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Un informe elaborado conjuntamente por CCOO y UGT en Madrid revela las severas carencias de personal laboral en las residencias de mayores y dependientes en la Comunidad de Madrid, cuatro años después de una pandemia que arrojó un siniestro escenario con más de siete mil muertos.
La crítica situación de los servicios públicos en la comunidad más rica de España se extiende a este sector cuyas ratios de personal no son suficientes para garantizar una atención adecuada según denuncian ambos sindicatos.
La política de privatizaciones no conduce a mejoras. Más bien todo lo contrario. Según recoge el estudio, de las 55.308 plazas para dependientes de la región, tan solo 6.430 son públicas, 13.693 son de gestión privada con financiación pública, y el resto son privadas.
En total, son 20.123 plazas (públicas y con financiación pública).
En la Comunidad de Madrid el 88,38% de las residencias las gestionan empresas privadas y sólo el 11,62% lo hacen las Administraciones.
Tal número de plazas requieren al menos el doble de personal que hay en la actualidad para prestar un servicio digno. Según los ratios aportados por la propia Comunidad debería de haber 8.820 personas trabajadoras para atender a las 20.123 plazas (públicas y con financiación pública), un personal “absolutamente insuficiente” según CCOO y UGT.
Ambos sindicatos plantean la necesidad de elevar a 15.773 las personas trabajadoras en residencias para cubrir esas veinte mil plazas públicas y acusan al Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso de seguir aplicando las ratios de 1990.
El personal de residencias fue uno de los colectivos más tocados en la pandemia y eso pese a ostentar, entre otros, el digno atributo de ‘los esenciales’. Si ya fue dura la situación que vivieron, en la actualidad siguen sufriendo por sobrecarga de trabajo.
Según la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las auxiliares de enfermería y las gerocultoras son uno de los colectivos que encabezan los rankings de mayor siniestralidad laboral en España. El informe, en el que han participado más de 700 trabajadores, pone de manifiesto que en la región “no es posible desligar la siniestralidad laboral de la falta de personal suficiente para atender a las personas mayores y dependientes”.
Un personal sometido a condiciones laborales difíciles y con mucha inestabilidad, con salarios muy bajos -SMI para una jornada completa-, con limitaciones para continuar con su formación y afectados en su salud física y psíquica, denuncian los autores del informe.
Asimismo, el estudio advierte de los daños a la propia población residente con afecciones frecuentes de salud como úlceras, infecciones de orina, deshidratación y desnutrición, así como erosiones y trastornos provocados por el uso indebido y abusivo de sujeciones mecánicas para suplir la ausencia de atención personal.
El informe, en el que también ha colaborado la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (PLADIGMARE), recoge las conclusiones y las propuestas para exigir que se corrija con urgencia la situación.
