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En su reforma fiscal, el Gobierno ha decidido suprimir la deducción estatal al alquiler de vivienda habitual, que actualmente supone el 10,05% de las cantidades pagadas por el arrendatario en el año anterior a la declaración de la Renta.
Ahora, si un contribuyente paga 6.000 euros anuales en alquiler y no supera una base imponible de 17.707,2 euros brutos, tiene derecho a que Hacienda le devuelva 603 euros, pero esta ventaja fiscal dejará de existir para todos aquellos contratos de alquiler que se firmen a partir del 1 de enero de 2015.
Los inquilinos que mantengan su domicilio en viviendas con contratos de alquiler formalizados antes de 2015, podrán seguir deduciéndose la cuota estatal siempre y cuando el Ejecutivo no modifique la norma para aplicarla con carácter retroactivo
Sin embargo, los inquilinos que mantengan su domicilio en viviendas con contratos de alquiler formalizados antes de 2015, podrán seguir deduciéndose la cuota estatal siempre y cuando el Ejecutivo no modifique la norma para aplicarla con carácter retroactivo, como ya ocurrió cuando se redujo el importe de la deducción por adquisición de vivienda, y como se ha venido barajando respecto de quienes aún mantienen la deducción.
De todas formas, quedará por saber qué harán las comunidades autónomas, ya que son bastantes las que ofrecen desgravación a los arrendatarios. Madrid ha sido la primera en anunciar que mantendrá la deducción, que en su caso es del 20% con un límite de 840 euros anuales. De lo que decidan las demás dependerá que una parte de los alquileres se pasen a la economía sumergida, lo que supondría una merma considerable de dinero para las arcas públicas.
De hecho, el coste para el Estado de mantener esta deducción es de 185 millones de euros anuales, beneficiando a algo más de 870.000 contribuyentes, mientras que los alquileres pagados en B suponen, según los cálculos que manejamos los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), un rendimiento neto no declarado de unos 2.700 millones de euros anuales, una cifra muy superior y escapa al control del fisco.
Desde Gestha, consideramos que esta medida es un aliciente más para el aumento de la economía sumergida, que ya representa el 24,6% del PIB de nuestro país y que supone una pérdida recaudatoria de unos 90.000 millones de euros cada año.
Contesta Carlos Cruzado,
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)