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La brutal intervención de la policía en una cárcel de Santa Catarina ha terminado por transformar a este estado brasileño en un auténtico polvorín en llamas. Desde el pasado 30 de enero se han registrado en las calles de unas cuarenta ciudades más de 111 ataques. En la mayoría de los casos se trata de incendios de autobuses. De hecho, la pasada semana el colectivo de empleados de los transportes públicos anunció su intención de no trabajar más allá de las 19,30 horas por temor a los incendiaros. Esto a su vez ha llevado a la Secretaria Estatal de Educación a barajar la suspensión de las clases nocturnas ante los problemas de transporte. En las localidades de Florianópolis y Joinville los autobuses realizan sus rutas con escolta policial.
El caos desatado en este estado brasileño tuvo su origen el pasado 18 de enero en una polémica intervención de la policía en el presidio de Joinville, cuya motivación sigue teniendo puntos oscuros. Aquel día el presidio recibió refuerzos policiales después de que se pusieran en marcha los protocolos previstos para afrontar intentos de fuga, motines u otra anormalidad. Tras el “peinado” de las celdas, unos sesenta reclusos fueron conducidos hasta un pabellón donde se les obligó a permanecer desnudos y en cuclillas de cara a la pared. Si estas prácticas están previstas en la normativa, lo que grabaron después las cámaras de seguridad de la sala ha desatado la indignación: una docena de policías dispara casi a quemarropa balas de goma contra los presos, además de emplear contra ellos spray pimienta y granadas aturdidoras. Un día después de difundirse aquellas imágenes Santa Catarina se transformaba en un estado de guerra.
Y es que todas las investigaciones apuntan a que detrás de estos ataques están las directrices de las bandas criminales que de este modo quieren denunciar las situaciones de maltrato que se dan en las cárceles. Para confirmar esta hipótesis, Alexandre Graziotin, coordinador del Grupo de Combate del Crimen Organizado destacaba la reciente incautación de un CD en el que un recluso de la prisión de São Pedro de Alcantara advertía de que si no se ponía fin a los casos de maltrato “la bomba iba a estallar”. Hasta ahora esa explosión se ha saldado con la quema de 45 autobuses, además otros 32 coches particulares y 32 edificios, en su mayoría vinculados a la policía, eran atacados con cocteles molotov o tiroteados.
De hecho, no es la primera vez que los presos llevan más allá de los muros de la cárcel su protesta. El pasado 7 de noviembre los reclusos divulgaron otras imágenes de malos tratos en la prisión. Pocos días después comenzó una ola similar de ataques que duraría una semana. Antes una funcionaria de prisiones era asesinada al llegar a su casa en un atentado cuyo blanco real habría sido su esposo, director de una de las cárceles del estado. En total, en aquella ocasión se registraron unos 60 ataques que dejaron más de 40 vehículos calcinados.
Detrás de estas acciones los investigadores ven la sombra de Primer Grupo Catarinense (PGC), banda criminal responsable del tráfico del tráfico de drogas en Santa Catarina. Esta organización habría asumido la estructura y modo de operar del Primer Comando de Capital que opera en São Paulo. Se calcula que unos 2.000 miembros del PGC están actualmente repartidos por los distintos presidios del estado, desde donde mantendrían el control del narcotráfico y el crimen organizado. Al frente de todo estaría Rodrigo Oliveira, más conocido como Rodrigo da Pedra.
Esta estructura paralela en el seno de las cárceles de Santa Catarina, estaría operando además en medio de una realidad de hacinamiento que caracteriza a las cárceles brasileñas. No en vano, el número de reclusos en este estado se ha incrementado un 164% en los últimos diez años. De hecho, según el Consejo Nacional de Justicia, 14.510 presos se distribuyen actualmente en las 10.630 plazas penitenciarias existentes en el estado. Y los datos no están actualizados. En esta situación, las condiciones infrahumanas y los abusos se convierten en moneda corriente en las cárceles del país.
Así las cosas, la pasada semana se reunieron con carácter de urgencia el gobernador de Santa Catalina, Raimundo Colombo, y el Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para buscar fórmulas de colaboración para atajar la situación. Por lo pronto, 350 soldados de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública llegaron el pasado viernes al estado. Una de las prioridades del gobernador es la reubicación de presos peligrosos en cárceles federales ubicadas en otros estados de Brasil. Un operativo que comenzaba a ponerse en marcha esta semana con el traslado a otros presidios de más de 70 reclusos, la mayoría miembros del PGC, entre ellos el propio Roberto da Pedra. También han sido transferidos cuatro abogados detenidos el pasado sábado por su supuesta vinculación con los ataques.
Al mismo tiempo, una docena de policías implicados en los hechos de la cárcel de Joinville han sido cautelarmente apartados del servicio mientras se investiga lo sucedido. Además, el gobierno federal ha anunciado futuras inversiones en el sistema de prisiones. La incógnita está en saber si con estas medidas se podrá poner fin al caos en las calles. Por lo pronto, durante la noche del lunes el vehículo particular de un policía era incendiado por unos desconocidos y un puesto policial era tiroteado. Así mismo, la pasada noche se registraban tres nuevos conatos de incendio, aunque la investigación abierta todavía no ha determinado si están relacionados con la ola de violencia desatada.
En cualquier caso, los responsables del gobierno de Santa Catarina se mostraban optimistas y destacaban que la dispersión de presos y las medidas policiales adoptadas permitirán devolver la normalidad a las calles en pocos días. Por lo pronto, en la noche del martes la policía se apuntaba un tanto con la detención de Maykon Aurélio Saturnino, cuñado de Rodrigo da Pedra y considerado uno de los máximos responsables de los ataques. En cualquier caso, en la pasada madrugada del 22 de marzo otros tres coches ardían en distintos puntos del estado, lo que podría elevar la cifra de ataques registrados si la policía confirma su relación con la ola de vandalismo.