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La exvicepresidenta económica, Elena Salgado, ha asegurado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó las decisiones "que correspondía tomar" en ese momento económico, ya que cuando se gobierna hay que decidir en función de los datos disponibles.
La exvicepresidenta ha garantizado que todas las decisiones se tomaron pensando que el coste debía ser "mínimo" para el contribuyente y que había que evitar resoluciones "desordenadas" que podrían haber producido "contagio, pérdida de confianza y más restricciones" de crédito.
Salgado ha comenzado su intervención asegurando que el sistema financiero resistió "razonablemente bien" la primera oleada de la crisis porque contaba con un régimen de supervisión más "prudente" que otros países y porque las entidades no habían participado en productos más complejos.
A pesar de la resistencia inicial, el sistema no fue "inmune" a una crisis, que supuso desde el principio un endurecimiento del acceso a los mercados y de la liquidez, así como un deterioro de los activos, sobre todo los relacionados con el sector inmobiliario.
Para preservar la estabilidad financiera, el Gobierno de Zapatero empezó a tomar las medidas que correspondían a las circunstancias de cada momento, por lo que empezó por elevar el nivel de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos cuando aparecieron las primeras dudas sobre los mismos.
De la misma forma, creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y diseñó un programa de compra de activos y de avales cuando comenzaron las dificultades de liquidez. A partir de abril de 2009, cuando ya ostentaba la vicepresidencia económica, empezó a detectarse que algunas entidades podrían ver comprometida su viabilidad en los meses siguientes y cierto riesgo sistémico.
En esas circunstancias y para evitar resoluciones desordenadas de alguna entidad y la pérdida de confianza, se diseñó una estrategia de reforma que favoreciera la reestructuración ordenada del sistema. Esta estrategia, según Salgado, siguió "al pie de la letra" el principio incluido en la proposición no de ley aprobada por el Congreso.
Con este plan, se pretendía que la reestructuración se hiciera conservando en lo posible los mecanismos tradicionales, agotando las soluciones privadas, evitando mantener entidades no viables, favoreciendo la responsabilidad de accionistas y gestores y recapitalizando cuando fuera necesario. Además, el proceso debía ser "transparente y proteger a los depositantes".
"QUISIMOS CONTAR CON TODOS"
Para desarrollar el proceso, Salgado ha recordado que el Gobierno socialista quiso "contar con todos", con los grupos políticos y el Banco de España. "Gracias a eso y al apoyo del principal partido de la oposición (PP) pudimos convalidar los cuatro decretos durante mi etapa como ministra", ha subrayado.
La exvicepresidenta ha repasado los pasos que siguió el Gobierno en le reestructuración financiera, con un decreto para "completar la caja de herramientas" y facilitar las operaciones de reordenación estructural con medidas de recapitalización en las entidades en proceso de integración.
Adicionalmente, se articuló un apoyo temporal a entidades solventes a través de la adquisición de preferentes condicionada a la reestructuración de solicitantes, una condición "absolutamente necesaria" para cumplir con Europa.
DESPOLITIZAR LAS CAJAS, EL SEGUNDO PASO
Un segundo paso fue la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro para, un "hito histórico" que pretendía "mejorar la gestión, alejar injerencias políticas y dotar a las cajas de más capacidad para la reformulación de sector con cierto acceso a los mercados".
El tercer paso, según la exvicepresidenta, se concretó en un decreto de reforzamiento de la solvencia de entidades que establecía un nivel elevado de exigencia (un core capital del 8% o del 10%) para acelerar la fase final de la reestructuración y garantizar que todas las entidades tuvieran los niveles suficientes para eliminar las dudas sobre su solvencia.