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Las asociaciones de jueces siguen barajando la opción de convocar una huelga para rechazar la gestión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y las medidas que ha aprobado desde su llegada al Gobierno tales como la ley de tasas judiciales, la cesión a registradores o notarios de trámites realizados antes por el Registro Civil, la rebaja de los jueces sustitutos y la reducción de los días de permiso de los magistrados o la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
JpD y FJI ven motivos para convocar el paro mientras la APM prefiere agotar antes otras opciones de protesta
En este sentido, Bosch ha asegurado que "hay motivos para incrementar las protestas", si bien ha señalado que antes es preciso acordar la hoja de ruta de forma consensuada con el resto de asociaciones de jueces y fiscales que componen la Comisión Interasociativa, que tiene previsto reunirse a partir de la próxima semana, para que las medidas que se adopten cuenten "con el mayor respaldo posible".
"Se han cruzado todas las líneas rojas que dijimos que no aceptaríamos. Se ha aprobado la reforma de la ley orgánica del poder judicial y se ha presentado el proyecto para modificar el Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí vamos a tener que valorar qué respuesta damos", ha explicado.
APM: MEDIDA "DRÁSTICA"
Tampoco ha descartado la huelga la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), dadas las medidas que está adoptado el Gobierno, "contrarias", a su juicio, a sus promesas electorales, si bien su portavoz, María Teresa Sáez, ha matizado en declaraciones que ven esta forma de protesta como la "última" alternativa a llevar a cabo.
"La huelga sería como la última medida, la más drástica, ya al final cuando veamos que no se puede hacer nada, cuando veamos que el ministro nos está dando con la puerta en las narices", ha argumentado, para añadir que si finalmente se tiene que tomar esta decisión, a la APM "personalmente" no le agrada.
Así, Sáez ha insistido en que aunque no rechazan del todo esta medida, no la ven "clara" y son partidarios de llevar a cabo antes otro tipo de acciones, como por ejemplo, "empezar explicando a la ciudadanía la trascendencia que tiene la reforma del Consejo General del Poder Judicial".
De este modo, ha denunciado que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre para reformar el CGPJ "supone la desaparición total de la independencia del Consejo" y su "absoluta politización". "En lugar de hacer una reforma que evite la politización va a aumentarla. Será absoluta y definitiva", ha remarcado.
FJI: HUELGA "CLARÍSIMA"
Los que tienen más "claro" la necesidad de convocar una huelga para denunciar la gestión de Gallardón al frente del Ministerio, a la espera de tratarlo en la próxima reunión de la Comisión Interasociativa, son el Foro Judicial Independiente (FJI). "Nuestra idea es clarísima", ha confirmado en declaraciones su portavoz, Ángel Dolado.
"Todos los números desde el punto de vista de la asociación Foro Judicial Independiente apuntan claramente a la huelga", ha insistido, para criticar que por parte del Gobierno "no ven ninguna vía de negociación abierta". "No nos va a quedar más remedio que adoptar este tipo de medidas", ha añadido.
No obstante, ha matizado que antes de convocar deben intentar "que no sea una huelga sólo de jueces, sino de todo el ámbito de la justicia", para hacer ver que no están defendiendo "intereses gremiales o corporativos", sino denunciando "que este tipo de reformas van en detrimento de lo que es la calidad de la Justicia y del ciudadano".
Asimismo, las asociaciones han criticado que a pesar de haberle pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos dado al "fracaso" de las negociaciones con Gallardón, no han recibido respuesta alguna.