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Conocer la negociación colectiva tal como se está desarrollando en España es además una pretensión arriesgada, puesto que el aparato estadístico es cada vez más deficiente y atrasado en la recopilación de datos
Por Antonio Baylos | Septiembre es mes de retornos y de inicios. Se inicia el curso académico, se retorna del período vacacional con un bagaje de experiencias y de lecturas. Pero también ha sido muy utilizado como un mes propicio para cursos y seminarios, como un espacio de reflexión y de estudio antes de que comience en la universidad el trabajo didáctico y los compromisos docentes. La eliminación de los exámenes de septiembre y el adelanto del comienzo del curso han obstaculizado la disponibilidad general en este período para la realización de las actividades teóricas de relfexión y discusión.
Algunas sin embargo sobreviven, se diría que no pocas, y se dedican a desarrollar un trabajo en torno a ejes de debate y reflexión muy importantes. Es el caso de un seminario organizado en la sede de la Fundación 1 de mayo sobre la relación entre Europa, sus políticas de austeridad y la negociación colectiva. Hay que tener presente que el Pacto del Euro del 2012 imponía a las economías dependientes el desarrollo legislativo de cambios en el esquema legal de negociación colectiva, desarrollando y protegiendo la llamada “autonomía negocial descentralizada” por querer decir el fomento de la negociación colectiva de empresa, lo que se produjo en un primer plazo en junio del 2011 y, finalmente, mediante el diseño mucho más radicalizado que pone en marche la Ley 3/2012 a través no sólo de la técnica del descuelgue sino de la inaplicación del convenio sectorial frente a la preferencia del convenio de empresa. A ello se ha unido la prescripción legislativa que pretendía acabar con la prórroga automática del contenido del convenio hasta tanto no se negociara otro nuevo, fórmula legal que ha sufrido ciertos avatares interpretrativos por parte de la juriusprudencia y la doctrina que ha reducido en gran medida su objetivo prioritario, desarbolar el poder sindical y su capacidad de contrapeso en el marco de las relaciones laborales.
El Pacto del Euro del 2012 imponía a las economías dependientes el desarrollo legislativo de cambios en el esquema legal de negociación colectiva
Conocer la negociación colectiva tal como se está desarrollando en España es además una pretensión arriesgada, puesto que el aparato estadístico es cada vez más deficiente y atrasado en la recopilación de datos. Eso genera dudas al investigador y hace que proliferen versiones de esta realidad colectiva no homogéneas sobre el sentido y desarrollo de la negociación colectiva durante la crisis. Es un hecho que sucede fundamentalmente en torno a la disusión sobre la tasa de cobertura y el mapa de afectación sindical de la negociación colectiva, pero que continúa asimismo en torno a la valoración de los contenidos pactados y sus omisiones. Por último, el acentuamiento de la precariedad, de las relaciones triangulares y de las subcontratas, el auge del trabajo irregular, son elementos que necesariamente inciden negativamente en la función reguladora de la negociación colectiva y su capacidad igualadora de las condiciones de trabajo.
Una mirada desde España no sabría excluir el análisis de las diferentes realidades sociales y normativas que rodean a la negociación colectiva en otros perímetros nacionales, y todos ellos marcados por su diversa posición en la crisis, al ser los interrogados países del sur y del este de Europa. A su vez, la persistencia en una vía de reformas estructurales que pasa necesariamente por la devaluación de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de los países del sur, plantea nuevos interrogantes sobre la llamada “estructura” de la negociación y sobre el tipo de regulación que ésta contiene del régimen salarial, su “rigidez” o “flexibilidad” y lo significados que estas expresiones cobran en román paladino.
Otra dificultad de los análisis de la negociación colectiva proviene de la dificultad que la división del trabajo científico produce al generar análisis muy poco compartibles. De una parte, unos orientan con un sesgo especial el objeto de estudio en términos y magnitudes económicas, sin atender a las variables que la negociación colectiva ofrece en términos de relaciones de poder, derechos de participación, controles y contratación de las decisiones empresariales. De otra parte, el examen de los juristas suele apoyarse en el esquema legal y en la capacidad de la negociación colectiva en aumentar, disminuir o desarrollar este esquema, sin atender excesivamente a la formación extralegislativa del derecho que la negociación colectiva supone, y cómo se presenta ese proceso en el contexto de un intercambio desigual y asimétrico modulado y precisado en empresas o sectores determinados enmarcados en un territorio o demarcación precisa, la provincia o el estado.
El estudio de la negoiación colectiva es difícil y también comprometido para el sindicalismo actual, porque requiere no sólo un conocimiento real de las relaciones de trabajo y la correlación de fuerzas en unas coordenadas concretas sino también un cuestionamiento de los límites y el alcance de la propia capacidad de representación –que es una noción político-sindical diferente de la jurídico-política de representatividad– respecto de los trabajadores y trabajadoras tanto en cuanto a sus resultados como en lo relativo a la implantación y presencia entre éstos. La crisis ha acentuado posiblemente estos problemas.