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Varios países europeos ya han exigido a sus gobiernos rechazar la aplicación provisional del CETA. Por el contrario, el gobierno de Mariano Rajoy apoya su implantación inmediata, sin debate parlamentario previo
Las grandes corporaciones llevan años negociando en secreto con la comisión europea dos tratados comerciales, el CETA (con el gobierno de Canadá) y el TTIP (con el gobierno de EEUU), con el objetivo de consolidar y blindar su poder sobre la economía, los servicios públicos y los ciudadanos de los países de Europa.
Estos tratados pretenden igualar a la baja las normas medioambientales, financieras, sociales, sanitarias y laborales, prolongar la duración de las patentes y eliminar el principio de precaución, es decir todos los productos lanzados al mercado son seguros mientras no se demuestre lo contrario.
El rechazo generado tras la filtración del TTIP y el miedo a sus consecuencias sobre los próximos procesos electorales, forzaron la paralización de este tratado, en espera de “tiempos mejores”, así que las multinacionales presionan desesperadamente para implantar el CETA de forma inmediata, en el primer semestre de 2017, tras su aprobación en el parlamento europeo, sin esperar a su ratificación por parte de los parlamentos nacionales.
Varios países europeos ya han exigido a sus gobiernos rechazar la aplicación provisional del CETA. Por el contrario, el gobierno de Mariano Rajoy apoya su implantación inmediata, sin debate parlamentario previo, punto que no ha sido cuestionado por Ciudadanos ni por el ala felipista del PSOE, que muestran el rechazo más absoluto a una alternativa de gobierno progresista, anti-CETA y TTIP.
Para calmar los ánimos se afirma que los servicios esenciales gestionados por el Estado o las CCAA están a salvo, lo que es decir poco, ya que los servicios públicos han sido mayoritariamente fragmentados y privatizados, y ya están controlados por grandes empresas y fondos de inversión, que podrán acudir a los tribunales privados, contemplados en estos tratados, en el caso de que el congreso apruebe leyes que afecten a sus intereses, por lo que solo con la anulación del CETA y TTIP podremos desprivatizar y recuperar el SNS.
EL CASO DE LA MULTINACIONAL GRIFOLS
Pongamos un ejemplo, la multinacional Grifols es una empresa catalana que ostenta el monopolio sobre los hemoderivados, medicamentos cuya materia prima es la sangre humana y cuya fabricación se ha privatizado en España, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos.
Las acciones de Grifols están en manos del capital riesgo y del banco de inversión Morgan Stanley, entidad vendedora de hipotecas basura y causante de la crisis económica mundial, mientras la empresa fabrica sus costosos hemoderivados con sangre comprada a personas pobres, como los mexicanos de Ciudad Juárez.
La empresa catalana ha trasladado su sede central a Irlanda para eludir impuestos en España, a pesar de que también utiliza sangre de donantes españoles para fabricar sus productos.
Para disponer de suficiente materia prima sin necesidad de transportarla, Grifols ha pretendido privatizar la donación de la sangre en España, pagando 70 euros semanales a los donantes que, “junto con el paro, es una forma de vivir”. De momento, únicamente se ha privatizado la gestión de la sangre madrileña, en manos de la Cruz Roja. Desconocemos que parte de esa sangre termina en los hospitales públicos y que parte en los hospitales privados o en la Multinacional de hemoderivados Grifols, que ya tiene un acuerdo millonario con la Cruz Roja Japonesa.
Actualmente Grifols pretende hacerse con varias patentes relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer (EA), a pesar de que buena parte de la investigación se realiza con pacientes del SNS, con profesionales de instituciones públicas españolas y con financiación pública, como los últimos 100 millones de euros cedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La multinacional ha adquirido varias empresas de la competencia, a costa de endeudarse por miles de millones de euros. El CETA y el TTIP serán su salvación, blindarán su posición líder en el negocio de la sangre humana y le permitirán disponer de los datos analíticos y genéticos de los pacientes, para ensayar y patentar nuevos y costosos tratamientos, que “serán beneficiosos mientras no se demuestre lo contrario”. En el caso de que se pretenda su integración en el SNS, la empresa podrá recurrir a través de sus sedes en Canadá y EEUU.
Los tratados CETA y TTIP llamados engañosamente de “libre comercio” supondrán un grave perjuicio para los ciudadanos, en una especie de vuelta al medievo, donde un puñado de grandes empresas tecnológicas controlarán los datos fiscales, laborales y sanitarios de la población en “sus nubes” y donde un puñado de corporaciones multinacionales controlarán el poder político y económico de los pueblos de Europa y a sus gentes, desde la sangre que corre por sus venas hasta sus descendientes, los nuevos siervos del siglo XXI, destinados a mano de obra silenciosa y barata.
Con los tratados CETA y TTIP las multinacionales recuperarán el derecho de pernada medieval, al menos según una de las acepciones del diccionario de la Real Academia Española “El abuso de poder o totalitarismo”, marcando el principio del fin de la democracia en Europa. De nosotros depende. Somos muchos más.
Luisa Lores | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública