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Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), son un instrumento concebido inicialmente para canalizar el ahorro hacia aquellos nichos de inversión que de acuerdo con su propia política de inversiones, decida en cada momento. Aparentemente se trata de facilitar el ahorro mediante sociedades que deben estar abiertas a cualquier inversor que se decante por esta figura.
La realidad es bien distinta. Actualmente hay unas 2.800 SICAVs censadas que aglutinan unos 31.000 millones de euros. Lejos de estar abiertos a cualquier inversor, son instrumentos reservados para grandes patrimonios pues ya para su constitución se exige un patrimonio mínimo de 2.8 millones de euros.
Habitualmente se suele criticar el tratamiento fiscal favorable que tienen estas instituciones centrando la crítica en el tipo impositivo del 1% que tienen establecido en el impuesto sobre sociedades. Desde el punto de vista de la teoría de la doble imposición dicho tipo responde a la necesidad de no volver a gravar beneficios que ya tributaron en las empresas que han sido objeto de inversión por parte de la SICAV.
Esa es la justificación del 1% que tanto preocupa. Es más el socio de las Sicav en el momento de recuperar su inversión deberá tributar como renta del ahorro las plusvalías obtenidas, al tipo del 21, 23 o 27 % según corresponda lo cual equipara su tributación a la de cualquier otro ahorrador.
Sin embargo la verdadera preocupación que debe pesar sobre estos instrumentos es la total ausencia de control que pesa sobre ellos. Actualmente el control del cumplimiento de los requisitos para constituir una SICAV está en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVMV) la cual se limita básicamente a comprobar que, en el momento de su constitución la SICAV cumple con los requisitos formales y de capital para autorizar su constitución. Una vez autorizada, su control se limita a constatar que dichos requisitos se siguen cumpliendo en el tiempo. La CNMV no controla el origen de los fondos que constituyen la SICAV. Tampoco controla a los verdaderos titulares del patrimonio que se materializa en la SICAV, el cual suele estar conectado con paraísos fiscales. En definitiva la CNMV no tiene capacidad para determinar si se está utilizando o no fraudulentamente esta institución sencillamente porque ni dispone de medios ni dispone de la información necesaria.
Baste señalar como ejemplo el siguiente cuadro, analizando los datos de las Sicav`s de 2012 realizado por CCOO para ver esta realidad:
Al cierre de 2012 existían 2.924 sicav’s con actividad también en 2011. El número total de accionistas ascendía a 387.085 lo que suponía una participación media del 0,76% por accionista. En ese mismo ejercicio 1.135 sicav`s, 38,8% del total, tenian un accionista que controlaba más del 80% de las acciones.
Los medios y la información o, la posibilidad de obtenerla está en manos de la Agencia Tributaria, la cual paradójicamente no tiene competencia para poder investigar la utilización fraudulenta de una SICAV. Solamente puede centrarse en determinar si su liquidación de impuesto de sociedades al 1% es correcta o no. Por tanto el único organismo capaz de poder destapar la verdadera realidad que hay detrás de una SICAV sencillamente no puede hacerlo porque la normativa no le ampara.
Esta falta de control sobre ellas es lo que ha motivado que el número de SICAV se haya incrementado de manera notable en los últimos años. Es decir lejos de producirse un efecto deslocalización acorde con la fuga de capitales tan importante que ha sufrido este país desde el inicio de la crisis, las SICAV han crecido tanto en número como en patrimonio gestionado.
Parece paradójico que en un país con un nivel de fraude fiscal situado en el entorno del 20% se pueda permitir que 27.500 millones de euros escapen al control de Hacienda. Se desconoce el origen de esos fondos, la verdadera estructura patrimonial que hay detrás y sobre todo, es imposible determinar si la SICAV es fraudulenta o no y, si se han cometido delitos como blanqueo de capitales o delito fiscal.
El verdadero problema de las SICAV no es el 1%, sino la absoluta falta de control que hay sobre ellas. Ese y no otro, es su verdadero privilegio del que carece cualquier asalariado de este país.
Carlos Justicia Diaz | Inspector de Hacienda. Miembro del Grupo de fiscalidad de la CS de CCOO