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Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, presentó este lunes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Real Decreto-ley por el que se pone en marcha todo el procedimiento para aplicar a los titulares de preferentes y de deuda subordinada el procedimiento de la quita de sus ahorros.
A las puertas del Tribunal Constitucional se habían concentrado más de medio centernar de afectados por las preferentes, muy críticos con la actuación del Gobierno de Rajoy con ellos. La portavoz socialista, acompañada por el portavoz adjunto de Economía, Antonio Hurtado, les explicaron los motivos que figuran en el recurso de inconstitucionalidad que acababan de presentar y les mostraron su solidaridad.
Previamente, en declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz socialista ha confiado en que ese Real Decreto-ley, que hace el número 36 de los elaborados en los quince meses del actual Gobierno, debe ser anulado por el Tribunal Constitucional y ha anunciado que “vamos a seguir trabajando en todos los frentes para que el Gobierno retire la decisión política por la que estas personas se ven en una situación dramática de tener que perder en muchos casos casi el 90% de sus ahorros”.
Ha insistido en que el Gobierno ha tratado como inversores a los que son claramente ahorradores. “Por ello, tienen derecho a recibir el 100% de lo que colocaron como un producto de ahorro, no de inversión”.
Este Real Decreto-ley 6/2013, de 22 marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero ha sido recurrido por incumplir los requisitos que el artículo 86.1 de la Constitución exige para dictar este tipo de normas. El Decreto-ley avaló el acuerdo del Gobierno para imponer quitas a los titulares de preferentes y deuda subordinada, que alcanzaban en algunos casos más del 70% de su valor.
El Grupo Socialista considera que el contenido del Real Decreto-ley no viene a atender la situación de los preferentistas sino a agravarla, y debería haber contemplado la restitución de las inversiones realizadas de personas que no han sido adecuadamente advertidas y que se han visto gravemente perjudicadas y engañadas.
La situación los tenederos de participaciones preferentes y deuda subordinada que no pueden recuperar sus ahorros justificaría el recurso a una norma excepcional como el Decreto-ley, si este hubiera ofrecido una solución global y completa a los afectados. Pero el contenido del Decreto-ley no se dirige a este fin, sino a convalidar precisamente una decisión del Gobierno que agrava su situación.
El Grupo Socialista pide al Gobierno que anule el procedimiento que ha dado lugar a las quitas y arbitre las medidas necesarias para la restitución de sus ahorros a los afectados.