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Dejamos atrás el verano y, enfilando el cuarto trimestre del año, la solución al problema de la vivienda ni llega, ni se le espera en los próximos meses. El último intento, para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones, que correspondía a una propuesta de Sumar, a petición del Sindicat de Llogateres y apoyado por ERC, Bildu, Podemos y el BNG, junto con la simpatía del Gobierno, fue derribado por los votos conjuntos del PP, VOX y la colaboración de Junts, demostrando que las estrategias e intereses políticos están muy por encima de los problemas reales que tiene el país.
Las propuestas de SUMAR son puro artificio
Consumido este cartucho y con los presupuestos generales como único objetivo en el horizonte, no parece probable la aparición de ninguna medida que antes de fin de año intente comenzar a solucionar el inmenso lío en el que nos hemos metido. Y es que tampoco parece de peso la decisión del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de iniciar el proceso de consulta pública del Real Decreto por el que se crea la Ventanilla Digital Única de Arrendamientos, que tiene como objetivo poner coto a los alquileres turísticos y de temporada (que copan de manera fraudulenta el mercado y desplazan a la oferta de los alquileres de larga duración). Una Ley no funciona sin presupuesto y el control de estos centenares de miles de contratos de arrendamiento necesitarían un par de legiones de inspectores que no existen.
Así las cosas, SUMAR, que quiere erigirse en paladín de la Ley de Vivienda en cuya gestación no participó y apuntarse algún tanto en lo que es la mayor preocupación de los españoles, no sea que Podemos resucite, pretende condicionar la concesión de ayudas públicas destinadas a vivienda por parte del Estado, a aquellas comunidades autónomas que rechacen aplicar la ley de vivienda (que permite declarar zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler). Y, además, prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible.
Todo ello parece un brindis al sol o querer continuar la bronca entre el PSOE y su izquierda por la vivienda, ya que son las comunidades autónomas, casi todas en manos del PP, las que tienen la potestad de aplicar o no esta legislación y, por lo tanto, declarar zonas tensionadas.
Los afectados se organizan e irán a más
Lo que si ha vuelto pasado el verano son las concentraciones por el derecho a la vivienda que se van extendiendo cada vez a una mayor cantidad de ciudades y con una cierta conexión entre los diferentes movimientos. Comenzarán el próximo día 27 en Baleares, con una manifestación contra la turistificación y por la vivienda asequible. En Canarias ya se está organizando una similar para finales de octubre. Unas semanas antes, el día 13, tendrán lugar manifestaciones en Madrid, y Barcelona con el lema “La vivienda es un derecho y no un negocio”. Por su parte en Valencia la movilización está programada para el 19 de octubre bajo el lema «València se ahoga”.
Cada día que pasa está más claro que estamos ante una situación de emergencia que se está viendo agravada por la inacción política y el propio devenir demográfico de nuestro país.
La falta de oferta impulsará la subida de precios
Desde 2015, se han iniciado una media de 75.000 viviendas cada año, frente a casi 120.000 nuevos hogares que se formaron anualmente durante el mismo periodo. De acuerdo a los datos del Banco de España el déficit en estos momentos es de 600.000 viviendas y las necesidades se están corrigiendo al alza, porque la formación de nuevos hogares se está disparando. Frente a esta realidad nuestro parque de viviendas se mantiene en unos 25 millones útiles -las viviendas en los patatales no son solución- y avejentándose. Tenemos un problema de oferta.
Y la situación de falta de vivienda y subida de precios va a empeorar, Todas las variables se están posicionando para agravar el problema. Se incrementa la demanda en las grandes ciudades y sus coronas metropolitanas, se sigue construyendo poca vivienda nueva y a un precio fuera de las posibilidades de muchos demandantes, bajan los tipos de interés y animan la demanda, el mercado de trabajo funciona y llegan inmigrantes que demandan vivienda, 500.000 venezolanos, 300.000 ucranianos, rumanos, marroquíes, ingleses jubilados de playa y sol…demanda, demanda, demanda… y en el lado contrario una oferta raquítica y a la baja.
La consecuencia lógica para estos años que vienen: subida de precios y alquileres inasequibles. Hoy en día se necesitan 7,5 años de renta bruta para adquirir una vivienda frente a los menos de 3 años de hace cuarenta años, lo que nos indica uno de los dramas de la situación, el precio de la vivienda ha subido mucho más que los salarios. Si hubiera una proporcionalidad entre el SMI y el precio de la vivienda, este tendría que estar llegando a los 2.900 euros lo que causaría que Garamendi cayera en “delirium tremens”.
Los alquileres a merced del mercado
Y si el precio de la vivienda se ha incrementado mucho y sin parar durante los últimos diez años, el de los alquileres ha subido el Everest y unos cuantos ocho miles más. Por poner el ejemplo de la capital, que no es zona tensionada, los alquileres han subido un 18,5% anual en agosto, y Sevilla, Málaga, Barcelona… no le van a mucha distancia.
Los grandes perjudicados por la crisis de la vivienda son de nuevo los jóvenes. Un mercado inmobiliario con poca oferta y cara, junto con unos salarios bajos con contratos precarios, son la combinación perfecta que desemboca en el alquiler de habitaciones y en el lucro desmedido -bueno desmedido no, que están superando el 20%- de un conjunto de especuladores que se han tomado muy en serio eso de la rentabilidad de la vivienda. Es el culto a esta sagrada rentabilidad lo que ha traído los alquileres abusivos, las habitaciones con literas y los zulos a 1.000.
La crisis habitacional que estamos viviendo y que va a empeorar, está golpeando a miles de familias que se quedan sin vida, jóvenes resignados, con derecho a novia o novio en casa de sus padres, pensionistas en habitaciones infames, trabajadores en la banda baja salarial sin techo… La ausencia de vivienda asequible está comenzando a crear una tensión social y económica que va a ir a peor. La vivienda es una olla a presión descontrolada.
Poner vivienda en alquiler asequible en el mercado es el objetivo
No hay que ser un Einstein para saber que la solución pasa por incrementar la oferta pública de vivienda asequible en alquiler y no con los floreros que el Gobierno está poniendo aquí y allí, seguido de alguna Comunidad Autónoma que también se ha concienciado. Todo eso es una pequeña nota de color a la que se hace mucha publicidad y primeras piedras; pero nos faltan como poco dos millones de viviendas. El problema es que llevamos un retraso de decenios y ponernos al día va costarnos años y mucho, muchísimo dinero que el Estado ni tiene ni ha presupuestado. Y eso contando con que nos pongamos de acuerdo y todos rememos en la misma dirección, lo que en la España política de hoy es una utopía por los diferentes intereses que representan los partidos.
La crisis de la vivienda, que comenzó en el 2015 y se agudizó a la salida de la pandemia, no es sólo de España, aunque aquí por las particulares condiciones del mercado inmobiliario y nuestro negocio turístico, está resultando más grave que en otros países, con un panorama aterrador de falta de oferta y subidas de precio. Se irá solventando con el tiempo, porque lo contrario es insostenible, pero de momento el problema se va a agudizar y van a hacer falta soluciones para los cuatro o cinco próximos años, soluciones que no serán ni fáciles ni del agrado de muchos.
Hay que movilizar vivienda vacía o infrautilizada y también suelo, disminuir la rentabilidad de los alquileres con fiscalidad ¡oh cielos!, eliminar trabas urbanísticas y controlar la actuación de los ayuntamientos que tienen su parte de responsabilidad. Se van a pisar callos, pero no podemos dejar que la olla reviente.
Artículo publicado en aquimicasa.net
