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En muchas ocasiones los contribuyentes no declaran ampliaciones en sus casas o nuevas construcciones en sus fincas, lo que supone menores ingresos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles
Esta semana Hacienda ha querido dar un golpe encima de la mesa filtrando a la prensa un informe de la última investigación realizada por la Dirección General del Catastro con intención de destapar el fraude en el sector de la vivienda, uno de los más propicios para la picaresca fiscal. Precisamente, en muchas ocasiones los contribuyentes no declaran ampliaciones en sus casas o nuevas construcciones en sus fincas, lo que supone menores ingresos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En un principio, la ‘operación’ dejó a más de uno boquiabierto, ya que supuestamente era la primera vez que se usaban medios aéreos para llevar a cabo este rastreo que viene siendo habitual para detectar estas infracciones. Además, se publicó que, gracias a la investigación, las arcas públicas habían recaudado 1.254 millones de euros más en concepto de IBI tras regularizar 1,69 millones de inmuebles. No obstante, es necesario poner estas cifras en perspectiva para entender la verdadera envergadura de la operación.
Aunque esta cantidad aflorada pueda parecer a priori elevada, lo cierto es que, según los cálculos de Gestha, apenas supone el 2% de los ingresos totales recaudados por el IBI en los últimos cinco años, que superaron los 12.510 millones de euros solo en 2015. En concreto, esos 1.254 millones levantados son el resultado de las liquidaciones del IBI que se han reclamado por parte de los ayuntamientos en los últimos cinco años, correspondientes a los cuatro ejercicios anteriores no prescritos desde que se detectaron las ampliaciones de esos inmuebles.
¿Esto qué significa? Pues que en términos relativos estas cifras no suponen grandes magnitudes. Otro ejemplo de ello es que los 1,69 millones de viviendas regularizadas solo suponen el 3,8% del total de inmuebles que hay en España, cuyo número asciende a 42,8 millones. De este modo podemos ver, con las cifras en la mano, la verdadera trascendencia de esta operación para las arcas públicas.
Aunque investigaciones como ésta son necesarias y contribuyen a crear conciencia de la importancia de pagar impuestos, su difusión tiene mucho más de puesta en escena que de otra cosa. La introducción de medios aéreos en la operación le ha dado tintes incluso cinematográficos, pero más allá, la realidad dibuja un panorama desolador en el ámbito impositivo, con una economía sumergida que asciende al 24,6% del PIB -253.000 millones de euros-.
Los Técnicos de Hacienda, considerando positiva dicha investigación, aun con los matices expuestos, entendemos que es momento de centrarnos en lo fundamental, que es combatir con mayores medios y eficacia las grandes bolsas de fraude, que se localizan en las grandes empresas y patrimonios y suponen más del 70% del total. Para ello, es momento de que España ponga en marcha un plan de lucha contra el fraude efectivo, eficaz y realista, con el que se podrían recaudar hasta 40.000 millones anuales.