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CCOO y UGT han criticado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral del PP que avala algunos de sus aspectos.
Para Comisiones Obreras, la sentencia "pone en evidencia las dudas que se están abriendo sobre el funcionamiento de una institución que debería garantizar los principios democráticos y el respeto a los derechos constitucionales". El sindicato también critica que se haya avalado la legislación por decreto, empleado, al menos, en once ocasiones por el actual Gobierno.
Para el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, “el Tribunal Constitucional no asume su responsabilidad de garantizar la plena participación democrática, desde el pluralismo político y social, en la adopción de las decisiones de mayor transcendencia sobre las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos. Esto genera graves dudas sobre el funcionamiento de nuestra democracia”.
Y no menos grave, advierte CCOO, "es que implica una ruptura con la doctrina que había establecido el mismo Tribunal en relación con la utilización del Decreto-Ley para introducir una reforma laboral que incluía medidas de este tipo, como fue la del año 2002". También "pone en evidencia la nueva deriva que tiene esta institución tras los últimos cambios operados en su composición, cuya mayoría opta por avalar las opciones menos democráticas del Gobierno, frente a la consolidada jurisprudencia establecida por el propio Tribunal Constitucional".
En cuanto a las materias analizadas por el Tribunal Constitucional, CCOO aborda la relativa a la supresión de los llamados salarios de tramitación, y asegura "que ha sido un mecanismo para rebajar la protección económica de los trabajadores y trabajadoras que han sido objeto de despido injustificado". Dicha indemnización "era la principal garantía de la que disponen los trabajadorescon poca antigüedad, sobre todo temporales, ante el despido ilegal o sin causa, y su supresión sólo sirve para aumentar la dualidad del mercado de trabajo".
La sentencia traslada el coste de la tramitación del proceso, desde la empresa causante del acto ilícito, a los presupuestos públicos destinados a la protección desempleo. Además de reducir los períodos en los que las personas despedidas tienen protección social, incrementa el gasto público de forma ilegítima. Tampoco entra a resolver toda una serie de cuestiones esenciales que afectan al grave retroceso de derechos laborales, individuales y colectivos, que supuso la reforma laboral de 2012, pendientes de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que desde CCOO se han venido instando ante los grupos políticos y los órganos judiciales legitimados para interponerlas.
Así, tiene que ser todavía enjuiciada la regulación introducida, en materia de despido, con la supresión de garantías judiciales para controlar los despidos colectivos, o la ampliación del despido por razón de enfermedad del trabajador; en materia de negociación colectiva, la primacía del convenio de empresa sobre los acuerdos de ámbito superior, o la regulación de la ultraactividad; y en materia de contratación, la implantación del contrato de apoyo a emprendedores que admite el despido libre durante el primer año.
Además, concluye la nota de CCOO, “queremos recordar que desde las instancias internacionales están igualmente pendientes de resolver las denuncias interpuestas por CCOO ante la Organización Internacional del Trabajo, y ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa frente a estos contenidos de la reforma laboral”.
Por su parte, la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, ha pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la totalidad de la reforma laboral y no sólo sobre una parte.
Fontecha ha denunciado que "estos pronunciamientos a base de goteos dejan bastante en entredicho el valor de las sentencias del más Alto Tribunal" de España, por lo que ha insistido en la necesidad de que el TC haga un pronunciamiento global sobre la reforma. La secretaria de Igualdad de UGT ha recordado además que "lo que es legal no necesariamente es justo", y esta reforma, a su juicio, lo está demostrando, pues está provocando "una pérdida muy importante de los derechos de los trabajadores y no ha parado la sangría" de destrucción de empleo.
Asimismo, ha señalado que al sindicato le ha llamado la atención que el TC considere a la crisis una especie de "excepción o de alarma" a la hora de legislar, pues la utilización y el "abuso" de los reales decretos "ponen en entredicho el papel del Parlamento y de los interlocutores sociales". "Respetamos pero no compartimos, por el carácter injusto, la sentencia del Tribunal Constitucional, y esperamos que en ese pronunciamiento más global corrija los pronunciamientos de carácter parcial que está realizando", ha concluido.