![](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2012/11/16/2012111619102331474.gif)
El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, considera "incongruente" que los trabajadores públicos tengan que pagar la cotización correspondiente a la paga extraordinaria de Navidad de este año, que no cobrarán, y pide al Gobierno que reconsidere esta decisión.
En una pregunta parlamentaria, recogida por Europa Press, Llamazares explica que los 900.000 funcionarios del régimen de clases pasivas verán minoradas sus nóminas de diciembre un 3,6%. "Se da la paradoja que, por el efecto de esta doble imposición, los funcionarios que cotizan por clases pasivas cobrarán en diciembre incluso menos que en noviembre", añade.
Según indicó el Ministerio de Hacienda, el mantenimiento de esta cotización busca "no perjudicar la futura pensión de los funcionarios" a pesar de que, según Llamazares, "el efecto de esa cotización sobre la pensión de jubilación será prácticamente nulo".
"Tampoco es un argumento jurídico la promesa de compensar la paga extra suprimida en 2012, porque ese compromiso no figura en el decreto ley ni en ninguna otra norma estatal", critica el diputado asturiano.
TIENEN DERECHO A COBRARLA
Además, recuerda que cuando se aprobó la supresión de la paga de Navidad (en julio) "todos los empleados públicos habían devengado ya el derecho a percibirla en las condiciones previstas en los Presupuestos de 2012" por lo que, a su juicio, "debe abonarse la parte correspondiente" hasta ese momento.
De hecho, Llamazares recuerda que ése ha sido el criterio utilizado con los empleados públicos que finalizaron la relación de servicios o su contrato antes del 15 de julio, a los que "se les ha abonado la parte proporcional de la paga correspondiente".
En este sentido, el diputado recuerda que incluso la Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, "ha recomendado que la supresión de esta paga comience a aplicarse en el momento en que se publicó el decreto, al considerar que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado".
Por todo ello, Llamazares pregunta al Ejecutivo "cómo justifica la incongruencia de que los funcionarios se vean obligados a pagar la cotización correspondiente a la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que no cobrarán" y si "piensa reconsiderar su decisión y presentar con urgencia en el Congreso una disposición que exonere a los funcionarios del pago de esa cotización o, en su caso, les sea devuelto el dinero abonado". "¿Piensa el Gobierno seguir la recomendación de la Defensora del Pueblo?", añade.