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“Nuestras propuestas hacen hincapié en la prevención de la corrupción. La transparencia es más eficaz en la lucha contra la corrupción que las amenazas de condenas a los corruptos”
EQUO ha presentado sus principales propuestas por la transparencia y contra la corrupción, con las que se busca promover una mayor calidad democrática y salud política. “Estos dos elementos son fundamentales en el programa de EQUO, dos temas que hay que abordar si queremos cambiar la política”, ha comentado Juantxo López de Uralde, cabeza de lista de EQUO a las elecciones del 20 de Noviembre.
En la rueda de prensa han intervenido, además de Uralde, las números 2 y 4 de las listas de EQUO por Madrid, Inés Sabanés y Reyes Montiel, y la portavoz de la coalición Compromís-EQUO en les Corts Valencianas, Mónica Oltra.
“La situación de nuestro país es grave. La transparencia, el control social y la participación ciudadana están bajo mínimos. El debate por la transparencia, contra la corrupción y por la participación ciudadana debería haber sido un debate central durante esta campaña. No habrá democracia real sin transparencia real”, ha afirmado Inés Sabanés. “Desde EQUO creemos que la regeneración democrática no puede producirse sin transparencia pública, porque la ciudadanía nunca estará en condiciones reales de decidir mientras exista opacidad en el proceso de gestión e implementación de las decisiones políticas”, ha añadido Sabanés.
En este sentido, el primer compromiso de EQUO es elaborar una Ley de Transparencia, que regule y reconozca el derecho de acceso a la información pública, un derecho que está directamente relacionado con la calidad democrática de un país. Esa Ley debe obligar a la administración a hacer una labor de difusión activa de la existencia del derecho, facilitando a la ciudadanía el acceso a la información mediante mecanismos rápidos, ágiles y gratuitos. La Ley afectaría, además de a las instituciones, a personas jurídicas bajo régimen privado que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, a empresas públicas y a todo tipo de entidades sostenidas con fondos públicos.
El primer compromiso de EQUO es elaborar una Ley de Transparencia, que regule y reconozca el derecho de acceso a la información pública
Parte de la apuesta de EQUO por la transparencia es una Ley que regule los lobbies, los grupos de presión. “España es uno de los pocos países que ni siquiera se ha planteado regular la actividad de los lobbies. Debería haber un registro, y que los diputados y diputadas tengan la obligación de informar sobre las reuniones con los lobbystas”, ha comentado Montiel.
Además, EQUO pretende acompañar el desarrollo legal del derecho de acceso a la información con la adopción por parte todas las instituciones del estado de un Plan de Gobierno Abierto, que coloque al ciudadano en el centro de la gestión pública, haciendo de la toma de decisiones un proceso compartido y comunicado de forma abierta y transparente. “Este Plan supone un salto fundamental en la calidad democrática española, y debe desarrollarse en torno a tres ejes: la transparencia, la participación y la colaboración”, ha explicado Sabanés.
Por su parte, Mónica Oltra, una de las parlamentarias más comprometidas en la lucha contra la corrupción en nuestro país, ha declarado que “necesitamos gente que defienda la democracia, a través de la transparencia y de la decisión cotidiana de los ciudadanos: se decide todos los días y no sólo cada cuatro años”. “No luchamos contra la corrupción, luchamos por la democracia”, ha precisado.
“No luchamos contra la corrupción, luchamos por la democracia”
La corrupción es uno de los males endémicos de nuestra democracia, y para EQUO, librar a la política española de corrupción debe ser una prioridad en el momento actual. “Los partidos políticos tienen que comprometerse en la lucha contra la corrupción, garantizando la honestidad de sus cargos”, ha defendido Inés Sabanés. En este sentido, EQUO defiende la corresponsabilidad jurídica de los partidos políticos en los casos de cargos públicos condenados por corrupción.
En primer lugar, avalando el cobro de las cantidades económicos objeto de las sanciones impuestas en los casos de penas civiles. Y en el caso de delitos graves, el partido político concurrirá a la pena privativa de libertad del condenado, en la forma de veto a la posibilidad de presentar candidaturas en el territorio origen de los hechos y durante un tiempo por determinar en el contenido de la Ley.
“Si el partido como entidad jurídica ha amparado al corrupto, si también se ha beneficiado el partido, por ejemplo en los casos de financiación ilegal, entra en responsabilidad penal”, ha explicado Mónica Oltra.