![ranaplaza](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2018/04/23/2018042318522999030.jpg)
![Nuevatribuna](/media/nuevatribuna/images/2021/01/01/2021010100000023419.png)
Rana Plaza sucedió en Bangladesh, pero hoy en día aún existen muchos Rana Plaza en muchas partes del mundo
Se cumplen cinco años de uno de los hechos más indignos y humillantes de la sociedad global del siglo XXI: 1.134 personas muertas y más de 2.700 heridas. La magnitud de las cifras solamente se entiende en la comparativa con la de actos terroristas que han marcado el devenir de la historia.
Cinco años después, la situación no ha mejorado en los parámetros que para Occidente serían mínimamente honrosos. 4 acusados en prisión, 29 libres bajo fianza, 7 prófugos de la justicia y un último acusado falleció recientemente cuando estaba en libertad condicional. Y lo que se antoja más deleznable, el riesgo evidente y probable de que vuelva a suceder un hecho de magnitudes similares.
Las últimas movilizaciones y reivindicaciones del Centro Sindical de Trabajadores de la Confección (GWTUC por sus siglas en inglés) y Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS) -Centro de Bangladesh para la Solidaridad de los Trabajadores- pretenden establecer un salario para las personas trabajadoras del textil de 157 euros/mes (actualmente son 52 euros) y una jornada y régimen de descansos acorde a lo comprometido en el seno de la OIT (Bangladesh ha ratificado el Convenio 30 sobre horas de trabajo en comercio y oficinas), así como unas instalaciones y puestos de trabajo seguros.
El Acuerdo de Bangladesh únicamente está suscrito por 60 fábricas de las 220 y, si bien se han distribuido panfletos, formación e información para más de dos millones de personas, el bloqueo en líneas básicas de actuación en muchas de las fábricas y el papel del Gobierno, tanto en la vertiente normativa como en la policial, ha de ser objeto de las más duras críticas.
El resultado es que actualmente se encuentran en prisión siete líderes sindicales y el líder del Partido Comunista de Bangladesh. Las indemnizaciones a las víctimas tienen aún mucho recorrido y muchas personas que serían beneficiarias de las mismas no las han percibido.
Las campañas internacionales de Ropa Limpia y la campaña de difusión por diferentes países que está realizando la directora ejecutiva del BCWS, Kalpona Akter, han de tener un impacto directo en nuestra forma de vivir, nuestro consumo y nuestra posición. Y en el análisis del conflicto estamos en disposición de ejercer intervención directa debido a nuestra situación geográfica más que privilegiada. La vulneración de los derechos fundamentales es constante y nuestros objetivos han de tener como finalidad la consecución de metas basadas en las leyes, los derechos humanos y las necesidades básicas de cualquier ser humano. Nuestra visión en el conflicto ha de trascender por la vía de la presión a nuestros Gobiernos y a nuestra manera de consumir. Toda visión que no recoja una ampliación de miras a escala global nos repercute directa e indirectamente y si aún no hemos entendido que mirar como personas a escala planetaria en la búsqueda de la equidad y sostenibilidad del lugar que habitamos -Planeta Tierra- resulta necesario para convivir y mejorar nuestra especie. Revierte y revertirá en nuestro futuro más cercano.
Las exigencias de legalidad y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la cadena de valor forman parte de los compromisos que adoptaron los Estados para la Agenda 2030. La instalación de las cadenas de moda en nuestras calles, la política adoptada por las Administraciones, sin olvidar el imperioso empeño de los Gobiernos de los Estados en la suscripción de Acuerdos Comerciales Internacionales en los que la mercantilización de los derechos de las personas, poniéndolos en el mismo plano que las mercancías, ha de ser objeto de reflexión y reprobación. Nuestro consumo ha de ir encaminado hacia la exigencia en el cumplimiento de los derechos fundamentales y libertades en todos los agentes que forman parte de la misma.
Rana Plaza ha de ser recordado y conmemorado, el 24 de abril de 2013 ha de pasar a la historia como aquel suceso que no podemos volver a repetir. Si el 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral, es fruto de la presión sindical en el marco del diálogo tripartito de la OIT desde 1996, fecha en la que recordar a las personas fallecidas en el puesto de trabajo y concienciar a empresas y Gobiernos de la necesidad de la prevención; el 24 de abril ha de ir ligado a estos objetivos. Saber cuáles son los papeles a desarrollar por todos los agentes es primordial y la responsabilidad de empleadores es clara: no hay beneficio legítimo si no proviene de una cadena de valor legal, transparente y equitativa.
Incrementar la presión en la reivindicación para que esos beneficios sean legítimos es una prioridad desde el movimiento sindical confederado y disputar ese espacio en la gobernanza de las relaciones laborales depende de la capacidad de organizar a esas personas, frente a nuestra contraparte empresarial y a la exigencia como ciudadanía ante las Administraciones. Porque es nuestra vida la que está en juego y ese es el primer derecho que tenemos. Rana Plaza sucedió en Bangladesh, pero hoy en día aún existen muchos Rana Plaza en muchas partes del mundo.
Dani Patiño Miñana | Secretario de Acción Sindical de CCOO PV