![<b>María Dolores de Cospedal en su comparecencia ante los medios de comunicación el miércoles.</b>](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2011/09/01/2011090117073158935.jpg)
El coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, denunció este jueves el Plan de Garantía Social de Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha anunciado por la presidenta regional.
Martínez ha asegurado en rueda de prensa que dentro del plan propuesto por el Gobierno no haya "ni una sola medida de impulso, mejora o mantenimiento de la prestación de estos servicios" y ha señalado que se trata de unas medidas poco rigurosas porque el Gobierno no ha concretado "los efectos" que van a tener en términos económicos, personales y sociales.
"Política ultraconservadora que se va a desarrollar durante toda la legislatura"Ha rechazado que este plan no tenga coste para los ciudadanos de la región porque, a juicio de Martínez, los recortes en personal sanitario y docente afectan a los ciudadanos.
En este sentido, ha resaltado que de los 1.800 millones de euros que se pretende ahorrar, casi 700 afectan directamente a educación sanidad y servicios sociales.
Además, ha explicado que según cálculos de IU, en 2012 se invertirán 900 millones de euros menos que en 2010 en servicios sociales, lo que supone una "situación de desigualdad y necesidad" en la región.
También ha mostrado su oposición a la privatización de Radio Televisión Castilla-La Mancha porque es un camino equivocado y el ente público "debe cumplir el papel de servicio" a la sociedad.
El coordinador regional ha resaltado el "desfase" entre los pocos ingresos que contempla el plan frente al enorme recorte presupuestario que supone. Así, ha asegurado que la cifra de 97,5 millones de euros de ingresos es "absolutamente desproporcionada y ridícula" en comparación con los recortes de más de 1.700 millones, por lo que a juicio de Martínez es "desequilibrado e injusto".
El plan se ha elaborado "sin diálogo, sin negociación y sin posibilidad de aportar o proponer mejoras al mismo", ha asegurado Martínez, por lo que "se podría denominar como una aplicación del nuevo artículo 135 de la Constitución Española", en alusión a la reforma constitucional promovida por el Gobierno central.
DÉFICIT MÁS FLEXIBLE
Preguntado por los medios sobre la forma en la que IU habría llegado a un déficit del 1,3 por ciento, Martínez se ha mostrado contrario a la pretensión de llegar esta cifra de déficit antes de final de año, y ha señalado que es necesario "un techo de déficit mucho más flexible".
Ha explicado que se debe aumentar más del 1,3 por ciento el endeudamiento porque que solo se podrá llegar a esta cifra de déficit si "se da el golpe de gracia al gasto en los servicios públicos más fundamentales", tal como pretende esta Plan, según Martínez.
IU ha anunciado que la semana que viene se reunirá con sindicatos, asociaciones y diferentes ONG que trabajan en C-LM para "contrarrestar" este plan.
Con este "frente social", IU pretende plantear alternativas y movilizaciones para mostrar el rechazo a la "política ultraconservadora que se va a desarrollar durante toda la legislatura".
EL PSOE CALCULA 25.000 EMPLEOS DESTRUIDOS
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado este jueves que el plan de recorte presupuestario anunciado por la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, "supondrá la destrucción de 25.000 puestos de trabajo", por lo que es "es un intento de engañar a los ciudadanos".
El portavoz socialista ha informado de que este plan "será carísimo para Castilla-La Mancha", porque en términos de empleo "va a condenar al paro a 15.000 empleados públicos de la región en los próximos meses, y va a suponer la perdida de 10.000 empleos privados", ya que la paralización de inversiones "supondrá la destrucción de puestos de trabajo, porque, según estudios, por cada millón de euros que se invierte se generan 25 puestos de trabajo".
Además, según Guijarro "también se prevé en dicho plan la reducción de 1.000 plazas concertadas en materia de grandes dependientes", para los que según el dirigente socialista "por cada gran dependiente hacen falta tres trabajadores, por lo que trabajadores de centros de servicios sociales podrán perder su empleo".