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“No cabe el indulto para delitos de corrupción y violencia machista”, afirma el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Campo, que defenderá en el Pleno del próximo 14 de febrero la proposición presentada por su grupo para la reforma de la Ley para el ejercicio de Gracia de Indulto que data de 1870(*).
El PSOE ya llevó la iniciativa a la Cámara Baja el año pasado pero decayó por la disolución de las Cortes. En los acuerdos adoptados por PSOE-C’s y PP-C’s también se incluía esta reforma para los delitos de corrupción y el propio Gobierno por boca del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya ha manifestado recientemente su intención de llevarla a cabo. Todo hacer prever que los grupos alcancen un acuerdo para sacarla adelante.
La proposición de ley del PSOE hace hincapié en la excepcionalidad de la medida (“como hecho graciable”) y en la necesidad de motivarla. “No está justificado que este recurso excepcional se aplique a los supuestos de delitos relacionados con la corrupción cometidos por autoridades o cargos públicos ni a los vinculados con la violencia de género”, señala el texto que precisa la exclusión del indulto para aquellos delitos “cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero”.
Aunque no se haya abordado hasta ahora esta reforma, en la práctica ya se viene haciendo. Desde 2014 no ha habido ningún indulto por delitos de prevaricación, cohecho, malversación o apropiación indebida, y desde 2012 no se ha concedido ninguno por violencia machista.
La “segunda pata” de esta proposición de ley se fundamenta -según explica a este periódico el socialista Juan Carlos Campo- en la figura jurídica (inspirada en el ordenamiento jurídico europeo) del “derecho a comprender” que tienen los ciudadanos, es decir, en la necesidad de explicar la motivación de dicho indulto. “El mejor modo de evitar una conducta arbitraria en este ámbito es exigir que todo indulto, sea total o parcial, se acompañe de la expresión concreta de las razones que conducen al Gobierno a concederlo; esto es, a exigir que los Reales Decretos de indulto sean motivados”, dice el texto.
El diputado socialista reclama la necesidad de que los ciudadanos conozcan al detalle los motivos de un indulto, cuya información, hasta ahora, se limita a la publicación en el BOE del nombre del indultado, del delito y de la pena por el que fue condenado. El PSOE ve necesario ampliar dicha información para evitar la “opacidad” del Gobierno en el decreto ley. Por ello quiere incluir la obligatoriedad de que el Consejo de Ministros ponga al detalle las razones por las cuales concede un indulto e incluso informar sobre qué personas o colectivos han solicitado el mismo.
“Será nula y no producirá efecto ni deberá ejecutarse por el Tribunal a quien corresponda, la resolución del indulto en que no se hiciere mención expresa, al menos, a la pena en que recaiga la gracia, al delito cometido, al estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, al título de imputación, al origen de la solicitud de indulto y, finalmente, a la motivación que, a juicio del Gobierno”, precisa la Proposición de ley que será de aplicación a todos los expedientes en tramitación a la entrada en vigor de la misma.
(*) La Ley de 18 de junio de 1870 fue reformada parcialmente por la Ley de 14 enero de 1988 para adecuarla al siglo XX.