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Juan Carlos Herrera | Compartiendo en términos teórico-conceptuales el significado de una Política de Renta como eje de reordenamiento de las variables económicas y sociales para hacer viable el tránsito a una Democracia con más equidad y justicia social, me parece oportuno plantear algunas reflexiones de contexto para ubicar el caso argentino ó de la transición que actualmente se vive en Argentina a partir del cambio de gobierno en Diciembre de 2015. Estas opiniones están referidas a las restricciones estructurales y algunas coyunturales, que conspiran contra el desarrollo de una Política de Renta, salvo que se asuma un cambio de visión política que comprenda la complejidad de los procesos de internacionalización económica y la disposición para desarrollar cambios institucionales y socioeconómicos en el sentido de una democratización del Estado y de una gobernanza que permite una más eficaz coordinación entre actores e intereses socioeconómicos.
Como una primera aseveración debo decir que el modelo keynesiano-populista que caracterizó al gobierno anterior estaba totalmente agotado desde hace tres años, en parte por los desvaríos de la concepción ideológica, por los errores de implementación gestionaría y sobretodo por la carencia de una visión política y estratégica que reconociera la complejidad de los procesos económicos y sociales, determinados por la colisión de intereses internos y externos en un mundo globalizado.
En primer lugar, me parece muy acertada la elección de la perspectiva de Política de Renta para analizar la situación nacional; perspectiva que está totalmente ausente de las visiones de los actores políticos, empresariales y sindicales en nuestro país. En efecto, ello implicaría poner en el centro de la discusión a la identificación de los focos de generación de la renta, reales y potenciales, y cómo desarrollar un modelo de ampliación, integración y redistribución de la misma teniendo en cuenta macro objetivos consensuados en el terreno político con implicación de los intereses económicos en disputa.
En este contexto reafirmo tu premisa de que la elección de una PR debería imponerse sobre fórmulas que tradicionalmente se han utilizado para enfrentar a la inflación y al desempleo y que han demostrado su inviabilidad; asi también, la premisa sacrosanta de que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario y por tanto nada tienen que ver las condiciones estructurales que determinan un modelo de apropiación de renta con fines especulativos. Es decir, si entiendo bien, tu propuesta es: vayamos al fondo, a las condiciones estructurales que impiden salir de la dinámica cíclica de crisis y poscrisis que siempre termina en concentrar mayor poder en minorías corporativizadas y en el despojo progresivo a las grandes mayorías de su condición de productores, trabajadores y ciudadanos para convertirlos en una masa indiferenciada de marginales y especuladores por la supervivencia. Cabe señalar en este punto que el fenómeno de la crisis, en la Argentina, no constituye un acontecimiento excepcional sino el mecanismo de reproducción del sistema económico y político, por tanto de distribución de la renta, que todos los agentes esperan por aquello de que cada crisis permite “dar de nuevo” como en el juego de naipes, sólo que en cada jugada el único naipe que no está marcado es el que le toca a los sectores populares; los demás renuevan el juego y la correlación de fuerzas con pequeños y oportunos ajustes.
Señalas de un modo correcto los tres problemas que debe atacar la PR: inflación, desempleo y distribución de la renta y pones a la inflación como el problema principal; es cierto, aunque yo diría que es el emergente porque si la inflación, como ha sido hasta ahora, es resultado de “cebar la bomba” del consumo, permite la economía de supervivencia para los que están más abajo, claro, al costo de imponer restricciones a un ciclo más virtuoso de inversión y productividad para resultar en mayor competitividad sistémica, alejándose del esquema de productividad a costa del salario. Pero ocurre que es en este punto donde fallan los actores; en Argentina no existe un empresariado, no diría que Shumpeteriano, pero al menos que conserve una racionalidad de mercado que lo oriente a funcionar con reglas mínimas de competencia. El empresariado argentino, y esto es una apreciación socio-estadística, se compone de CEOs de empresas extranjeras, especuladores de renta financiera y contratistas del Estado acostumbrados a percibir renta subsidiada desde los ’90; por debajo, hay un estrato de pymes que son sobrevivientes en un mercado interno donde el Estado también los asiste porque la financiación bancaria no existe, salvo las cuevas financieras que descuentan cheques a 30 días al 40% de interés. Señalo que la banca privada nacional y extranjera solo opera con créditos para el consumo y la internacional también. La UIA ha dejado de ser un ámbito de representación genuino del empresariado industrial y se ha transformado en un club de lobbystas que operan sobre el Estado; la Sociedad Rural, a su vez, representa a propietarios rentísticos y arrendadores de tierras a empresas productoras de soja que se caracterizan por su tecnificación y bajísima ocupación de mano de obra.
Los sindicatos industriales, a su vez, han perdido peso relativo por el desempleo tecnológico, la pérdida de mercados de exportación, la deslocalización externa de empresas líderes como Techint y sucursales de otras que buscan salarios baratos en otras latitudes. Por otra parte, han crecido en su poder relativo en el Movimiento Obrero los sindicatos de servicio que son mano de obra intensiva pero de baja productividad; todo ello en el contexto de un 40% de trabajo precario e informal que no es motivo de preocupación para las organizaciones sindicales. Los sindicatos son cada vez más extraños a la representación de los intereses de clase de los trabajadores y buscan su legitimidad en la prestación de servicios a sus afiliados por el control de las Obras Sociales, donde no escatiman la práctica de negocios colaterales con el sector empresario –grande y mediano-.
Los partidos políticos, a su vez, han perdido peso específico y resulta difícil hablar de un sistema de partidos con capacidad de sostener la legitimidad de transformaciones estructurales en la Democracia. En realidad, Argentina siempre se caracterizó por una competencia entre partidos poco institucionalizados, a excepción del Radicalismo hasta principios del siglo y aunque muchos siguen hablando de bipartidismo, en realidad ese fenómeno solo existió durante los ’80 entre la UCR de Alfonsín y la Renovación Peronista.
Desde principios del siglo acudimos a la práctica de coaliciones electorales que se vuelven volátiles en el ejercicio del gobierno y terminan en fracaso (De la Rua) o en desagregación Populista (Kirchner). En una Democracia moderna la institucionalización debe venir de la mano de la práctica partidaria y de la capacidad del sistema político para integrar nuevos actores y demandas, determinadas por la complejidad de la sociedad actual pero si no hay hegemonía de los partidos, el sistema político deviene en una máquina clientelar gestionada por un archipiélago de ongs.
Quizás el panorama te parezca exageradamente pesimista y casi una confesión de impotencia para incorporar cambios necesarios. Sin embargo, pones un punto que a mí me parece crucial para pensar la reconstrucción de otro orden de posibilidades. Me refiero a la Coparticipación Federal de Impuestos; un Régimen sancionado por la constitución de 1994 que establecía un plazo, me parece de 10 años, para su implementación. En efecto, ello supone la necesidad de establecer las condiciones para un Pacto Fiscal entre la Nación y las Provincias que permita un horizonte de previsibilidad en cuanto a los recursos disponibles para incentivar explotaciones económicas en el marco de una matriz descentralizada de proyectos productivos que aporten a cadenas de valor cada vez más integradas.
La Coparticipación Federal implica; en principio, la institucionalización de consensos políticos entre la Nación y las Provincias, donde estas últimas deberían contar con la porción más elevada, situación muy diferente a la actual:
La Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos dispone la siguiente distribución primaria al mes de marzo de 2016:
42,34% al Tesoro Nacional. De este porcentaje se destina un 0,70% a la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por el
Decreto Nº 702/99 y un 3,75% a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
Decreto Nº 194/16, quedando 37,89% para el Tesoro Nacional.
56,66% a las Provincias.
A ello hay que sumarle impuestos no coparticipables o de asignación específica: derechos de Importación, Impuesto a los combustibles líquidos, Impuesto al cheque o a los débitos y créditos bancarios que establece un régimen de coparticipación de: el 70% para la Nación y el 30% restante para las provincias, etc.
Como verás la macrocefalia de la Nación que es en realidad de la administración centralizada con beneficios directos para la capital federal y algo de la provincia de Bs. As., impide cualquier proyecto sustentable de un desarrollo nacional integrador de las economías regionales. Es cierto que las provincias agudizan el clientelismo; también lo es el hecho de que fueron crecientemente marginadas por un modelo económico concentrado de exportación de materias primas y por el abandono de la obra pública que priva al interior de vías de comunicación ágiles para integrarse a un esfuerzo nacional; el cierre de los ferrocarriles de carga y el abandono de la flota fluvial es solo un ejemplo, además de la postergación en materia de educación formal, formación profesional y ciencia y tecnología. En este contexto de privaciones, las provincias, a excepción de aquellas de desarrollo medio, han reproducido prácticas clientelares que resultan de gran funcionalidad para la estabilidad política de regímenes caudillescos, refractarios a proyectos de innovación y modernización industrial que implicarían un menoscabo de sus poderes feudales ante la creciente diferenciación de intereses y complejización de sus estructuras sociales.
Con fundamento en un Pacto Político suscrito a nivel del Congreso Nacional y expresado en una Ley, se debería convocar a un Pacto de consensos básicos con los sectores empresariales y sindicales para fijar los estándares necesarios para avanzar hacia una economía que promueva la competitividad sistémica. Es decir, que la competitividad no descanse sobre la baja del salario y la deflación del consumo interno, sino que se establezcan acuerdos de innovación tecnológica, cualificación de la formación profesional, integración de planes de inversión con las capacidades de investigación y aporte de conocimiento del complejo nacional de ciencia y técnica, integración de los planes de obra e infraestructura pública para bajar el “costo argentino” en la integración de las economías regionales, fortalecimiento de la negociación colectiva con nuevas clausulas que incorporen el interés público en materia de generación de empleos sustentables y cuidado del medio ambiente; sin olvidar tu propuesta de mayor participación de los trabajadores en la gestión técnica de las empresas.
Sentadas las bases de un nuevo Pacto Federal, las perspectivas económicas podrían abrirse a la diversidad de intereses y desalentar paulatinamente la consolidación del modelo extractivista (soja y minería a cielo abierto) refractario a todo proyecto de integración productiva y como única alternativa de rentabilidad para el capital transnacional.
¿Qué necesitamos?
- Voluntad política de un gobierno que esté dispuesto a dinamizar la estructura estatal en función de los acuerdos políticos con institucionalidad parlamentaria.
- Una nueva concepción del Estado Democrático que se abra a la inclusión de la diversidad de intereses y tensiones que existen en la sociedad. Un Estado con una conciencia territorial renovada y dispuesta a explorar las potencialidades de toda la geografía argentina, hoy desaprovechada (comunicaciones, energía, transporte, etc.)
- Partidos políticos reconvertidos a través de una nueva legislación de ordenamiento interno (elección de autoridades, candidaturas, alianzas y FINANCIAMIENTO) sujetos a judicialización expeditiva con un régimen de sanciones y penas efectivas.
- Sindicatos reconvertidos a través de una nueva legislación que regule duración de los mandatos y actividades económicas de los dirigentes que deberán ser sometidos a fiscalización periódica y a la Auditoría General de la Nación. Restricciones al manejo de las Obras Sociales con intervención en cada una de ellas de delegados del Estado Nacional (Ministerio de Salud) para garantizar la transparencia y eficacia en la prestación de los servicios; pensando para un futuro mediato en la progresiva traslación hacia un Seguro Nacional de Salud.
- Cámaras Empresariales (sobre este punto no tengo conocimiento suficiente para hacer propuestas).
- ¿Qué tenemos?
- Un gobierno casual (nunca pensaron en ganar las elecciones) cuyo concepto de Estado es el de una “unidad de servicios al vecino” que refleja la experiencia de gobierno en la ciudad de Buenos Aires.
- Compuesto por CEOs de empresas y bancos extranjeros (Shell, Banca Morgan, Citi, HSBC, LAN, Microsoft, etc.) y corporaciones argentinas vinculadas a la contratación de la obra pública (Caputo, Calcaterra, y el consorcio Macri); el complejo sojero que tiene un miembro propio como Ministro de Agricultura; todos integran el Gabinete Ministerial, sin olvidar el negocio del espectáculo, fútbol y juegos de azar que maneja en las sombras del poder político, el presidente de Boca: Angelici. Todos ellos orientados a reproducir oportunidades de negocios, algo bastante diferente a crecimiento económico basado en una producción integrada de la potencialidad argentina. Una consideración aparte merecen los aliados radicales cuyo rol en esta alianza no se distingue políticamente y que como dice una amiga común sirven tanto para un barrido como para un fregado.
- Un partido (PRO) que se asemeja más a una ONG o si se quiere al paradigma de la “política de proximidad” que a una fuerza política con proyecto de poder en un proyecto de Nación. Se ha puesto en marcha un proceso de des-nacionalización o si se quiere de menoscabo a las pretensiones soberanas de la Argentina con los acuerdos secretos con Gran Bretaña por Malvinas para obtener apoyo a la candidatura de la Canciller en la ONU, se autoriza la instalación de una base militar de USA en Usuahia y el control por el FBI y CIA del territorio comprendido por la Triple Frontera, alegando la existencia de Terrorismo internacional en una región donde la única verdad es que conforma la segunda reserva de agua dulce del planeta. Sin olvidar el giro estratégico hacia la geopolítica americana que privilegia la adhesión al Tratado del Pacífico y deja en la agonía al Mercosur y la posibilidad de concretar la tan necesaria alianza histórica y estratégica con Brasil.
- Una oposición política fragmentada por intereses particularistas que no logra ni recuperar la doctrina peronista ni mucho menos pensar en una agenda de futuro inmediato para incidir en la política gubernamental en representación de su base histórica. El Peronismo está dejando de ser el partido de los trabajadores para convertirse en el partido de los pobres o de la pobreza porque esta referencia es su única pretensión de legitimidad. Carece de idea y de proyecto, a no ser la de actuar por reacción. Es posible que en este contexto vayan creciendo expresiones de izquierda que por ahora esgriman más ética que política.
- Qué hacer
- Tomar conciencia del contexto que nos empuja nuevamente al círculo vicioso del “eterno retorno”: ajuste para bajar la inflación, más desempleo, más pobreza, endeudamiento externo, ingreso de divisas con fines especulativos, incremento del gasto público para paliar efectos colaterales del ajuste, mayor conflictividad social con representaciones políticas fragmentadas.
- Hacer converger todas las ideas hacia la necesidad de un Pacto Fiscal que pueda sustentar un programa de crecimiento teniendo como eje una Política de Renta.
- Rehabilitar la legitimidad histórica de las doctrinas republicana y democrática que desarrollaron el Radicalismo y el Peronismo. Recuperar la idea de lo nacional para una democracia de construcción de ciudadanía que no se confunda con una “convivencia vecinal” y finalmente, recuperar la vocación y la política de la integración en el Mercosur, en especial con Brasil sin cuya alianza nuestro país no tiene futuro como potencia media en el subcontinente.
En Argentina, seguimos en los términos de una confrontación tan ideológica como vetusta, por una parte, un keynesianismo degradado en populismo y de otra parte, un neoliberalismo rústico y brutal que impiden la construcción de un ámbito de discusión que reconozcan las nuevas complejidades definitorias de la realidad nacional e internacional contemporánea.
Las perspectivas de unos y otros oscilan entre las explicaciones monetaristas y las conductistas que reducen todo a la intencionalidad de los actores económicos. Todos coinciden en que la inflación es un fenómeno monetario y por tanto, las soluciones descansan en la buena voluntad de los actores económicos para no cebar la bomba;