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Lesmes asegura que la Sala ha actuado “con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha tomado las riendas de la crisis abierta por la sentencia de las hipotecas y ha convocado para el próximo 5 de noviembre un pleno que deberá decidir sobre el asunto.
Así lo ha anunciado tras la reunión mantenida con el presidente de la Sala III, Luis María Díez-Picazo, y el resto de magistrados de este tribunal que la semana pasada dieron a conocer el fallo sobre el impuesto de hipotecas. Veinticuatro horas después de que el Supremo obligara por sentencia firme a los bancos a reembolsar estas cantidades a sus clientes, Díez-Picazo anunció que dada “su enorme repercusión económica y social”, remitía el fallo al pleno del Supremo para que confirmara o no este “giro” en la jurisprudencia.
Lesmes respaldó este lunes las palabras de Díez-Picazo, cuya dimisión piden ya algunas asociaciones de jueces, asegurando que tanto él como el resto de magistrados que integran la Sala de los Contencioso Administrativo, había actuado en todo momento “con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.
Así se ha manifestado en un comunicado remitido a los medios en el que ha querido dejar claro que la sentencia del 19 de octubre “es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados”.
Lesmes busca así normalizar el clima de opinión y la confusión generada estos días sobre si la sentencia quedaba o no anulada hasta la revisión por el Pleno del Supremo, compuesto de 31 magistrados.
Sin embargo, el hecho de que Lesmes subraye que la sentencia es firme y no susceptible de revisión, no significa que pueda quedar sin efecto si el pleno decide no confirmar la nueva jurisprudencia.
El presidente del Supremo afirma que la decisión de Díez-Picazo “forma parte de sus atribuciones legales” si así “lo estima necesario para la administración de justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en derecho proceda”.