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En el mes de febrero, poco después de haberse iniciado el año, el comité de sabios nombrado por el Gobierno presentará su informe sobre las principales directrices de la reforma fiscal, que busca un sistema tributario con más capacidad recaudatoria, sobre todo para evitar que se produzcan las caídas de ingresos registradas durante la crisis de los últimos años.
Sin embargo, mientras esperamos con expectación el resultado de este trabajo, parece razonable que nos detengamos un momento a reflexionar mínimamente sobre cuáles deberían ser algunos de los muchos puntos que necesita abordar la reforma para que el sistema fiscal no sólo sea más eficaz y eficiente, sino también más justo y equitativo, para lo cual todavía hay mucho recorrido, pese a las voces de que nuestro sistema ya es suficientemente progresivo.
Pero para hacer esa reflexión primero hay que ser muy conscientes de dónde viene la mayor parte del dinero que recauda el sistema. Por ejemplo, hoy en día el IRPF es el impuesto más importante con el que cuenta el Estado y se nutre en más de un 80% del gravamen a las rentas del trabajo. Este gran peso es el que ha provocado que muchas de las medidas fiscales aprobadas en los últimos ejercicios siempre hayan recaído sobre este impuesto y, en consecuencia, sobre el salario de millones de trabajadores.
Pero no cabe duda de que existen alternativas a este tipo de actuaciones y una de ellas consiste en equiparar los tipos de gravamen de las rentas del capital a las del trabajo. Con esto se conseguiría que el capital contribuyese más a la mejora de los ingresos públicos y, al mismo tiempo, se evitaría que algunos rendimientos del trabajo, sobre todo de la minoría mejor posicionada de nuestra sociedad fueran desviados a capital.
La eliminación de los instrumentos de elusión con los que cuentan grandes empresas y patrimonios, como por ejemplo las ETVE y las SICAV, respectivamente, sería otra de las decisiones deseables, mediante la supresión de las primeras y la modificación de la regulación de las segundas, limitando la participación de una persona o familia en ellas y estableciendo un máximo de tiempo para declarar las plusvalías obtenidas.
Por último, y centrándonos sólo en otro de los grandes tributos del sistema, el de Sociedades, que tanto ha sufrido en estos últimos años, se hace obligado reducir el número de deducciones y exenciones con que cuentan las empresas, sobre todo las multinacionales, con el objetivo de que su tipo efectivo deje de situarse en porcentajes ridículos como el 3,5% sobre sus resultados, muy lejos del 30% que deben desembolsar.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)