Lawfare contra la democracia
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El origen del lawfare como una estrategia de carácter militar, encuadrada en una guerra de amplio espectro, hoy denominada guerra híbrida, que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la reconfiguración de los equilibrios políticos. Si en décadas precedentes los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas. El concepto Lawfare aparece por primera vez en los años setenta en un estudio australiano sobre la forma en la que en los países democráticos se producen auténticos golpes de Estado que resultan más aceptables para la población porque no se plasman en pronunciamientos militares sino en decisiones de los tribunales. Se populariza gracias a la obra del estratega y general estadounidense Charles Dunlap, que aconsejaba a su país acudir a la guerra jurídica como un mecanismo de defensa más práctico y menos llamativo que el militar. En definitiva, se trata de aniquilar al adversario político no ya mediante la fuerza física, sino consiguiendo que un juez sentencie que ha cometido un delito, aunque para ello haya que cambiar o manipular las leyes en vigor. Asistimos, entonces, a la paradójica demolición del Estado de derecho en nombre de la ley.
El concepto lawfare aparece por primera vez en los años setenta en un estudio australiano sobre la forma en la que en los países democráticos se producen auténticos golpes de Estado
La estrategia del lawfare no era desconocida en España. El franquismo se sirvió ya de la ley y de los tribunales de excepción para aniquilar la disidencia política. Hoy el lawfare requiere de las complicidades del conservadurismo radical, de los medios de comunicación afines a la derecha, de los operadores judiciales y, sobre todo, de un deep state que tiene como objetivo proteger la razón de Estado. Esa razón de Estado se sustancia en la privatización impuesta por la contrarreforma neoliberal, que no se trata tan solo de privatizar empresas o servicios, sino también privatizar la información, la justicia, el espacio urbano, el agua, el aire, la naturaleza. Fruto de ello es el deterioro del sector público y el desmantelamiento inquietante de la vida democrática.
El lawfare, en definitiva, permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación.
La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares
Estamos conociendo en nuestro país escandalosas instrucciones judiciales que son lawfare de libro en contra de los informes periciales de la policía y el criterio del ministerio fiscal, investigando a personas sin pruebas y con dudosos indicios, con oportunismo político e instigadas acusaciones realizadas por entidades que se han singularizado por la utilización de denuncias en los tribunales para ejercer la extorsión. El hecho de que estas actuaciones no sean un hecho aislado y que estén generalizándose como un fenómeno habitual y cotidiano, aireadas por la derecha política y mediática en un burdo algoritmo postdemocrático, nos llevan a un deterioro de la vida pública de tal envergadura que hace imposible el formato dialéctico de la esgrima política imprescindible para la convivencia democrática. Si la democracia liberal se convierte en una institucionalidad que, en su desarrollo real, puede ignorar el mandato soberano, con poderes que se extralimitan de sus competencias o con otros poderes que ejercen la coacción directa o velada cuando no se cumple su agenda política, corre el riesgo de deslegitimarse ante la ciudadanía. La soberanía popular no puede delinquir.