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La Agencia Tributaria (AEAT) ratifica, en el último informe que ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que la empresa propiedad al 50 por ciento de los Duques de Palma, Aizoon, facturó servicios "íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin", por hasta un total de 1,6 millones de euros, a fin de que estos ingresos pudieran ser ocultados en la declaración del IRPF del yerno del Rey.
Aizoon, facturó servicios "íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin", por hasta un total de 1,6 millones de euros, a fin de que estos ingresos pudieran ser ocultados en la declaración del IRPF del yerno del Rey
En un informe de 192 páginas, Hacienda subraya el hecho de que Aizoon, y no el propio Urdangarin, fuese contratada por las sociedades receptoras de los servicios que prestaba el Duque. Tanto es así que, abunda, ni en el sumario de la causa ni expediente administrativo alguno figuran testimonios de las actividades de consultoría "pretendidamente desarrolladas por Aizoon".
El análisis de la AEAT se suma a los datos solicitados por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para dirimir el alcance que tuvo la intervención de la Infanta en las presuntas irregularidades cometidas a través de Aizoon, y decidir si acuerda su imputación en el marco de este procedimiento judicial. Pese a que resta por presentar un informe más de Hacienda, este último incorporado a la causa desvincula a la hija del Rey con la supuesta defraudación a Hacienda.
De hecho, la AEAT incide en que únicamente fue Urdangarin quien, a través de Aizoon, percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de la mercantil cuya titularidad comparte con su mujer con el fin de tributar menos en su declaración de la renta.
Más en concreto, se trata de unos ingresos procedentes de mercantiles como Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde que, de acuerdo con los datos obtenidos por la Agencia Tributaria, debían imputarse a la persona física [de Urdangarin] y no a la persona jurídica [Aizoon].
Hacienda cuantifica en un total de 699.720 euros los ingresos netos obtenidos por la prestación de este tipo de servicios en 2007; en 451.888 en 2008; 378.734 en 2009 y 106.463 en 2010, cantidades que, según los técnicos de la Agencia Tributaria, deben ser consideradas rentas de Urdangarin e integrarse en su IRPF. Así, hasta un total de 1,6 millones de euros de los 1,7 que ingresó Aizoon durante esos años -el resto de rendimientos corresponden a financieros y de alquiler-.
LA EMPRESA CONTABA CON UN ÚNICO EMPLEADO
El informe recalca, sin embargo, que la mercantil carece de la organización mínima de medios de producción, tanto materiales como humanos, necesarios para el normal desarrollo de esta labor de asesoramiento. De hecho, Hacienda subraya que el único trabajador "no ficticio" con que contaba la empresa era Mario Sorribas, que estuvo en nómina entre 2009 y 2010 y en realidad "prestaba servicios para el señor Urdangarin en cualquiera de sus facetas".
En lo que a gastos se refiere, la AEAT apunta que la mercantil ha deducido al mismo tiempo gastos con entidades terceras cuyas facturas "bien pudieran representar el importe de subcontrataciones de determinados cometidos o trabajos, cuando no una forma de reparto entre los colaboradores de un mismo proyecto de los ingresos facturados al cliente final".
Entre los proyectos citados en el documento, Hacienda alude al denominado '3x3. Una nueva competición deportiva de baloncesto', por el que Aizoon percibió en agosto de 2010 dos transferencias de la Federación Internacional de Basket Amateur (FIBA) por un total de 60.000 francos suizos (44.313 euros), a pesar de que "no existe constancia del resultado o del producto elaborado en relación con estos proyectos", añaden los técnicos.
AIZOON Y LA INFANTA, EN EL FOCO DE LAS INVESTIGACIONES
Al margen de este informe, el juez se encuentra a la espera de que le sean entregados otros datos de Hacienda y otro informe de la Policía Nacional antes de decidir si imputa a la hija del Rey Don Juan Carlos por presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales. Para ello, Castro ha apremiado a la AEAT a fin de que remita lo antes posible esta información, al aseverar que la "tardanza" en presentarlos está generando "un gran retraso en la instrucción".
Precisamente, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares le emplazó el pasado mes de mayo a poner término a las pesquisas relacionadas con la Duquesa de Palma, tanto con su imputación por presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales o con el archivo definitivo de las investigaciones, "en aras de evitar mayores especulaciones" y debido a que "no resulta posible ni aceptable investigarla indefinidamente".
Las pesquisas van encaminadas a averiguar si la Infanta era consciente de la procedencia ilícita del dinero que recibía Aizoon -que además se nutría de los fondos de origen presuntamente ilícito recibidos por el Instituto Nóos de las Administraciones públicas-, lo que permitiría dilucidar si la Duquesa de Palma incurrió en un delito de blanqueo de capitales, además de esclarecer si defraudó a la Agencia Tributaria.