Plan de Acción por la Democracia
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La democracia es un régimen político frágil. No hace falta remontarse a la década de los años treinta del siglo pasado (Alemania, España, intentos fascistas de desestabilización en Francia), pues en este siglo tenemos el asalto al Capitolio de Washington por parte de Trump en enero de 2021 y, justo dos años después, el asalto a los edificios federales de Brasilia por parte de Bolsonaro. Ambos Golpes de Estado fracasaron, pero son indicativos de la fragilidad de la democracia, que está a merced de cualquier iluminado que no acepta los resultados de las elecciones y pretende impedir la alternancia.
En España la situación ofrece peculiares perfiles, pero sería un error creer que nuestra democracia no está en peligro. La democracia en España tiene riesgos desde el momento en el que las derechas (y especialmente su principal representante, el Partido Popular) no aceptan los resultados electorales y se declaran en guerra cuando pierden el Gobierno.
La democracia en España tiene riesgos desde el momento en el que las derechas no aceptan los resultados electorales y se declaran en guerra cuando pierden el Gobierno
La guerra actual se inició en junio de 2018, cuando prosperó la moción de censura contra el presidente Rajoy, y como aún no han recuperado el Gobierno siguen en combate, deslegitimando a los gobernantes porque esa es la mentalidad de las derechas españolas: ellos, y sólo ellos, tienen derecho a gobernar. Nada nuevo porque ya lo expresó así el Manifiesto de los Persas que incitó a Fernando VII a gobernar sin Constitución y éste aceptó con satisfacción, de modo que la historia de la derecha es un constante combate para impedir que la izquierda (de cualquier matiz, izquierda liberal o izquierda socialista) gobierne: sublevaciones carlistas, Golpes de Estado contra la Primera República y Golpe de Estado contra la Segunda República, etc.
En la actualidad, la rabia y el rencor de las derechas por no gobernar se expresa en algunas situaciones icónicas, como ha sido la feroz lucha contra la amnistía, el boicot a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o el intento de impedir la renovación del Tribunal Constitucional en diciembre de 2022. También se expresa en la oposición desleal de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, con la complicidad de algunos Ayuntamientos, como el de Madrid, que quieren cortocircuitar las competencias y los poderes del Gobierno de la Nación para asentar una contrapolítica que se imponga a un Gobierno que tiene la confianza del Congreso de los Diputados.
La política de oposición destructiva de las derechas contra el Gobierno no se expresa sólo en el Parlamento, en los Tribunales (dónde tienen la colaboración de una parte del Poder Judicial) y en la calle (especialmente en la calle Ferraz de Madrid). También dispone de instrumentos ideológicos destinados a influir y desorientar a la opinión pública. Podemos ver algunos ejemplos. Primero, la obra ‘España: democracia menguante’ (Madrid, 2022), donde un grupo de universitarios conocidos se han lanzado a combatir al Gobierno legítimo con el argumento de que éste pone en grave riesgo a la democracia. Con guiños a Vox (contra la política del cordón sanitario), la obra se queja del deterioro de la democracia constitucional y también del parlamentarismo, precisamente cuando, por las complejas mayorías existentes, el Parlamento nunca había actuado como ahora como contrapeso al Gobierno. También la obra dedica unas páginas a un tema que empieza a ser preocupante (como veremos más abajo) que son los supuestos riesgos para la Monarquía parlamentaria, y bajo este enunciado subyace un intento sutil de reforzar la posición (y las facultades) del jefe del Estado, invocando la viejísima doctrina del poder moderador que quiso aplicar en España Vicente Santamaría de Paredes a finales del siglo XIX, con el resultado de legitimar las injerencias de Alfonso XIII. Es lícito proponer reformas políticas desde las convicciones de cada cual, pero no lo es el catastrofismo que la sociedad española no siente (aunque sí lo sienten los cuadros del Partido Popular que no tocan poder).
El Plan de Acción por la Democracia es un intento estimable de mejorar la calidad de la democracia sin desapoderar a los ciudadanos
Segundo ejemplo, el Informe Estado de Derecho 2024 que ha elaborado el think tank ‘Fundación Hay Derecho’, que actúa actualmente como brazo jurídico de la derecha contra el Gobierno, con informes y con recursos judiciales que algunos Tribunales admiten a trámite con criterios discutibles. Es la última expresión de catastrofismo y de alternativa constitucional destinada tanto a deslegitimar al Gobierno como a proponer medidas que, en contra de su discurso expreso, debilitarían la democracia al otorgar más protagonismo a poderes fácticos, especialmente en el ámbito del Poder Judicial.
Tercer ejemplo: la operación de una pretendida exaltación a-constitucional del Rey Felipe VI que algunos medios de la derecha han emprendido con motivo del décimo aniversario de su acceso al Trono. Actualmente, la realidad es que la Monarquía en España, y menos aún su titular, no están en riesgo, pero esa exaltación hace temer que están intentando una operación de ampliación extra constitucional de las facultades políticas del jefe del Estado. La forma de gobierno monárquica perdurará en España en tanto se mantenga al margen de la confrontación política, pero si la derecha y sus medios de comunicación se empeñan en la politización de la Corona e intentan situarla a un lado del espectro político, la Monarquía se deslegitimaría.
La realidad es que la trayectoria del Rey Felipe VI no se ha salido de la Constitución, por lo que esos intentos de manipulación conservadora de la Corona no van a tener éxito. Pero no deja de ser peligroso que las derechas vuelvan a intentar una operación que cada vez que la han puesto en marcha en la Historia de España ha acabado arrastrando a la propia Monarquía.
Frente a estos riesgos, el Consejo de Ministros ha aprobado el 17 de septiembre el Plan de Acción por la Democracia, que aspira a aumentar la calidad de la democracia mediante la reforma de la legislación de secretos oficiales, la regulación de los grupos de interés, la rendición de cuentas por parte de las Administraciones Públicas, la exigencia de debates electorales obligatorios (de los que se suele escapar Núñez Feijóo), una mayor protección al derecho al honor y las trasparencia en los medios de comunicación social. Es un plan ambicioso que necesitará medidas normativas que aprueben las Cortes Generales y que merece un doble comentario.
En primer lugar, el contenido del Plan refleja las verdaderas debilidades de la democracia, no lo que, para desprestigiar al Gobierno, se inventan los ideólogos de la derecha y sus fundaciones. Es una buena respuesta a la campaña deslegitimadora de la derecha. En segundo lugar, este Plan aspira a reforzar la democracia y la participación de los ciudadanos cuando los diversos informes de la derecha pretenden, precisamente, debilitar la democracia pretendiendo entregar el control de los órganos constitucionales a intereses corporativos.
El Plan de Acción por la Democracia es un intento estimable de mejorar la calidad de la democracia sin desapoderar a los ciudadanos. Habrá tiempo de comentar sus componentes cuando vayan siendo remitidos al Parlamento, pero en todo caso es un avance que determinará que tengamos una democracia más eficaz y más participativa y transparente.