![castedo](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2014/10/31/2014103118225445711.jpg)
El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por unanimidad la declaración institucional por la que se insta a los comités electorales y órganos de dirección de los partidos con representación en el consistorio a evitar incorporar en las listas electorales a imputados por los delitos de corrupción y terrorismo.
Todos los miembros de la corporación, presidida por la alcaldesa del PP, Sonia Castedo -doblemente imputada por delitos relacionados con presunta corrupción en los casos del PGOU y Rabassa derivados de Brugal-, se han mostrado favorables a la declaración, que, finalmente, ha incluido una enmienda a instancias de EU para que tampoco concurran a los comicios personas que también estén imputadas por los delitos de odio, violencia de género y delitos contra la libertad sexual.
Desde cada formación de la oposición se ha justificado el respaldo a la iniciativa menos por parte del PP, que no ha valorado la propuesta. La primera edil se ha limitado a hacer constar que "queda aprobada" la resolución, dado que al tratarse de una iniciativa aprobada por unanimidad no cabe voto a mano alzada. Posteriormente, ha abandonado el pleno a su término sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.
En estos momentos son "muchos los casos que asolan España y a muchos partidos" y ha reclamado que "es el momento" para mostrar rechazo porque "la ciudadanía exige medidas ejemplarizantes"
"MEDIDAS EJEMPLARIZANTES"
El concejal de UPyD, Fernando Llopis, ha defendido la declaración porque su formación "siempre hemos sido inflexibles con la corrupción" y ha recordado que en estos momentos son "muchos los casos que asolan España y a muchos partidos" y ha reclamado que "es el momento" para mostrar rechazo porque "la ciudadanía exige medidas ejemplarizantes". Así ha indicado que "no nos valen las suspensiones de militancia".
Llopis ha remarcado que fue UPyD quien denunció y destapó los casos de corrupción ligados a Bankia "con la querella que sacó a la luz" diversas tramas "la última las famosas 'tarjetas black'". También ha sacado a colación los casos Malaya, los ERE en Andalucía o el caso Brugal -en el que está imputada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo-, "con 33 imputados del PP, seis del PSPV y tres de EU, y 16 causas investigadas".
Ante ese "panorama desolador", Llopis ha considerado "imprescindible" que Alicante "dé una imagen" de ciudad implicada "de lucha contra la corrupción" y de "limpieza de las listas electorales". Así, ha instado a los partidos políticos con representación a no situar en las listas a personas imputadas y ha estimado "deseable" que el resto de formaciones también sigan esa doctrina.
Ha recordado que UPyD tiene en sus estatutos esa imposibilidad y ha afirmado que "nosotros no queremos hacer pasar el bochorno a un ciudadano de tener que votar una lista para después ver cómo un cargo público desfila ante la justicia por delitos cometidos contra la propia administración".
"La indignación ciudadana y la acción en la calle ha acelerado la acción de la justicia contra la corrupción"
"SE ACABÓ LA FIESTA"
Por su parte, el concejal de EU Daniel Simón ha respaldado la declaración institucional porque "la fiesta se ha acabado" y con ella "la impunidad". "La indignación ciudadana y la acción en la calle ha acelerado la acción de la justicia contra la corrupción", ha dicho Simón, quien ha considerado que "ha sido la gente en la calle la está echando a los corruptos y no nos representan".
Por su parte, desde el PSPV, Miquel Ull ha apoyado la propuesta porque cabe "luchar contra corrupción desde absolutamente todos los frentes" y "ser inflexibles" en las medidas para "extirparla". Ull ha calificado la actual situación "como de alarma social" por lo que el "actual debate sirve para algo". Así, ha indicado que los corruptos deben ser "expulsados" pero también "se erradica con medidas legales" para extirpar de raíz la corrupción con medidas legales" y "con el bloqueo en las listas".