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Los paraísos fiscales son el destino de operaciones que mueven importantes sumas de dinero, aunque dada la falta de transparencia es difícil cuantificar su magnitud. Algunas estimaciones cifran en más de 19 billones de euros la riqueza depositada en estos territorios de baja tributación, lo que equivale a un tercio de la economía mundial.
Para hacernos una idea, estas cantidades multiplican por veinte el PIB español y son gestionadas por tres actores principales: corporaciones multinacionales, bancos y grandes patrimonios. Según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, entre las grandes compañías se encuentran la mayoría (86%) de las que cotizan en el Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española. Ninguna de ellas aporta información sobre los impuestos pagados en todos los países en los que actúan, ni sobre los beneficios que han recibido por operar en ellos, lo cual dificulta el seguimiento de sus obligaciones fiscales.
Respecto a los grandes patrimonios, en muchas ocasiones buscan ocultar su identidad a través de los paraísos fiscales, valiéndose del secreto bancario y de la ineficacia en el intercambio de información entre países, pero también de las muchas facilidades que tienen para constituir sociedades y otras figuras jurídicas sin demasiadas exigencias de identificación.
Las entidades financieras, por su parte, pretenden sobre todo reducir su factura fiscal y, al mismo tiempo, escapar a los estrictos controles a los que suelen estar sometidos por parte de los bancos centrales de sus países de origen. También pretenden esquivar las normas estatales a las que están normalmente sujetos para controlar e impedir excesivas exposiciones a prácticas de riesgo. De hecho, fue a través de estos territorios cómo los bancos estadounidenses operaron con las hipotecas subprime que esparcieron impunemente la crisis económica actual a todo el mundo.
A tenor de lo expuesto, los Técnicos del Ministerio de Hacienda instamos al Ejecutivo a promover un acuerdo en el seno de la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en estos territorios off-shore. Con medidas de este tipo se luchará más efectivamente contra el fraude fiscal en nuestro país, ya que más del 70% de la evasión procede precisamente de grandes corporaciones y patrimonios, que cada año eluden el pago de la friolera de más de 40.000 millones de euros.
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Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)