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CCOO denuncia que la Comunidad de Madrid esta vez no haya recurrido a un procedimiento de concurso público con suficientes garantías técnicas y jurídicas, público y transparente en todos sus aspectos, sino que firmará un convenio privado con la organización Cruz Roja, que será secreto
Desde que el pasado 25 de enero se diera la voz de alarma de la finalización, después de doce años del servicio de emergencia social de la Comunidad de Madrid, por fin se ha podido ir desvelando los secretos del futuro de este servicio y de sus profesionales. Durante esta semana, la delegada sindical de la plantilla ha tenido distintos encuentros con la Comunidad de Madrid y con Cruz Roja Madrid.
Han confirmado que Cruz Roja gestionará a partir del día 11 de febrero el servicio de Unidades Móviles de Emergencia Social, a través de la figura de convenio de colaboración privado con la Comunidad de Madrid, por el que la ONG tendrá que aportar también una parte similar. En este sentido, también se ha informado de que el servicio incrementará la plantilla y las unidades. El servicio, de lunes a viernes, contará con cinco unidades a partir de marzo, pero sólo una en turno de noche y fines de semana, lo que es claramente insuficiente.
Si bien el Convenio Estatal de Acción e Intervención Social obliga a la subrogación de toda la plantilla con los mismos derechos, en sus puestos de trabajo, todos los actores han informado de que sólo una parte de los trabajadores serán subrogados por Cruz Roja, algo más del 25% seguirá vinculado laboralmente a Grupo 5, empresa que actualmente y hasta el día 10 de febrero gestiona el servicio, y una persona con contrato de sustitución irá a la calle.
Cruz Roja asegura que cada unidad móvil estará compuesta por dos profesionales remunerados -como viene ocurriendo ahora- y que este equipo seguramente será complementado con voluntariado, por lo que no considera que se esté sustituyendo trabajo remunerado por voluntario.
CCOO denuncia que la Comunidad de Madrid esta vez no haya recurrido a un procedimiento de concurso público con suficientes garantías técnicas y jurídicas, público y transparente en todos sus aspectos, sino que firmará un convenio privado con la organización Cruz Roja, que será secreto.
El sindicato entiende que la Administración es el responsable último de que se preste un servicio público de calidad, profesional, y con una adecuada dotación presupuestaria y de plantilla, así como de que vele por la transparencia y legalidad vigente, también en cuanto a la subrogación.
CCOO no deja de reiterar su defensa de unos servicios sociales públicos y de gestión directa, sin las externalizaciones que dan lugar a la precariedad del servicio y de sus plantillas. Con este modelo de prestación de servicios y derechos sociales los trabajadores están en peligro de extinción, y las consecuencias las padece toda la ciudadanía en su conjunto.