¿Gürtel 2?
21 de julio de 2010 (05:19 h.)
Los socialistas madrileños sospechan que las empresas del grupo podrían haber actuado como pantalla de las que dirigía Francisco Correa, el 'cerebro' de la trama masiva de corrupción Gürtel. Tomás Gómez asegura que esto "va a dar mucho que hablar" en el futuro.
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 19.7.2010
Los servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid (PSM), personado como acusación popular en el 'caso Gürtel', han solicitado al juez Antonio Pedreira que reclame a la Comunidad de Madrid y a los municipios de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, su facturación entre los años 2000 y 2009 con las empresas que conforman el Grupo Rafael.
El escrito presentado ante el instructor, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, señala que la "importante facturación cruzada" detectada por los informes de la policía judicial entre las empresas del Grupo Correa y las del Grupo Rafael, así como la de éstas con la administración regional y locales, tendría un objetivo de ocultación.
En concreto, su fin sería "ocultar la identidad" de las empresas del Grupo Correa a través del "ardid" consistente en que las empresas del Grupo Rafael hubieran actuado como "'pantalla' para eludir los límites de la contratación con Administraciones Públicas, realizando en definitiva las empresas del Grupo Rafael la contratación y facturación por los actos, pero siendo materialmente realizados y facturados por las empresas de Francisco Correa, que de nuevo, y de esta forma absolutamente ilegal, con el conocimiento de autoridades de esas Administraciones, habrían resultado beneficiadas".
Se da la circunstancia --recalca la petición de diligencias-- de que algunas de estas empresas han sido tradicionalmente proveedoras de las empresas del Grupo Correa, para actos realizados por éstas en la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, entre otros, tal como se desprende de la contabilidad de Easy Concept, SL que se encuentra en los autos.
Se trata de las empresas Tecnimagen Rafael, SL., Fotomecánica Rafael, SA, Fotomecánica Doble M, SL, dedicadas a la "Actividades anexas de Artes Gráficas" y Kilda Producciones SL, centrada en " Alquiler locales industriales".
Por ello, dice el escrito remitido a Pedreira, carece de explicación que las empresas del Grupo Rafael hayan facturado directamente a la Comunidad de Madrid y demás organismos y que posteriormente, hayan abonado a su vez facturas a empresas de las empresas de Correa, tal y como se desprende de la información aportada por la AEGT. De todo ello, señala, existen testimonios tanto de imputados como Isabel López Jordán, como documentos (en forma de cruce de correos electrónicos), que indican que un asesor de la Viceconsejería de Vicepresidencia, cuyo titular era Alberto López Viejo, llamado Pedro Rodríguez Pendás, era con quien las empresas del denominado Grupo Rafael mantenían contactos con la Administración de la Comunidad de Madrid. Por esta razón, los abogados del PSM han reclamado a Pedreira que cite a declarar como testigo a Rodríguez Pendás.
Además de solicitar la facturación comprendida entre los años 2000 y 2009, pide que para el caso de los contratos menores se aporten las facturas; y que para los que la adjudicación sea negociada sin publicidad, el expediente de contratación completo (pliegos, cartas de invitación, ofertas recibidas, valoración de ofertas, etc).
Asimismo, para los procedimientos de contratación abiertos y en caso de que la forma de adjudicación fuera concurso o subasta, reclama que se remita toda la documentación preparatoria del expediente y, de forma especial, las ofertas económicas y técnicas recibidas, los acuerdos de los órganos colegiados, las actas de recepción de la obra o servicio y los justificantes económicos de la operación.
El Partido Socialista de Madrid (PSM), a través de sus servicios jurídicos, ha solicitado al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que investigue la relación económica de la Comunidad de Madrid con el Grupo Rafael, a la luz de "serias sospechas" respecto a que las empresas de esta sociedad podrían estar siendo contratadas con "los mismos mecanismos" que se utilizaron con la red de Francisco Correa.
Según ha explicado el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, en rueda de prensa, esta petición "va a dar mucho que hablar" en el futuro. "El Grupo Rafael es un grupo empresarial sobre el que tenemos serias sospechas --más que sospechas, tenemos alguna información-- de que es el que ha ocupado el lugar del grupo Correa. De hecho, estos señores eran proveedores del Grupo Correa", ha anunciado.
Por ello, el PSM ha solicitado al juzgado que reclame las facturas de los contratos menores; en el caso de adjudicación negociada sin publicidad, el expediente de contratación completo; para el caso de contratación abierta, la forma de adjudicación, etc... , pero también que el Gobierno informe sobre ello en sede parlamentaria. "Yo le digo una cosa a la presidenta Esperanza Aguirre: Si la contratación con el grupo Rafael está limpia y no es como la del grupo Correa y el Gürtel, no tendrá ningún inconveniente en entregar esa documentación al Partido Socialista. No entendemos por qué tantas trabas, por qué tanta ocultación y falta de transparencia. O es que, ¿siguen haciendo lo mismo con empresas que tienen otro nombre? que es a lo que parece apuntar todo esto... Porque es que ya sería una tomadura de pelo enorme al conjunto de los madrileños que, además del Gürtel I, también tuviésemos el Gürtel 2", aseveró.
En este sentido, se preguntó quién está montando los actos públicos de la presidenta a día de hoy y cómo se contratan los mismos. Así, Gómez puso sobre la mesa su preocupación de que haya "empresas pantalla que ya trabajaban para el Gürtel". Por el momento, dijo, son "preguntas" dirigidas a la presidenta, pero avanzó que si no hay respuesta por parte del Gobierno regional, aportará "alguna información". El líder del PSM recordó que el Grupo Rafael aparece en un informe realizado por la Agencia Tributaria en el sumario del caso Gürtel, donde se le cita por el cruce de la contabilidad con las empresas de Correa. "Pregunto si estas empresas siguen trabajando para la Comunidad de Madrid y si lo están haciendo, cómo se contrata a esa gente. ¿Se siguen los mismos mecanismos que con Correa?", planteó.
Por otra parte, Gómez dijo que al PSM les sorprende muchísimo cómo está utilizando la Comunidad de Madrid sus recursos jurídicos en el caso Gürtel, donde está personada "supuestamente como perjudicada y víctima" de la trama Correa y sin embargo los utiliza "como defensa del PP, contestando a toda acción judicial" que pueda ayudar a aclarar la situación.
"Esto es grave porque se está utilizando al letrado de la Comunidad de Madrid para defender a un partido político, al PP, y no los intereses de la Comunidad de Madrid. Eso es una utilización fraudulenta", ha destacado Gómez, por lo que avanzó que en el ámbito parlamentario reclamarán al Gobierno autonómico "que deje de enredar con los servicios jurídicos que pagamos todos con nuestros impuestos". Así, reclamó al equipo de Aguirre que no eche tierra encima del asunto más grave de corrupción que ha afectado al gobierno regional en toda su historia.
Los servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid (PSM), personado como acusación popular en el 'caso Gürtel', han solicitado al juez Antonio Pedreira que reclame a la Comunidad de Madrid y a los municipios de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, su facturación entre los años 2000 y 2009 con las empresas que conforman el Grupo Rafael.
El escrito presentado ante el instructor, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, señala que la "importante facturación cruzada" detectada por los informes de la policía judicial entre las empresas del Grupo Correa y las del Grupo Rafael, así como la de éstas con la administración regional y locales, tendría un objetivo de ocultación.
En concreto, su fin sería "ocultar la identidad" de las empresas del Grupo Correa a través del "ardid" consistente en que las empresas del Grupo Rafael hubieran actuado como "'pantalla' para eludir los límites de la contratación con Administraciones Públicas, realizando en definitiva las empresas del Grupo Rafael la contratación y facturación por los actos, pero siendo materialmente realizados y facturados por las empresas de Francisco Correa, que de nuevo, y de esta forma absolutamente ilegal, con el conocimiento de autoridades de esas Administraciones, habrían resultado beneficiadas".
Se da la circunstancia --recalca la petición de diligencias-- de que algunas de estas empresas han sido tradicionalmente proveedoras de las empresas del Grupo Correa, para actos realizados por éstas en la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, entre otros, tal como se desprende de la contabilidad de Easy Concept, SL que se encuentra en los autos.
Se trata de las empresas Tecnimagen Rafael, SL., Fotomecánica Rafael, SA, Fotomecánica Doble M, SL, dedicadas a la "Actividades anexas de Artes Gráficas" y Kilda Producciones SL, centrada en " Alquiler locales industriales".
Por ello, dice el escrito remitido a Pedreira, carece de explicación que las empresas del Grupo Rafael hayan facturado directamente a la Comunidad de Madrid y demás organismos y que posteriormente, hayan abonado a su vez facturas a empresas de las empresas de Correa, tal y como se desprende de la información aportada por la AEGT. De todo ello, señala, existen testimonios tanto de imputados como Isabel López Jordán, como documentos (en forma de cruce de correos electrónicos), que indican que un asesor de la Viceconsejería de Vicepresidencia, cuyo titular era Alberto López Viejo, llamado Pedro Rodríguez Pendás, era con quien las empresas del denominado Grupo Rafael mantenían contactos con la Administración de la Comunidad de Madrid. Por esta razón, los abogados del PSM han reclamado a Pedreira que cite a declarar como testigo a Rodríguez Pendás.
Además de solicitar la facturación comprendida entre los años 2000 y 2009, pide que para el caso de los contratos menores se aporten las facturas; y que para los que la adjudicación sea negociada sin publicidad, el expediente de contratación completo (pliegos, cartas de invitación, ofertas recibidas, valoración de ofertas, etc).
Asimismo, para los procedimientos de contratación abiertos y en caso de que la forma de adjudicación fuera concurso o subasta, reclama que se remita toda la documentación preparatoria del expediente y, de forma especial, las ofertas económicas y técnicas recibidas, los acuerdos de los órganos colegiados, las actas de recepción de la obra o servicio y los justificantes económicos de la operación.
El Partido Socialista de Madrid (PSM), a través de sus servicios jurídicos, ha solicitado al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que investigue la relación económica de la Comunidad de Madrid con el Grupo Rafael, a la luz de "serias sospechas" respecto a que las empresas de esta sociedad podrían estar siendo contratadas con "los mismos mecanismos" que se utilizaron con la red de Francisco Correa.
Según ha explicado el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, en rueda de prensa, esta petición "va a dar mucho que hablar" en el futuro. "El Grupo Rafael es un grupo empresarial sobre el que tenemos serias sospechas --más que sospechas, tenemos alguna información-- de que es el que ha ocupado el lugar del grupo Correa. De hecho, estos señores eran proveedores del Grupo Correa", ha anunciado.
Por ello, el PSM ha solicitado al juzgado que reclame las facturas de los contratos menores; en el caso de adjudicación negociada sin publicidad, el expediente de contratación completo; para el caso de contratación abierta, la forma de adjudicación, etc... , pero también que el Gobierno informe sobre ello en sede parlamentaria. "Yo le digo una cosa a la presidenta Esperanza Aguirre: Si la contratación con el grupo Rafael está limpia y no es como la del grupo Correa y el Gürtel, no tendrá ningún inconveniente en entregar esa documentación al Partido Socialista. No entendemos por qué tantas trabas, por qué tanta ocultación y falta de transparencia. O es que, ¿siguen haciendo lo mismo con empresas que tienen otro nombre? que es a lo que parece apuntar todo esto... Porque es que ya sería una tomadura de pelo enorme al conjunto de los madrileños que, además del Gürtel I, también tuviésemos el Gürtel 2", aseveró.
En este sentido, se preguntó quién está montando los actos públicos de la presidenta a día de hoy y cómo se contratan los mismos. Así, Gómez puso sobre la mesa su preocupación de que haya "empresas pantalla que ya trabajaban para el Gürtel". Por el momento, dijo, son "preguntas" dirigidas a la presidenta, pero avanzó que si no hay respuesta por parte del Gobierno regional, aportará "alguna información". El líder del PSM recordó que el Grupo Rafael aparece en un informe realizado por la Agencia Tributaria en el sumario del caso Gürtel, donde se le cita por el cruce de la contabilidad con las empresas de Correa. "Pregunto si estas empresas siguen trabajando para la Comunidad de Madrid y si lo están haciendo, cómo se contrata a esa gente. ¿Se siguen los mismos mecanismos que con Correa?", planteó.
Por otra parte, Gómez dijo que al PSM les sorprende muchísimo cómo está utilizando la Comunidad de Madrid sus recursos jurídicos en el caso Gürtel, donde está personada "supuestamente como perjudicada y víctima" de la trama Correa y sin embargo los utiliza "como defensa del PP, contestando a toda acción judicial" que pueda ayudar a aclarar la situación.
"Esto es grave porque se está utilizando al letrado de la Comunidad de Madrid para defender a un partido político, al PP, y no los intereses de la Comunidad de Madrid. Eso es una utilización fraudulenta", ha destacado Gómez, por lo que avanzó que en el ámbito parlamentario reclamarán al Gobierno autonómico "que deje de enredar con los servicios jurídicos que pagamos todos con nuestros impuestos". Así, reclamó al equipo de Aguirre que no eche tierra encima del asunto más grave de corrupción que ha afectado al gobierno regional en toda su historia.