![montoro](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2017/02/11/2017021119473532112.jpg)
Los impuestos es uno de los temas de conversación preferidos por los españoles. Aunque bajen, existe una sensación general compartida de que en España pagamos muchos impuestos, algo que, si echamos un vistazo a nuestros vecinos europeos, no es del todo cierto. Porque la presión fiscal en España está 5,2 puntos por debajo de la media europea, lo que tiene un coste anual para las arcas públicas.
En concreto, la presión fiscal en nuestro país fue del 34,6% en 2015, según los últimos datos publicados por Eurostat, frente al 40% de media en la UE. Esto hizo que en 2015 el Estado dejase de recaudar la friolera de casi 54.000 millones de euros, una cantidad que hubiera supuesto un buen desahogo para las arcas públicas, dejando sin excusa al gobierno para continuar con y recortes en los gastos sociales.
¿Cuál es la solución para reducir esa brecha? ¿Subir de nuevo los impuestos? ¿Hacer el sistema más progresivo? Ambas cosas, pero con matices. El principal problema de la política fiscal española es que no es progresiva; actualmente no pagan más los que más tienen, sino que la mayor presión fiscal la soportan las clases medias y bajas. La solución pasa por redistribuir mejor la carga impositiva y que contribuya más quien más ingresos tiene, porque de esa manera se podrá recaudar más y definitivamente mejor.
Otro aspecto importante, que el ministro de Hacienda admitió recientemente, es que las grandes empresas y fortunas no están tributando todo lo que deberían. El ejemplo es claro, hoy en día una pyme tributa a un tipo medio efectivo sobre sus resultados contables del 13,9%, mientras que las grandes corporaciones lo hacen al 6,9%. La razón de esa diferencia está, entre otras, en que las más grandes pueden acceder a servicios de asesoría especializada para aprovechar al máximo todas las posibilidades para reducir su factura fiscal, en ocasiones incluso bordeando o sobrepasando la legalidad.
Esta diferencia de tributación efectiva entre las más grandes empresas y las pymes ha provocado que entre 2007 y 2014 se haya producido una pérdida recaudatoria de 77.000 millones en el Impuesto de Sociedades. Por ello, urge más que nunca llevar a cabo una reforma fiscal integral para subsanar estas diferencias y conseguir que España aproveche todo su potencial recaudatorio, haciendo pagar más a las empresas y contribuyentes que más ingresos perciben. Sin olvidar la lucha contra el fraude, pues recordemos que la economía sumergida asciende al 24,6% del PIB, es decir, 253.000 millones de euros que circulan a espaldas de Hacienda.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)