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Uno de cada diez empleados del Tribunal de Cuentas son familiares de altos cargos
Ante la información publicada por El País sobre el Tribunal de Cuentas, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO declara que “es inadmisible que un organismo fiscalizador albergue una trama de colocaciones de familiares”. La noticia, que ya adelantaba este medio de comunicación el pasado 9 de junio y vuelve a publicar de manera más exhaustiva, aporta múltiples datos sobre las distintas relaciones familiares que alberga una plantilla de unas 700 personas.
En dicha información se señala cómo el actual y el anterior presidente del comité de empresa por UGT, Alberto Otero y Julio Ronda respectivamente, tienen en el organismo a hermanos y hermanas, cuñados, sobrinos, mujeres y ex mujeres, que han ido accediendo a distintos puestos de las más variadas categorías.
La FSC-CCOO califica los hechos como “un escándalo sin precedentes”, con el agravante de que dichas prácticas se hayan instalado en un ente que tiene como principal misión velar por el cumplimiento de la ley del conjunto de administraciones públicas. "El hecho de que esta situación se haya venido produciendo con complicidad de una parte de la dirección del organismo y de la representación legal de los trabajadores, arroja dudas sobre la tarea de fiscalización que el marco legal le atribuye a este tribunal y su ejecutoria", considera el sindicato.
Por su parte, la sección sindical de CCOO en el Tribunal de Cuentas ha señalado que "esta situación es percibida por la plantilla con preocupación y que el principal objetivo de CCOO en este organismo es luchar contra esta situación y hacer que la honorabilidad de las personas que en él trabajan quede fuera de toda cuestión, una vez se despejen las responsabilidades derivadas de la información publicada". De hecho, fuentes de la sección sindical de CCOO achacan el gran crecimiento electoral en el anterior proceso de este sindicato al "hartazgo" de la plantilla por este tipo de connivencias entre la Administración y los representantes de UGT, que ha venido siendo mayoritario en el organismo.
En la información se relaciona con la trama a Concepción Sáenz, afiliada de CCOO, cuando esta persona es delegada en representación de UGT, tal y como recogen las actas de las anteriores elecciones sindicales. El hecho de presentarse en una lista de otro sindicato significa la baja "automática" de CCOO de cualquier persona afiliada y, con anterioridad, fue apartada por el sindicato de todos los procesos de selección de personal.
El País publicó también el pasado 8 de junio informaciones que denunciaban la fragmentación de contratos para eludir los controles de la Ley de Contratos para las Administraciones Publicas y así adjudicarlos sin pasar por el trámite del concurso, señalando relaciones privadas entre los gestores de estas contrataciones y el constructor beneficiario de las adjudicaciones.
El PSOE pide explicaciones al Tribunal de Cuentas
“Claramente preocupante, alarmante en una institución de estas características”, ha señalado la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, preguntada por este asunto.
“Inmediatamente después de que hemos conocido esto hemos solicitado formalmente la comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas para que venga al Congreso y nos dé información al respecto, y una vez que le escuchemos también solicitaremos las medidas necesarias para que esto no se pueda volver a producir”, explicó.