación no se puede hacer frente esperando que llegue el momento de interponer recursos jurídicos. El problema no se resolverá enfrentando dos griteríos que se ensordecen mutuamente. El de los que gritan Catalunya no es España y el de los que gritan, aunque se les oye menos, que sí lo es.
Si una mayoría calificada de catalanes sintiese y quisiese la secesión con la misma intensidad que el Sr. Junqueras y lo hubiese expresado de forma constante y democrática en las elecciones, algo habría que hacer. No ha sido, todavía, el caso. Pero puede llegar a serlo si no se para con razones y emociones positivas el creciente desafecto de una parte de la sociedad catalana.
Ese desafecto tiene también que ver con el hecho de que España no ofrece hoy un proyecto político atractivo. He visto cómo varios de mis amigos, que nunca habían sido independentistas, adoptan esta posición porque la España de la recesión, la corrupción inacabable y la limitación de las libertades no les interesa. No es que el espectáculo de la clase política catalana sea mucho más edificante. Por ejemplo los problemas judiciales de CiU por financiación ilegal, vinculada al caso Palau de la Música. Pero España aparece más como un peso muerto que como un elemento dinamizador con el que vale la pena estar vinculado.
En efecto, España ha desandado 14 años atrás su proceso de convergencia con Europa. Según Eurostat, en 2012 nuestro PIB per cápita medido en paridad de poder de compra se quedó en el 96% de la media de la Unión Europea, prácticamente como en 1998. El proceso de convergencia se interrumpió en el 2007 cuando habíamos llegado al 105% de la media y Zapatero pensaba que sorpassariamos a Italia y por qué no a Francia. Italia ha retrocedido más que nosotros, pero sigue estando por encima de la media de la zona euro.
Peor aún. Eurostat ha publicado por primera vez, y bienvenido sea, un indicador de bienestar que incluye los bienes y servicios públicos consumidos por las familias además de su consumo privado. Con esta vara de medir todavía estamos más lejos, el 92%, de la media. Es el reflejo de los recortes presupuestarios en educación y sanidad. Y en términos de desigualdad hemos retrocedido a los últimos puestos de entre las sociedades europeas.
España y Portugal eran los dos países con menor renta per cápita entre los 11 países que crearon el euro en 1999. Catorce años después siguen siéndolo. Si nos comparamos con los 14 países que ahora forman la unión monetaria, estamos en el puesto numero 10. Cuando se habla de la década perdida de los países latinoamericanos, seamos conscientes de que nosotros ya hemos perdido una década y media. El problema es saber si vamos a perder otra más.
Ahora se nos anuncia el fin de la recesión, pero también se nos advierte que el empleo tardará tiempo en recuperarse. No se entiende, salvo por exigencias del guion, el triunfalismo de Rajoy en su rueda de prensa de fin de año. Su reforma laboral ha sido inútil para crear empleo y ha contribuido mucho al aumento de la precariedad. Somos el segundo país que más empleo ha destruido en el 2013 de entre los 28 que forman la Unión Europea. Y nos hemos convertido en el país más desigual de Europa, quizás solo superados por alguna República báltica o Rumania.
El saneamiento bancario no ha servido para resolver la restricción del crédito que sigue disminuyendo en cantidad y aumentando en precio. Las exportaciones, cuyo aumento se señalaba como el motor de la recuperación han empezado a flaquear. La prima de riesgo ha bajado en todos los países en crisis gracias a Draghi. Los problemas de los países árabes nos han regalado un año turístico muy bueno que ha sido el elemento más dinamizador de nuestra economía en este catastrófico 2013. Y si no ha sido peor es gracias a que las políticas de austeridad no se han aplicado de forma tan exigente como quería Bruselas, es decir, Alemania, sino que en la práctica, a la chita callando, se ha aceptado suavizar el ajuste fiscal. Ni Francia ni España cumplirán con los objetivos de déficit y tampoco pasará nada.
Lo que ocurra en el 2014 dependerá de los cambios que dé la política europea, que puedan resultar del nuevo gobierno alemán. Si seguimos con la misma política, no saldremos de la recesión ni de los insoportables niveles de paro. ¿Es posible que Alemania cambie? Esta es la pregunta decisiva para nuestro futuro. Y sí es posible que lo haga, porque el papel de los socialdemócratas completando la mayoría de Merkel será muy diferente del de los dogmáticos liberales. El problema es a qué ritmo se va a producir ese cambio y si será suficientemente rápido para evitar que continúe la desintegración de las sociedades del sur. Es posible que muchos alemanes no quieran ser responsables de una nueva destrucción de Europa. Pero los ritmos lentos y procelosos que Merkel ha impuesto a la Unión Bancaria, sacrificando su efectividad a los intereses alemanes, no son un buen presagio. A pesar de ello, permítanme desear el mejor 2014 a los lectores de estas páginas digitales.