![cristina](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2014/12/27/2014122711320947144.jpg)
@jgonzalezok / El 2015 es un año trascendental para Argentina por varias razones. Será el último año de gobierno de Cristina Fernández, poniendo fin a doce años de kirchnerismo. Y es el año más difícil para una economía que está en recesión, con la inflación más alta de los últimos 12 años –en torno al 40%, entre las más altas del mundo-, condiciones exteriores mucho peores para las exportaciones argentinas, y una caída de las exportaciones (20,1%) y de las importaciones (18,5%). Pero el gran problema es el de la deuda externa y el conflicto con los fondos buitre, que condiciona todas las variables económicas y que es una verdadera bomba de tiempo que le puede estallar al próximo gobierno.
Argentina entró en default o suspensión de pagos el 31 de julio de 2014, después de perder en todas las instancias judiciales ante los fondos buitre. La justicia de Nueva York, a la que el gobierno argentino se sometió voluntariamente al emitir sus bonos, le fue adversa. Entre otras razones, por la escasa pericia técnica de sus negociadores, y por la actitud pendenciera de sus funcionarios, que no se privaron de repetir que nunca pagarían a los fondos buitre. Conocido el último fallo posible de la justicia, en Buenos Aires se argumentó que no podían pagar a los fondos buitre por causa de la llamada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), incluida en los acuerdos de canje de la deuda de 2005 y 2010. Esta cláusula, que vence el 1 de enero de 2015, aseguraba que ningún acreedor podría recibir mejores condiciones que las aceptadas en el canje.
Las declaraciones que hicieron desde entonces el ministro de Economía y otros responsables argentinos, no permite adivinar cuál va a ser la solución al conflicto con los fondos buitre. Se pasó de un retórico deseo de pagar a ofrecer a los acreedores el mismo trato de los dos canjes. Ignorando así que los bonistas acababan de ganar en los tribunales el pago por el 100% de la nominación de los títulos.
Se sospecha, además, que el gobierno –o mejor, el sector más duro del kirchnerismo, empezando por la presidente, el ministro de Economía, Kicillof, y La Cámpora-, quiera estirar el conflicto con fines meramente políticos. Para seguir presentando una imagen progresista, como los protagonistas de una lucha contra el imperialismo, el neoliberalismo, etc. Esto dejaría el problema para el futuro gobierno, sea cual sea. En este caso, la estrategia sería lograr llegar sin grandes sobresaltos al mes de abril, cuando empiezan a llegar las divisas por la exportación de soja. Después, el país ya estaría en plena vorágine electoral, con elecciones primarias el 9 de agosto y las generales el 25 de octubre.
Es un juego muy peligroso, no obstante. Los fondos buitre, que cuentan con enormes recursos, están buscando activos argentinos que puedan ser embargados por la justicia y servir como pago. En el estado norteamericano de Nevada, un juez investiga 123 cuentas que, presumiblemente, forman parte de una red de lavado de dinero, que pertenecerían al empresario Lázaro Báez, socio de la familia Kirchner. En el entorno de la presidente se teme, además, que pueda aparecer algún nombre incluso más próximo, como el de Máximo Kirchner, el hijo de la mandataria. En 2012, uno de estos fondos buitre consiguió que la justicia de Ghana retuviera durante 74 días la Fragata Libertad, buque insignia de la Armada argentina.
Se acuerde o no con los fondos buitre, Argentina tiene un grave problema económico por delante. El país ha vivido estos últimos años con una dramática escasez de dólares, necesarios para pagar las importaciones básicas, empezando por la energía. Esta situación se vive, básicamente, desde la pérdida del autoabastecimiento petrolero, en 2010.
No hay prácticamente inversiones, ni internas ni externas, y la situación no cambiará si no hay solución al tema de la deuda. El año se cerrará con un déficit fiscal del 5%, atraso cambiario, mayor desempleo y pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ya que la inflación superó lo acordado en los convenios. Y los sindicatos prometen un comienzo de año combativo para tratar de recuperar terreno. El gasto público está fuera de control y, en un año electoral, la chequera del gobierno va a ser más generosa que nunca. Tampoco hay voluntad de atacar frontalmente la inflación -que el gobierno primero negó- colocando toda la culpa en empresarios codiciosos.
En el 2015 no solo se pone en juego la presidencia. El kirchnerismo –que todavía no tiene candidato y que sabe que no hay sustituto para Cristina- se juega la mayoría parlamentaria. Y mantener la mayor presencia en las dos cámaras es vital para el futuro del proyecto político que encarna Cristina Fernández. Por eso, va a poner toda la carne en el asador, y esto quiere decir mucho dinero, para tratar de conservar poder.
Todo esto plantea un panorama complicado y en los próximos días se pondrá a prueba, una vez más, a los negociadores argentinos con los fondos buitre. Exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen, intuye que no va a haber acuerdo: “creo que el gobierno está muy encerrado en (el lema) Patria o buitres y me parece que no deja ver algunas alternativas de solución”.
Es bueno recordar las lecciones que dejaron los acontecimientos que llevaron a la suspensión de pagos. Un informe firmado por Víctor A. Beber, en el Boletín del Centro de Estudios de la Nueva Economía (Universidad de Belgrano), consideró que hubo cinco errores capitales que llevaron a Argentina al default. En primer lugar, centrar la posición del país en objetar la condición moral de los litigantes, los famosos fondos buitre.
Otra equivocación fue la persistente posición de los funcionarios del gobierno de adelantar que no acatarían un fallo desfavorable de la justicia de Nueva York, donde se dirimía el conflicto. La posición argentina de negarse a pagar nada a los litigantes, impidió discutir el monto a pagar: solo después de perder en tres instancias judiciales, el gobierno de Buenos Aires presentó una propuesta para igualar lo pagado a los bonistas que aceptaron el canje.
Y, por último, Argentina subestimó al adversario: los fondos buitre están especializados en litigar contra gobiernos deudores y Argentina puso el acento en los aspectos políticos, descuidando los jurídicos.