El propio FMI reconoce: los españoles siguen sufriendo el legado de la crisis económica. Lo más relevante, 5,9 millones de personas están desempleadas y más de la mitad de ellos llevan en esa situación más de un año
La realidad desmiente de nuevo a uno de los gurús de la economía, el FMI, que vuelve a errar tanto en el diagnóstico de nuestra economía como en las recetas que propone, que vuelven a cargar contra los trabajadores y los ciudadanos, en general. Pese a la publicitada recuperación de algunas cifras macroeconómicas ésta no llega a las personas. La Encuesta de Condiciones de Vida en España que publicó ayer el INE constata esto: la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en ya el 27,3% de la población residente en España. Una pobreza que es consecuencia en gran medida de la política económica de la austeridad y el recorte, que tanto ha apoyado el FMI. Por eso, es necesario cambiar, desde ya, el rumbo de esta forma de hacer política y priorizar las necesidades de las personas, empezando por un empleo digno y con derechos. Es hora de un reparto más equilibrado de sacrificios, de apostar por un modelo productivo que abogue por un desarrollo económico sostenible, de una reforma fiscal más justa y equitativa donde contribuya más quien más tiene y haya tolerancia cero con el fraude fiscal. Es hora de invertir la situación y situar la economía al servicio de los ciudadanos.
El Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus recetas para la economía española. Su conclusión es clara: La economía española ha dado un giro. La recuperación comenzó en el segundo semestre de 2013 y ha cobrado fuerza en el primer trimestre de este año (…); la confianza se ha recuperado y está favoreciendo el aumento del consumo privado y de la inversión empresarial. Lo que es más importante, se aprecian mejoras en el mercado de trabajo.
Nada más lejos de la realidad. Realidad que el propio FMI reconoce: los españoles siguen sufriendo el legado de la crisis económica. Lo más relevante, 5,9 millones de personas están desempleadas y más de la mitad de ellos llevan en esa situación más de un año. Como consecuencia, la renta media de los hogares continúa por debajo de los niveles anteriores a la crisis.
En este contexto, señala que la recuperación también tiene que ser inclusiva para que los desempleados puedan beneficiarse de más oportunidades de empleo. Y para ello propone actuar en las siguientes líneas:
1. Ayudar a las empresas a crecer, contratar e invertir:
a. Básicamente reestructurando sus deudas tributarias y ante la Seguridad Social
b. Y logrando que los bancos concedan créditos de manera inmediata dada la mejor situación de las entidades bancarias en nuestro país, a las que demanda que en vez de pagar dividendos reactiven el grifo crediticio.
2. Reducir las barreras regulatorias para impulsar el empleo y el crecimiento:
a. Mediante la reducción de barreras regulatorias y moderación salarial; estos dos elementos crearán empleos más seguros y con menores costes de vida
b. Además propone el uso de las agencias privadas de colocación (frente a las instituciones públicas), la mejora de los servicios de formación vía competencia con agentes privados, reequilibrar la protección de los contratos indefinidos y temporales (reduciendo la de los primeros, no aumentando la de los segundos) y adaptar salarios a la situación empresarial (como si no se estuviera llevando ya a cabo masivamente en España, gracias entre otros factores, a la reforma laboral)
3. Continuar con una consolidación fiscal que favorezca el crecimiento y el empleo:
a. Vía aumentos de los ingresos de los impuestos indirectos, especialmente el IVA (los que se pagan por igual independientemente del nivel de renta: ellos mismos señalan el riesgo que esto supone cuando dicen que esto tiene que venir acompañado de medidas claramente identificadas para proteger a los más vulnerables)
b. Vía reducción de las contribuciones empresariales a la Seguridad Social para la contratación de trabajadores poco cualificados (también destaca el riesgo que esto supone para las arcas de la Seguridad Social al señalar que para proteger el sistema de seguridad social, el coste se cubriría con transferencias del gobierno central)
c. Vía reducción de Impuesto de Sociedades (IS) y no vía reducción del IRPF porque no hay margen.
En resumen, el diagnóstico del FMI es erróneo y más lo son sus recetas continuistas para la recuperación económica, recetas que pasan por actuar en dos ámbitos: 1) aumentar la presión fiscal (del 32% al 40% del PIB), aumentando el IVA (reclasificar productos del tipo reducido del 10% para pasarlos al general del 21%), manteniendo el IRPF (no reducir los tipos máximos del 52%, entre los más altos de la Unión Europea) y bajando el IS (que es del 30% para empresas y del 25% para pymes, aunque el tipo efectivo es del 12,5%); y 2) elegir entre empleo o salarios, e ir más allá de la reforma laboral y de la propia negociación colectiva. Es decir, de nuevo es el trabajo el que debe soportar los esfuerzos derivados de los ajustes que según el FMI quedan por hacer, a través de una doble vía: fiscal y salarial.
Los salarios y las pensiones siguen cayendo y perdiendo poder adquisitivo: los costes laborales unitarios reales se han reducido un 9,1% desde 2010
Pero la realidad española es una bien distinta a la señalada por el FMI. Los datos de la última Encuesta de Población Activa del INE siguen manifestando el deterioro del mercado de trabajo español: continúa la destrucción de empleo (este año ha comenzado con 184.600 empleos menos que el trimestre anterior) mientras la ocupación está en mínimos históricos al igual que la tasa de empleo (55,45%); el paro sigue escalando (hasta el 26% ya) y ya hay casi dos millones de hogares en España con todos sus miembros en paro y más de 700.000 sin ningún tipo de ingresos; y es más, teniendo en cuenta el número de perceptores de prestaciones y la estimación de desempleados de la EPA, la proporción de quienes están recibiendo alguna prestación se reduce al 44%. Pero es que además la calidad del empleo de los que aún mantienen su puesto de trabajo no deja de deteriorarse (caen la contratación indefinida (-210.000) y la contratación a tiempo completo (-135.200) y aumenta la contratación temporal (+152.500) y los contratos a tiempo parcial (55.700), mayoritariamente involuntarios).
Además, los salarios y las pensiones siguen cayendo y perdiendo poder adquisitivo: los costes laborales unitarios reales se han reducido un 9,1% desde 2010. Además, la evolución de las bases medias de cotización al sistema de Seguridad Social del Régimen General muestra que han disminuido hasta el -2.6% en 2012, y las prestaciones contributivas redujeron su cuantía media un 2,3% en 2013.
Toda esta situación no redunda en una mayor confianza en al economía española, sino todo lo contrario. Y esta desconfianza en el mercado de trabajo y en la evolución de la economía en general se refleja sin lugar a dudas en la caída de la población activa en España en el último año, casi medio millón menos de activos, como consecuencia del desánimo de los ciudadanos de nuestro país. En este contexto parece harto complicado que el consumo de las familias españolas pueda siquiera atisbar el mínimo repunte. Y más teniendo en cuenta las terribles secuelas que han causado las políticas de austeridad en forma de desigualdades económicas y sociales, en términos de pobreza y de exclusión social, situaciones cada vez más extendidas.
Ayer mismo el INE hizo públicos los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida en España en 2013 y los datos son contundentes: el ingreso medio anual neto por hogar se situó en 26.775 euros, con una disminución del 3,5% respecto al año anterior; la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 20,4% de la población residente en España y alcanza el 26,7% entre los menores de 16 años; el 16,9% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con “mucha dificultad”, el 41,0% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 45,8% no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Y lo que es aún peor: si se analiza en términos europeos la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) se sitúa en el 27,3% de la población residente en España, y la radiografía de esta tasa es la siguiente: hay un 20,4% de la población española en riesgo de pobreza, un 6,2% en situación de carencia material severa y un 15,7% con baja intensidad en el empleo, es decir, son hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo. Y así las cosas, y en relación con la actividad económica, el 39,9% de los parados estaba en riesgo de pobreza, y el 11,7% de los ocupados se encontraba por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, tener un empleo ya no exime de ser pobre en España. Y de seguir las líneas de actuación señaladas ayer por el FMI, esta situación se volverá aún más cruenta en España.
En este contexto, desde UGT valoramos la mejoría de determinados indicadores puesto que el crecimiento económico es condición imprescindible para la recuperación de la economía y del empleo, pero no es ni mucho menos suficiente para situarnos en un escenario de fin de la crisis, porque la economía real, no especulativa, sigue una senda muy distinta: de destrucción de empleo, de rebaja salarial, de pérdida de poder adquisitivo, de empeoramiento de la calidad del empleo, y de aumento de las desigualdades y de extensión de la pobreza, todo ello consecuencia de la crisis y de la políticas de recortes aplicadas desde el Gobierno, crisis que aún persiste en nuestro país, en términos económicos pero sobre todo en términos laborales y sociales.
Y así las cosas, desde UGT creemos que es necesario intervenir en distintos frentes: en la reactivación del consumo de las familias, imprescindible para lograr las tasas de crecimiento necesita nuestro país, que permita crear empleo y recobrar los niveles de renta perdidos, lo que a su vez requiere crear empleo de calidad y la recuperación y mejora de los salarios; para ello hay que poner en marcha planes de choque específicos, con recursos excepcionales para impulsar la contratación laboral y el empleo especialmente de los colectivos en peores condiciones, es decir, parados de larga duración, jóvenes y trabajadores sin formación, y por otro, extender coyunturalmente la protección por desempleo.
Todo ello sin olvidar una reforma fiscal que ponga al sistema tributario al servicio de una política económica eficiente, que incentive el crecimiento económico sostenible y cuyos objetivos se centren en la configuración de un sistema tributario más justo, que permita una redistribución equitativa de renta y riqueza, el establecimiento de un volumen de ingresos suficiente y estable, que permita garantizar la prestación de los servicios públicos de calidad así como la inversión productiva que debe ofrecer un estado del bienestar moderno, y la dotación a la Agencia Tributaria de las herramientas necesarias para luchar con eficacia contra el fraude fiscal. Pero este esfuerzo no debe sostenerse de nuevo y en exclusiva sobre la clase trabajadora de este país.
UGT apuesta por una política centrada en las personas y el empleo, y no solo en los indicadores macroeconómicos, con una salida más equilibrada de la crisis y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y la mejora de nuestro Estado de bienestar.
